Lejos del retiro, cerca de Comodoro Py

De las más de cien causas que tiene el ex jefe de Estado, ocho queman y podrían explotarle en poco tiempo. Se teme que deriven en procesamientos y prohibiciones para salir del país. Mientras tanto, al ex presidente lo seduce la asunción en la FIFA Foundation.

Mauricio Macri acaba de cumplir 61 años. Por sus movimientos políticos, se infiere que está lejos del retiro y busca revancha. No obstante, la justicia le ha puesto el aliento en la nuca. Es más, sus abogados se preparan para un año agitado, ya que podría estar obligado a un tours por Comodoro Py. De las más de cien causas que tiene el ex jefe de Estado, ocho queman y podrían explotarle en poco tiempo. Se teme que deriven en procesamientos y prohibiciones para salir del país. Mientras tanto, al ex presidente lo seduce la asunción en la FIFA Foundation. Le comentó a sus íntimos, que sueña con ocupar cada tanto las lujosas oficinas en Suiza. Además de esperarle con esa función viajes privilegiados, tendrá a su alcance el manejo mil millones de dólares del patrimonio de la entidad. En el seno del PRO creen que no parece una elección atinada para quien pretende convertirse en el jefe de la oposición. 

Para `pner proa hacia la rosca política, su flamante oficina sobre la Avenida del Libertador, a tres cuadras de la quinta presidencial de Olivos, reabrió sus puertas. Allí el ingeniero se mostró muy activo. Almorzó a solas, con Horacio Rodríguez Larreta, recibió a Patricia Bullrich, flamante presidenta del PRO, intercambió llamados y mensajes con Miguel Angel Pichetto y conversó con los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y con su primo Jorge, el lord mayor de Vicente López. Voceros confiables explicaron que Macri está "trabajando todos los días, ocupándose de seguir consolidando el espacio de Juntos por el Cambio con los demás referentes que integran la mesa política".

En esa línea, hay una posibilidad firme de que participe en la próxima reunión que los referentes de las tres fuerzas que conforman la coalición (UCR, PRO y Coalición Cívica) planean para el 26.

Las fuentes consultadas indicaron que en marzo retornará al país una de sus espadas, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, quien se encuentra de viaje en Sudáfrica. En el PRO descuentan que también se reunirá con el ex mandatario, al tiempo que hay expectativas por el rol que adoptará en la nueva etapa.

También la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal retomó su actividad política y lo visitó. Antes mantuvo un encuentro privado con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Cerca de Vidal están convencidos de que Mariú encabezará la boleta de diputados por la Provincia el próximo año  

SE ACTIVO LA MESA CHICA AMARILLA

En su nueva oficina en Olivos,  cuando la mesa chica de Juntos por el Cambio puso primera. Macri se colocó en la cabecera, como para que no queden dudas de quien es el jefe. Estuvieron allí María Eugenia Vidal -fue la primera vez que se vieron desde que ambos dejaron el cargo-, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, que se ganó un lugar en la primera línea de la oposición, y el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. “Siempre mantuvieron contacto entre todos, pero ahora se tomaron el tiempo para verse y charlar de política”, cuentan desde esos pasillos. Entre las cosas que pidió Macri, fue un endurecimiento al rechazo de la reforma judicial que plantea el gobierno.

Las mismas fuentes aseguran que el encuentro buscó posicionar a Bullrich como la próxima presidenta del PRO con el apoyo e impulso de Macri, luego de un acuerdo con Larreta para controlar el partido y a pesar de las críticas de Vidal a la nominación.

De hecho, poco antes de entrar, Ritondo dijo: "No hay un solo referente del PRO. Mauricio Macri ha sido el fundador de este espacio político pero María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, son los tres que vienen liderando el espacio político del PRO". Más claro imposible, que soplan vientos de cambio.
En la reunión, que fue convocada por Macri , el ex presidente llevó los distintos temas durante unas tres horas. Vidal fue la única en retirarse velozmente:. Explicó que al día siguiente tenía la mudanza a su nueva casa en capital y debía seguir embalando cajas. 

PREOCUPACIONES QUE SE PLANTEARON
Macri dijo que estaba realmente muy preocupado por la situación económica, ante lo que alguno de sus interlocutores alzó las cejas, pero nadie hizo ningún comentario. También planteó  su inquietud por el pedido de intervención a la justicia de Jujuy y pidió en forma expresa a Ritondo que lo mantenga al tanto sobre los proyectos que ingresen al Congreso. Fue una clara muestra de autoridad frente a Larreta y Vidal, dos de las figuras que tiene el PRO para un hipotético "postmacrismo".

