son víctimas de la violencia familiar
Una investigación de Jorge Joury
Padecen todos los días el peor de los martirios. Y aunque no sangran por sus manos, sufren el estigma de la violencia familiar. Muchas se atreven a denunciarlo y otras por temor prefieren convivir con el miedo. Se trata de las mujeres golpeadas. En las últimas horas, el ministro de Desarrollo Social bonaerense reveló un dato realmente aterrador: más de 120 mil mujeres que viven en la provincia de Buenos Aires, denunciaron el año pasado haber sido víctimas de situaciones de maltrato. Según pudo saber Infosur en fuentes confiables, más de 30 mil pertenecen a la zona sur.A través de esta investigación, trataremos de penetrar en las entrañas de un flagelo que tiene multiplicidad de expresiones sacude las fibras más íntimas de todos los grupos sociales.
Los especialistas consultados por Infosur aseguraron que “cada vez son más quienes que se animan a denunciar a sus agresores”, lo cual evita llegar a casos extremos como el de Graciela Aguirre, la mujer que mató a su marido en legítima defensa propia y de sus hijos y que el lunes fue absuelta por la Justicia. Este caso emblemático, que sacudió a la opinión pública, volvió a poner sobre el tapete un problema que hoy presenta visos de extrema gravedad.
SE ANIMAN MAS
Una de las voces rectoras, fue la de la directora de Promoción de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Claudia Prince, quien explicó que durante el año pasado “las mujeres se animaron más a denunciar los hechos de violencia, gracias al trabajo de los movimientos sociales y a las políticas de Estado”.
Conviene resultar además que los esfuerzos de psicólogos, asistentes sociales, organizaciones no gubernamentales, abogados, publicistas, periodistas y dirigentes políticos han creado un cambio de paradigma en la materia, donde el pecado dejó de ser "sacar los trapitos al sol", al mismo tiempo que creció la necesidad de dar a conocer descarnadamente lo que ocurre, principalmente en la región.
LLAMAR AL 911
Explicó Prince, que la mayoría de las denuncias “se realizan al 911 y son derivadas al servicio telefónico de víctimas de la violencia, el 0800-6665065, donde son atendidas por un grupo de especialistas que brindan contención psicológica y asistencia legal”.
La mayoría de las denuncias son por violencia psicológica, así lo indican las estadísticas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia: ocho de cada diez agresores son convivientes, ex novios o ex parejas; en tanto que el 89 por ciento de las llamadas fueron realizadas por la víctima.
Prince advirtió la importancia de “salir de la situación de violencia en la que se vive para no llegar a vivir situaciones extremas”, como la que le tocó soportar Graciela Aguirre.
Ante la consulta de este medio, Prince señaló que “desde la Provincia se está trabajando para que las mujeres puedan salir de su hogar y tener la contención que necesitan”.
De acuerdo a los datos recogidos por Infosur, en las comisarías de la Mujer y la Familia de la región, se recibieron en el 2008 más de 30 mil denuncias relacionadas con la violencia familiar, mientras que en todo 2006 se registraron 26.631.
LAS MUERTES
Pero las cifras también desnudan situaciones trágicas. Según un relevamiento realizado por Amnistía Internacional, al menos 120 mujeres murieron en los primeros siete meses del año anterior en el país, a manos de su pareja, ex pareja o algún miembro de la familia. Este dato tiene en cuenta los casos que fueron denunciados, de manera que permite suponer que la cifra es aún mayor, si se considera que no todos los hechos de violencia doméstica llegan a materializarse en una denuncia, ni tienen difusió.
LA POLEMICA
La polémica ha vuelto a reinstalarse en la sociedad. “Estamos en presencia de una muerte que se podría haber evitado si esto hubiese funcionado como corresponde”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, cuando le preguntaron sobre el caso de Graciela Aguirre, que en 2007 y tras reiterados episodios de violencia familiar, mató a su pareja en legítima defensa, según acaba de reconocer un tribunal. Con esta declaración puso en evidencia, básicamente, que el Estado no funciona adecuadamente a la hora de revertir una realidad que el año pasado se cobró, de acuerdo a Aministía Internacional, al menos 120 vidas. La pregunta entonces cae sobre maduro: ¿Cómo se podría haber evitado?
En teoría, cuando una mujer es víctima de maltrato –ya sea físico, psicológico o sexual– cuenta con lugares específicos a los cuales recurrir para hacer la denuncia. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, son las 24 comisarías de la Mujer las que tienen la obligación no sólo de recibirlas, sino de contemplar la situación particular de cada una. Después será el juez de Paz quien ordene medidas como la exclusión del cónyuge del domicilio o la orden para que no se acerque a partir de cierta distancia.
Infosur pudo averiguar a través de fuentes confiables, que hoy las denuncias sobre violencia doméstica arrecian en la región, pero hay muchas otras que no figuran en los registros. Como la de Aguirre quien, según declaró, se cansó de ir a la comisaría y que no le prestaran atención o le dijeran que se buscara un abogado.
NO LAS ESCUCHAN
“Lo cierto es que muchas veces en las propias comisarías de la mujer no les dan importancia, lo que parece un chiste, o las derivan a instituciones particulares como la nuestra”, cuenta Margarita Nicoliche, presidenta del Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano, una ONG de San Miguel. “Y en caso de que le acepten la denuncia, cada vez hay más obstáculos para conseguir que las protejan: ahora se impuso una nueva práctica en la que se exige que vaya con dos testigos ¿cómo va tener testigos si pasa en el ámbito de lo privado? O les piden informes psicológicos, dos cosas que no figuran en ninguna ley”, señala.
FALLAS EVIDENTES
Por su parte, Mario Payarola, que es psicólogo especialista en violencia familiar sostiene que “la falla es evidente porque ni la Justicia ni la Policía hoy pueden garantizar la seguridad de las mujeres. Y esto se ve en un ejemplo claro: cuando una mujer hace una denuncia, no hay ninguna valuación de riesgo –esto es, el nivel y tipo de violencia que el hombre ejerce– y por eso se toman medidas similares para situaciones muy diferentes. Tampoco se verifica que se cumpla lo que dispone el juez, así que muchas veces una exclusión del hogar puede ser inservible”.Aquí se observan claramente las grietas en el sistema y los dos coinciden en que una de las principales fallas está en la falta de capacitación de las personas que ocupan estas áreas. “En las instituciones debería haber personas preparadas para escuchar a mujeres que llegan en situaciones límite, que se sienten perseguidas por una sensación de muerte y que muchas veces no son ni capaces de explicarlo. No se trata de anotar una denuncia y nada más. Por eso hoy somos las ONG las que suplimos la red que no da el Estado”, denuncia Nicoliche. En tanto Parayola agrega: “El problema que tenemos hace muchos años en provincia es que ni en los juzgados ni en los comisarías de la mujer tienen personal idóneo ni equipos interdisciplinarios. Y muchas veces las mujeres desisten de denunciar porque saben que no van a ser escuchadas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario