Por Jorge Joury | La mafia de la ocupación ilegal y venta de terrenos se extiende en forma alarmante por Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero es más que evidente que se trata de una amenaza palpable, que pone en riesgo la paz social, en Florencio Varela. Se tiene la firme presunción que detrás de estas maniobras oscuras, hay punteros políticos, abogados, gestores y delincuentes que lucran con las necesidades de los sectores más carenciados. A tal punto que hemos observado a través de las redes sociales en el distrito, que se ofrecían lotes con precios que van de los diez mil a los 20 mil pesos, como lo denuncié en un artículo anterior.
Esta metodología, a criterio de los juristas, involucra al menos tres figuras delictivas: usurpación, estafa y asociación ilícita. Este triángulo es el que ha puesto en foco en las últimas horas el intendente Julio Pereyra, acercando a la justicia información pormenorizada sobre los responsables de estas estafas, entre ellos dos abogados y otro individuo con antecedentes penales , al que se le detectó en su momento que portaba un arma durante las tomas. A pesar de que no se pudo acceder a la documentación judicial que el jefe comunal presentó en las últimas horas en la Unidad Funcional número cuatro, donde se constituyó como particular damnificado, pudo saberse que las pruebas fueron aportadas y certificadas con nombre y apellido por testimonios recogidos entre los propios damnificados. Llama la atención también que en todos los casos coincide el mismo modus operandi, lo que habla a las claras de un plan delictivo perfectamente planificado. Los testimonios son de absoluta contundencia. A tal punto, que ahora la justicia puede disponer de las herramientas adecuadas y actuar con la premura del caso.
Pereyra ya venía desde semanas atrás alertado a los jefes policiales del distrito a “moverse con rapidez ante cualquier contingencia y poner freno a este tipo de desbordes que crean zozobra entre los vecinos y alteran la paz ciudadana”. No es para menos, en mi propio programa radial, (Te lo digo en serio, que va de 8 a 10 por la Fm local 97.7) en su momento los pobladores de Bosques pusieron el grito en el cielo frente a la ocupación del predio donde funcionaba la ex fábrica Burletex. Denunciaban entonces la presencia de gente extraña y armada, además de algunos que habían llegado desde el barrio Pepsi y que eran propietarios de viviendas.
“No vamos a permitir más las tomas de tierras en Varela”, señaló de manera contundente Pereyra al llegar a la sede judicial. “Una persona que no tiene su vivienda, su terreno, la vamos a ayudar, la tenemos en cuenta y para eso está el Consejo de Tierras, pero no vamos a tolerar más los varelenses las tomas. Es imposible que sigamos permitiendo eso”.
Los censores de las alarmas del gobierno comunal se dispararon después de que se sucediera una cadena de episodios que sembraron intranquilidad en la población. Los barrios Pico de Oro (donde se levantan las viviendas del Plan Federal que beneficia a los trabajadores municipales), en Villa San Luis, Presidente Nicolás Avellaneda, Villa Argentina y la última ocupación en un predio lindero a la Ruta 36 y la Estación de trenes en Bosques, fueron los blancos de la denominada “mafia de las tierras”. Hay que decir también que la iniciativa de Pereyra, contó con el apoyo de la mayoría del arco politico del distrito y hasta las propias fuerzas de la oposición le dieron su aval.
A lo que se apunta, es centralizar todas las causas que tengan que ver con usurpaciones y tomas de terrenos en Varela, a los efectos de que la justicia actúe de manera rápida, con bisturí a fondo sobre quienes alientan estas maniobras ilegales. Algunos especialistas en el tema, destacan que “en el accionar de estas mafias se ve facilitada por ´la suavidad de la justicia, que reaciona con lentitud y sin cumplir con las medidas procesales de rigor´”.
Sostienen en tal sentido, que “se hace necesario cumplir con la obligación de constituirse en el lugar ni bien conocieron la toma, identificar a los usurpadores para ver si tenían antecedentes y cercar cercar el lugar, además de poner una guardia para evitar que siga entrando gente”.
Otros opinan que “en toda toma aparecen los que tienen la capacidad de administrar la toma y funcionan como fuerza de choque aprovechando la necesidad de los otros. Todos saben que el precio pagado no convierte en propietario al comprador, sino que sirve como pago por la oportunidad de sacar algún beneficio de la ocupación”.
Para los investigadores no quedan dudas que los promotores de la apropiación ilegal de tierras son organizaciones delictivas perfectamente organizadas que “siempre sacan tajada y a veces lo hacen respondiendo a los dictados de algún puntero político”.
Lo cierto es que quienes están detrás de este oscuro negocio, terminan siempre sacando tajada de los pobres e instalando una profunda sensación de injusticia e inseguridad entre los vecinos que eligieron actuar dentro de la legalidad, como ciudadanos honestos.
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