El ex presidente requirió que se repita el esquema de reuniones no sólo en el PRO sino también en Juntos por el Cambio, que lo recibiría la semana que viene en otra cumbre.
Bullrich, quien ofició de vocera reveló que "repasamos todos los temas, hablamos mucho de la necesidad de cuidar la República y la justicia de estos embates que se vienen avanzando y que hoy se ven en el video de Fernández, que sintetiza la búsqueda de la impunidad.También se habló del tema jubilados y la ruptura del contrato que significaba un sistema automático de movilidad", indicó la presidenta del PRO, y destacó que "somos la principal oposición".

En marzo el PRO oficializará su nueva conducción nacional en los primeros meses de regreso a la oposición, luego de perder el control de la provincia de Buenos Aires y tras prolongar hasta 2023 la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, en manos de Larreta que apunta a transformarse en el próximo candidato presidencial de Cambiemos dentro de cuatro años.

 Pichetto dijo que vio "muy bien" a Macri "con un gran interés sobre los temas del país, con una visión de prudencia y responsabilidad y siguiendo atentamente todos los acontecimientos".También opinó que "intentar auditar el sistema de protección de testigos protegidos por los acuerdos que hizo la Justicia es una barrabasada, un intento más por eludir la Justicia". 

La designación de Macri como titular de la Fundación FIFA sorprendió en lineas generales y dejó interrogantes en el seno del PRO. Muchos se preguntan: ¿Puede Macri ser el líder de la oposición? ¿Tendrá cintura para dirigir Cambiemos desde Zurich?.   

Las semanas que siguen serán también movidas para Macri. Viajará hasta Guatemala, y en principio a otros países de América Latina, a dar charlas, esquema que repetirá luego en el viejo continente. “Serán conferencias de política, de la situación de Latinoamérica y de su futuro, del mundo, y también seguramente aludirá a pasajes de su gestión", se señaló.

EL SUEÑO PRESIDENCIAL DE LARRETA

De esta manera, los principales dirigentes del PRO volvieron en sintonía a la actividad política desde el llano, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, atiende la gestión al mismo tiempo que avanza solapadamente en un armado nacional para su eventual candidatura presidencial.
El mandatario porteño sumó a su equipo a dirigentes del entorno del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quienes comparten características en común: ambos tienen experiencia como armadores políticos y fueron marginados durante buena parte de la gestión de Macri por Peña.

Rodríguez Larreta juntó a los intendentes bonaerenses del PRO para hablarles de su proyecto presidencial. El cónclave fue el martes por la noche en el quincho del Concejo Deliberante de Vicente López, con Jorge Macri como anfitrión.

"Era una reunión cerrada para que pudiera empezar a contarnos de su campaña, pero como siempre se filtró", se quejó uno de los intendentes que participó del evento en el que estuvieron Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Sebastián Abella (Campana), Pablo Petreca (Junín), Mariano Barroso (Nueve de Julio) y Ezequiel Galli (Olavarrría). 

Lo que que trascendió, es que sirvió sobre todo como un acercamiento a los del interior, ya que los del Conurbano tienen una línea directa con Larreta desde hace tiempo. Al principio del encuentro, los intendentes plantearon las problemáticas que tienen en los distritos y le contaron cómo viene la relación con el gobierno nacional de Alberto Fernández y el provincial de Axel Kicillof. Larreta se dedicó a escucharlos.
 El jefe de gobierno empezó desde hace tiempo una suerte de "operativo seducción" que incluye a dirigentes del radicalismo y del propio macrismo para alistarlos en sus filas. "Esto ya es política con el objetivo claro a Larreta 2023", admitieron en la Ciudad.  

CON EL ALIENTO EN LA NUCA DE LA JUSTICIA

En el plano judicial, es probable que Macri tenga que hacer un viaje obligado hacia Comodoro Py. Suena el rumor que lo citarían a indagatoria en varias causas. En realidad hay un centenar de expedientes que están abiertos, pero son ocho los que provocan la mayor atención. Algunos transitan los fueros civiles y comerciales, pero los que más pánico le generan a Macri son los que podrían disparar consecuencias penales. Algunos sostienen que hasta podría haber procesamientos e incluso prohibiciones de salida del país, con lo que el plan suizo podría quedar congelado.

Al cabo de cuatro años, Macri dejó el poder en diciembre de 2019 con un patrimonio total de $273 millones, una cifra que representa $163 millones más que el que declaró a fines del 2015 ante la Oficina Anticorrupción (OA), cuando llegó a la Casa Rosada. El crecimiento de su fortuna así reflejada fue casi del 148%. Al desembarcar en la Casa Rosada, había informado un total de bienes, dinero y activos por $ 110 millones.

Una de las causas más calientes que esperan a  Macri, es el expediente por los peajes. Allí lo comprometen las maniobras del Grupo Macri, que no sólo logró que el gobierno de Cambiemos le pague una indemnización de 500 millones de dólares, sino que le otorgó una renovación dudosísima del contrato de concesión. La cuestión, dicen, es que la jugada la hizo el Grupo Macri, pero no aparece una firma del ex presidente. Se sostiene que Mauricio es sólo accionista, no director, y en el gobierno no firmó él, sino Gabriela Michetti. 

El que puso en la miea a Macri, es el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien dispuso procedimientos simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Natal, la empresa a la cual Socma le vendió la participación accionaria que tenía en Ausol. “Encontramos lo que fuimos a buscar”, confió uno de los investigadores. Entre los elementos secuestrados hay documentación y material informático. Los delitos que se se podrían haber cometido son negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.

LOS PARQUES EOLICOS SOPLAN Y EL CARTERO LLAMA

El tema de los parques eólicos también son una piedra en el zapato para el ex presidente, ya que el Estado a su comando concretó seis adjudicaciones a una empresa española en crisis, con deudas con el Banco Nación e historia de estar asociado al Grupo Macri. Lo llamativo también, es que posteriormente, la española Isolux le vendió los parques a empresas creadas por el contador del Grupo Macri y éste mayoritariamente a un grupo chino. En el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares, todo a través de sociedades extrañas y, por supuesto, sin la firma de Mauricio. Eso sí, al hermano Gianfranco una de estas empresas extrañas le prestó misteriosamente 5 millones de dólares. 

En paralelo está también el expediente penal del Correo que debería transitar por momentos decisivos, transcurridos cuatro años de aquella negociación espuria entre el Estado Macri y el Grupo Macri y cuando la deuda tiene ya 18 años de vencida. 

La fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín quemó las naves en el expediente. En un dictamen de 18 páginas, pidió el desplazamiento definitivo de la conducción privada de la empresa y la designación de un interventor que pueda determinar, después de 18 años de concurso de acreedores, cuál es la deuda real, explorar definitivamente la posibilidad de un salvataje o, en caso contrario, dictar la quiebra.

“Nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”, acusó Boquín.

En los últimos días la Corte Suprema rechazó un planteo del Correo Argentino con el que pretendía esquivar la investigación sobre las maniobras de vaciamiento, que tienen como protagonistas a las firmas controlantes Socma y Sideco, claves en el ADN empresario de la familia. Cuando la Cámara Comercial ordenó el año pasado que ambas firmas entregaran sus libros contables para ser analizados, Correo volvió a negarse y recurrió al máximo tribunal. El resultado es una breve resolución firmada por unanimidad que allana el camino para que termine el estudio sobre las maniobras irregulares, que podría incidir en una posible declaración de quiebra y en que deban afrontarla las empresas del propio grupo.

MERCADO LIBRE Y VICENTI, DOS BOMBAS DE TIEMPO

Otro tema urticante es la denuncia sobre como el macrismo benefició a Mercado Libre, que vendió $1.300 millones en Lecaps doce días antes del reperfilamiento. Así la empresa evitó quedar atrapada en el default. En su momento, Mercado Libre se había jactado de que su Fondo de Inversión no estaba compuesto por ninguno de los títulos afectados. El CEO de la firma, Marcos Galperín, había negado poseer bonos públicos al momento de la aplicación de la medida.

La empresa de Galperín se desprendió de $ 1.126,4 millones en Letras Capitalizables (Lecap) S30G9, $151,9 millones en Lecaps S13S9 y $18,1 millones en Letes L2DG9. El artículo dejó entrever que la firma habría tenido información confidencial para tomar la decisión.

La otra causa que levantará ola es el blanqueo de los familiares de Mauricio Macri y los demás funcionarios del gobierno, algo que el presidente modificó por decreto. La ley no impedía, igualmente, el blanqueo de los hermanos.  Sin embargo, varias cosas resultaron llamativas de los 622 millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano del presidente. En primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas 126 millones de pesos, o sea que Mauricio -mucho más importante que Gianfranco en las empresas- resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.

Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban cuatro millones de dólares, unos 170 millones de pesos a valores actuales, en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon el blanqueo.

Otras balas que le pican cerca a Macri, tienen que ver con el holding Vicentin, la sexta cerealera del país que presentó el concurso preventivo para evitar la quiebra. El ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, fue imputado por los millonarios préstamos por 18.500 millones de pesos a la firma.

Por estas horas, la  justicia investiga a los dueños del grupo agroexportador y el directorio del banco por presuntas irregularidades en la millonaria deuda que la cerealera acumuló durante el macrismo mientras se convertía en la mayor aportante a la campaña de Juntos por el Cambio para la reelección de Macri.
Otras investigaciones sensibles para el ex presidente son Panamá Papers, el soterramiento del Sarmiento y la venta de MaCaier, la aerolínea de la familia Macri a la empresa Avianca. En el camino hay otras paradas riesgosas para Macri. Comodoro Py tiene la palabra.

La violencia va ganando por goleada

La sociedad quiere sentirse segura. Que no sea solamente el periodismo el encargado de reclamarlo.

La masiva marcha de ayer en reclamo de justicia, que se extendió por todo el país, no fue exclusivamente por asesinato del joven Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Es un clamor generalizado contra la violencia y la inseguridad, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde hay un cementerio de jóvenes que no descansan en paz porque sus asesinos están sueltos,El Gobierno debe tomar nota de esto y enfocarse en resolver el problema de una vez por todas.

Lo primero que hay que analizar para entender qué nos está pasando, es que tanto en Nación, como en Provincia, la seguridad no está manejada por verdaderos profesionales, Sabina Frederic es antropóloga y Sergio Berni médico del Ejército. Ninguno de los dos están formados en esta materia. Hay que decir que en un país serio, personas sin capacitación no ocupan estos roles como ocurre en la Argentina.

La reciente pelea entre Berni y Frederic, donde hasta tuvo que intervenir el Presidente para apagar el fuego, dejó al descubierto que a los funcionarios les interesa más quien tiene más poder, que los verdaderos reclamos de la gente en los barrios más desprotegidos del conurbano, donde la droga, la delincuencia y la muerte aterrorizan a diario a miles de bonaerenses que viven en tierra de nadie.

También los jueces y los fiscales, que son mediáticos dependientes, deben observar con detenimiento la postal de la movilización masiva desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Es una sociedad que quiere sentirse segura.Que quiere que la cuiden. Que no sea solo el periodismo el que tiene que recordar de manera recurrente que hay un Estado ausente que no cumple con su función de prevención.

Si hubiera habido policías responsables y profesionales a la salida del boliche de Villa Gesell, hoy el matrimonio Báez no estarían llorando a su hijo. Es necesario comprender que la responsabilidad inicial para que no haya más calles ensangrentadas, es del Poder Ejecutivo. Les pagamos a los funcionarios para promover cambios y quitar a los criminales de nuestras vidas. Es la hora de trabajar en la construcción de más cárceles, en lugar de abrirlas porque hay sobrepoblación.

Menos derechos humanos para los delincuentes y más justicia para los que vivimos en paz. Es hora de que la justicia haga su trabajo sin necesidad de padres destrozados pidiendo acompañamiento o comprensión del drama que están sufriendo.

Frente al Congreso todos vimos a cientos de madre con las fotos de sus hijos asesinados, recordándole al Estado que tiene con ellos una deuda histórica.

No hace falta ir al archivo de los diarios para saber que hay miles de historias de impunidad que dan cuenta que la violencia nos va ganando 10 a 0 y la puerta giratoria no deja de funcionar para que los asesinos queden libres.

Quienes imparten justicia deberían avergonzarse al ver estas plazas repletas de ciudadanos desprotegidos que ya no saben a quien recurrir.

No se han escuchado tampoco voces condenatorias desde el plano político, donde mientras se promueve la liberación de presos, se olvidan de la gente. Tenemos una historia de reformas desesperadas al Código Penal, de marchas y contramarchas para poner parches, cuando a los gobiernos el agua les llega al cuello.Pero no hubo nunca soluciones definitivas y ese reclamo de justicia cayó en una profunda meseta.

Hoy parece mentira que 16 años después del horroroso secuestro seguido de muerte de Axel Blumberg, tengamos que ver la misma postal de la impunidad sonriéndo y miles de madres llorando la pérdida de sus hijos,

Se ha escrito mucho sobre el crimen de Fernando Báez focalizando sobre la violencia en el rugby, pero poco se ha dicho que la culpa no la tiene ese deporte. Los que mataron a Fernando, son lisa y llanamente delincuentes que vienen con una falla de fábrica en sus hogares, que no los supieron contener. Estos individuos gozaron con su muerte y estaban planificandootra previa sangrienta, como reveló el abogado Fernando Burlando.

El caso de Villa Gesell salta por encima de la grieta. Deja al descubierto que tenemos una sociedad golpeada a la que hay que atender de manera urgente, antes de que esto sea tierra de nadie.

La licuación histórica de las jubilaciones

Alberto Fernández incumplió su promesa de campaña. Había prometido una suba general del 20% a los jubilados y lo que asomaba como una reparación justa, se convirtió en una licuación histórica. Los especialistas en derecho previsional coinciden en que los aumentos que anunció "son un engaño".

Aunque el Presidente se enoje con los medios, la movida oficial representa la foto de un ajuste encubierto, que le cae muy bien al FMI, pero que provocó enorme decepción en gran parte del electorado que apostó por un cambio. Los 3 millones de jubilados que realizaron aportes en su etapa laboral activa y ayudaron con creces a mantener el sistema, ahora cobrarán en promedio un 37% menos de lo que les correspondería si se hubiese aplicado la ley de Movilidad para el trimestre marzo-mayo, con extremos como una ganancia del 11,7% para el haber mínimo y una quita del 57,2% para los superiores. Significa lisa y llanamente, una reasignación de recursos que representará para el Estado nacional un ahorro mensual de $5.586,7 millones, lo cual representa unos 100 mil millones al año.

Los datos surgen de sendos análisis de la consultora Econométrica y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que manifestaron opiniones divergentes en relación con el anuncio de aumentos en las jubilaciones. Al respecto, el director de Econométrica, Ramiro Castiñeira, sostuvo que las jubilaciones “no dependen del Poder Ejecutivo sino de una ley” y que con los incrementos anunciados “pasamos de la reparación histórica” a “la licuación histórica”.

Desde esta columna, en artículos  anteriores habíamos advertido de una tormenta en puerta que iba a significar una catarata de juicios. Por lo pronto, en la Justicia ya hay un llamado de atención para la Casa Rosada. El juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio falló en contra de suspender la movilidad jubilatoria. "La garantía constitucional de movilidad establecida por la Constitución Nacional no se encuentra determinada por el período posterior al 23 de diciembre de 2019", puntualizó. 

El letrado destacó que diferentes pactos internacionales ratificados por Argentina, entre ellos el que protege a las personas mayores, establecen el principio de progresividad o de prohibición de regresividad de los derechos económicos y sociales".
Además precisó que si prosiguiera aplicándose la movilidad jubilatoria, según estimaciones no oficiales, a marzo de 2020 correspondería un aumento del 11,56% y a junio de 2020, un incremento del 15%.

SE VIENE UNA AVALANCHA DE JUICIOS 

Con este aumento, miles de pasivos se preparan para recorrer el camino de la litigiosidad por la pérdida de derechos adquiridos. Las quitas que sufrirán son sustanciales. Por ejemplo, de un haber de 50.000 pesos se pierde cerca de 3000 pesos. Y una jubilación de 100.000 pesos pierde cerca de 7600 pesos. Luego del anuncio de Alberto Fernández con bombos y platillos, sobre una suba trimestral del 2,3% más una suma fija de $1500, representantes de los estudios más encumbrados coincidieron que si bien quienes cobran el haber mínimo tendrán un alza de 13%, el resto de los jubilados tendrán fuertes quitas, de entre 5% y 7%

Si bien con la medida el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social (lo que además de jubilaciones y pensiones incluye perceptores de la Asignación Universal por Hijo y otros planes sociales), unos 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017, el resto de los jubilados verán disminuido su haber respecto a lo que surgía del sistema anterior.

“Con este aumento que anunció el Gobierno para las jubilaciones, miles de personas van a ir a reclamar a la Justicia sin lugar a dudas. Son los que más acceso a abogados tienen”, remarcó Andrea Falcone, abogada del estudio jurídico Jubilarnos.com. Falcone, agregó que muchos de ellos tienen juicios en curso por lo cual tienen acceso a letrados que van a reclamar. “En mi caso ya tengo la demandas listas para presentar esta semana”.

VEINTE PUNTOS PERDIDOS EN 4 AÑOS

Facundo Fernández Pastor, especialista en derecho de la seguridad social, consideró que habría que derogar la ley aprobada en diciembre de 2017 y volver a la de 2018. Aseguró que en los últimos dos años los beneficiarios perdieron 14,5 por ciento y agregó: “Era una fórmula pro-cíclica que acompaña el crecimiento de la economía, mientras mejor le iba al país, más cobraban los beneficiarios”. Según un cálculo realizado por Fernández Pastor, si no hubiera habido cambios en la movilidad en 2017, la jubilación mínima de marzo sería de 17.970 pesos y la máxima del régimen general de 131.600 pesos. En la actualidad, la mínima es de 14.068 y la máxima de 103.000 pesos.  

El abogado previsionalista Adrián Troccoli, del estudio homónimo, advirtió que el aumento es menos de un 4% para las jubilaciones más altas. “En el caso de las más bajas no les recupera lo perdido siquiera el año pasado. Mucho menos los 20 puntos que le había prometido en campaña Alberto Fernández”, indicó.

“Lo más preocupante es que esto tenga carácter permanente. Lo que significa que no es que mientras que dure la emergencia económica les van a quitar este porcentaje y después nada. Digo bajar porque los jubilados tenían previsto un aumento de 11,56% según la ley de movilidad. Les van a estar dando una suba entre el 4 y el 6% si hablamos de las escalas medias. Y eso es muy poco”, reflexionó.
Troccoli sostuvo además que su estudio jurídico ya inició el reclamo en muchos casos por el retraso actual en los haberes luego de una pérdida de casi 20 puntos en los últimos cuatro años”.
En tanto, insistió con que con esta actualización vía decreto los jubilados que no cobran la mínima “tienen una pérdida que se acumula a la que ya había reconocido el mismo presidente Alberto Fernández”.“Esto no solo no soluciona nada sino que al 75% de los que sí aportaron para jubilarse les produce una quita cuando ya venían con un atraso”, destacó.

UNA FORMULA SUSTENTABLE, SIN PERDER DERECHOS
Federico Bobrovsky, abogado del estudio Bobrovsky, agregó que el Gobierno se ampara en la declaración de Emergencia pero remarcó que el sistema previsional no es redistributivo. “Esto tiene un sabor agridulce. Se celebra que cobren un aumento superior al previsto los que menos cobran pero no a costa del resto. Las jubilaciones están previstas para que cada jubilado cobre un haber similar al que tenía cuando estaba en actividad”, detalló.
Por último, consideró que hay que ir hacia una formula jubilatoria que sea sustentable en el tiempo pero que no sea a costa de perder derechos. “El sistema de seguridad no es asistencialismo. Eso no es así”, sentenció.

La fórmula de la movilidad en el mundo suele darse por algún índice de precios o salarios. “En Argentina toma mayor relevancia por la elevada inflación y la inestabilidad macroeconómica”, aseguró Sergio Rottenschweiler, economista especializado en seguridad social y finanzas públicas. Adelantó que colisionan dos objetivos contrapuestos. Un ajuste por inflación asegura poder adquisitivo para los jubilados, pero se financia con impuestos del trabajo, sobre la base de salarios que no subieron al mismo ritmo que la inflación. En cambio, si el ajuste se realiza por salarios, en caso de que se desacelere la inflación, los salarios reales ganarán y el aumento será mayor a la inflación. “La fórmula tiene que tratar de permitir cierto nivel de ingreso a los jubilados en términos de sus haberes, y a la vez cumplir con las restricciones fiscales actuales”, consideró. En este sentido, opinó que la nueva fórmula debería combinar actualizaciones por salarios e inflación, como la actual, pero con algún tope anual.

PARA SEMINO ES UNA GRAN REGRESION

Para el defensor de la Tercera Edad,  Eugenio Seminose, “se ratifica la regresión en término de los derechos de los adultos mayores.El sector más bajo se beneficia con los aumentos que anunció Alberto Fernández, pero solo con 197 pesos por mes”, sentenció. “El segundo segmento cobrará $300 menos por mes”, continuó Eugenio Semino. “Un tercer segmento cobraría menos de 4000 pesos”, detalló.
“Vamos a plantear la inconstitucionalidad“, aseguró el defensor de la Tercera Edad. “Cuando hablo de regresividad, me refiero a que todos los beneficiarios están amparados en el derecho a la movilidad, y no solo el 8, o 10 por ciento de ellos”, explicó Eugenio Semino. “Además, Argentina se comprometió a no recortar derechos de los adultos mayores”, apuntó el defensor de los ‘abuelos‘.
“Un sistema jubilatorio se basa en dos elementos fundamentales: Proporcionalidad y Equidad”, indicó Semino. “El que gana $40.000 no es porque se trata de un privilegiado, sino porque tuvo aportes durante sus 30 años de trabajo que son más importantes que aquel que gana 20.000 pesos. No se puede achatar esa pirámide arbitrariamente”, consideró. 

Desde la oposición, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri avivó el fuego: " Alberto Fernández prometió un aumento del 20 por ciento en campaña para los jubilados. Con el anuncio del viernes, los que cobran la mínima van a cobrar sólo 191 pesos más que con la fórmula que sancionó Cambiemos", reconoció el legislador. Sin embargo, sostuvo que "el resto va a perder entre el 15 y el 50 por ciento en relación con la fórmula de 2017". Además el cordobés aseveró: "El Gobierno ratificó que el ajuste va por los jubilados, el campo y la clase media. La verdad que estamos preocupados”, señaló.

Patricia Bullrich también levantó olas en su momento : “Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional se las tendrían que devolver una por una a ellos”, lanzó la dirigente del macrismo al recordar las protestas contra la reforma jubilatoria que fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas a su cargo. La polémica promete nuevos capítulos y la justicia tiene la palabra.

Fuego amigo, pero no hay indulto para nadie

 El debate sobre si hay o no presos políticos en la Argentina ha levantando olas. Dividió las aguas en el Gobierno. No obstante, en la Rosada parecen conformarse con el escenario que siempre le quedó más cómodo al peronismo: que la disputa se desarrolle al interior del Gobierno. La estatización del conflicto, incluso aunque parte de ese conflicto transcurra en palacio y otra parte en las calles, no le resulta problemática a Alberto Fernández.

El Presidente es un hombre que viene del derecho y tiene en claro lo que dice la jurisprudencia para poner blanco sobre negro, y manejar los equilibrios. La biblioteca le susurra  de manera irrebatible que un “preso político” es una persona sometida a un proceso penal y/o privada de su libertad personal debido exclusivamente a su ideología política, sin que haya realizado ninguna conducta prohibida por el código penal. En esa dirección, en nuestro país no existen presos políticos, sino políticos presos. Son personas que por su actuación en la función pública están siendo sometidas a un proceso penal por hechos en su mayoría de corrupción que sucedieron y dejaron sus huellas una trama oscura. Los casos más palpables son la tragedia de Once, los bolsos de José López, la venta de Ciccone, la toma de la comisaría de la Boca por parte del dirigente Luis D'Elía y el desfalco del proyecto Sueños Compartidos, por citar algunos ejemplos, pero la lista sigue.
En nuestro país, periódicamente la Corte Suprema de Justicia revoca sentencias en materia penal por ser arbitrarias garantizando el debido proceso sin que eso implique que las personas afectadas sean presos políticos.
Los especialistas coinciden en que si en Argentina hubieran presos políticos, el gobierno actual sería antidemocrático por permitir su existencia sin actuar de forma urgente enviando un proyecto de ley de amnistía al Congreso o dictando un indulto. según los casos.
Hay muchos personajes señalados por presuntos hechos de corrupción que buscan esa figura para victimizarse. Y aquí viene la primer pregunta:¿Por qué ningún diputado o senador oficialista presentó un proyecto de ley de amnistía?¿Por qué ningún oficialista promovió una acción de hábeas corpus que en nuestro sistema es una acción popular?. Sencillamente, porque no hay presos políticos en la República Argentina.
Ni para la Comisión IDH Milagro Sala es una presa política, sino que dicho órgano sostuvo que es una persona que tenía que estar bajo otras condiciones de detención mientras tramitaba un proceso penal.
Una cosa es defender ideales, convicciones y principios y otra diametralmente opuesta es  pasar la gorra  en  la“recolección” diaria de coimas y sobornos, prolijamente detallada en la causa de los cuadernos, por ejemplo, y corroborada por decenas de declaraciones testimoniales y de arrepentidos.
Sin embargo, esto no implica que no existían detenciones preventivas arbitrarias que deben ser revisadas o planteos de violación del debido proceso que deban ser resueltos.
El planteo que hace el presidente Alberto Fernández y su entorno es constitucionalmente adecuado. La existencia de presos políticos es la negación existencial del sistema democrático. Y por fortuna la democracia argentina goza de buena salud.
Durante la gestión de Macri, munerosos dirigentes kirchneristas fueron detenidos, llevados a prisión preventiva y en algunos casos condenados, aunque sin sentencia firme.
También la propia Cristina Fernández -que se dice víctima de una persecución impulsada por el anterior Gobierno- fue procesada en varias causas y ordenada su detención, que nunca se hizo efectiva por haber sido elegida senadora y tener fueros.
Desde la oposición sospechan que detrás de la movida habría acciones extorsivas del kirchnerismo para instalar el tema y presionar por una insólita ley de indultos. El fogoneo de la polémica es una brasa caliente. Afecta la imagen de moderación de la gestión, en momentos en que se negocia una cuestión tan sensible como la deuda externa. Por estas horas, nadie puede negar que lo que comenzó como una pulseada entre Santiago Cafiero y Julio De Vido, se está convirtiendo en un incendio de proporciones, a pesar de los pedidos del mismísimo Presidente porque dejen de cavar la grieta interna.
No quedan dudas que las esquirlas de este episodio ha sido un terremoto al interior del Gobierno. No es casual que el canciller Felipe Solá haya salido de inmediato a respaldar a Cafiero, al advertir que este incidente termina afectando la autoridad del Presidente. El mismo AF  dio la orden de no hablar más del tema.
Pero Sergio Berni también metió el dedo en la llaga al contradecir al Presidente para levantar la figura de Julio de Vido, histórico enemigo de Alberto en los gabinetes de Néstor y Cristina Kirchner. "Creo absolutamente en la inocencia de De Vido. Lo conozco desde hace muchísimos años y no tiene una investigación en las causas de corrupción", indicó Berni. Y de  Boudou, señaló: "he leído el fallo y no he encontrado un solo elemento que lo pueda vincular", agregó.  
Y para alimentar tensiones, en los últimos días, uno de los periodistas más alineados con el Gobierno se metió en la polémica. Y también contradijo a Fernández: “Si un poder del Estado los persigue por su pertenencia partidaria son presos políticos”, explicó su postura a través de Twitter Roberto Navarro.
“Si a diario surgen pruebas del ‘armado de causas’ y siguen encarcelados son presos políticos, Debemos luchar por su libertad. No negar la realidad”, concluyó Navarro contradiciendo la postura de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y el ala más moderada del Frente de Todos.
La misma posición adoptó Víctor Hugo Morales, que señaló directamente al Jefe de Gabinete: “Lo escucho a Cafiero y me sacudo, me muevo y me indigno”, sentenció en una de sus editoriales.
Lo que se observa, es que hay un camino de antorchas, un fuego amigo altamente peligroso para una incipiente coalición variopinto que no debe mostrar fracturas tan sensibles en apenas poco más de 60 días de gobierno.
Alberto Fernández está firme. Sostiene que la presión del kirchnerismo puro, asegurando que Milagro Sala, Amado Boudou y Julio de Vido son “presos políticos”, sólo es “un problema semántico” y no implica una acción deliberada en los medios para delimitar su propio espacio de poder. El Presidente tiene una postura muy clara: “No pienso indultar a nadie. No está en mis planes”, dijo en tono terminante hace pocas horas.
Hasta aquí, ha demostrado ser un gran administrador de las tensiones. Lo hace de manera artesanal y nada se le escapa de control. Apela a la persuación más que al mando, gana terreno y marca el camino. Queda claro que por ahora no hay argumento para hablar de doble comando.
Es más, Alberto Fernández cree que "el día que me esté quedando sin tinta, Cristina me va a alcanzar un cartucho". AF necesita tiempo para construir su liderazgo, que en gran parte dependerá del rumbo económico,

Pinamar festeja un febrero con alta ocupación y pone fichas en Carnaval

Pinamar muestra la cara de un febrero a full. Los cafés y boliches del centro se vieron desbordados por el gentío y fue casi imposible conseguir un lugar para estacionar. En las últimas horas volvió el sol y las temperaturas comenzaron a subir, lo cual hizo que volvieran a poblarse las playas.

Pese a que el último fin de semana y el principio de esta el tiempo no acompañó, hubo días de mucho viento y bajas temperaturas, Pinamar muestra la cara de un febrero a full. Los cafés y boliches del centro se vieron desbordados por el gentío y fue casi imposible conseguir un lugar para estacionar. En las últimas horas volvió el sol y las temperaturas comenzaron a subir, lo cual hizo que volvieran a poblarse las playas. La notable recuperación de la actividad turística se registró en todo el país, pero puntualmente en el Partido de la Costa donde hubo un incremento del 13% en relación a enero del año pasado con el arribo de casi 1.300.000 visitantes. En ese escenario, después de un enero récord, Pinamar recuperó su calificación de balneario vip. Febrero pinta muy bien, lo cual hace ilusionar a los empresarios locales que creen que para los feriados de Carnaval tendrán otro aluvión turístico. Por ocupación hotelera y  consumo, se trató de la mejor temporada de los últimos cinco años, coinciden desde la comuna. 

Las cifras, contempladas semanalmente por las autoridades, hoteleros y gastronómicos, indicaron que el promedio general de ocupación de enero fue del 98,5%, lo que representó una variación interanual que representa un crecimiento del 11,7%.

Lo bueno para los futuros turistas, es que a diferencia de enero, en febrero, tal como sucede todos los años, los precios bajan para los alquileres y la sombra en los balnearios. En esta ocasión, los alquileres sufrieron una reducción de entre el 20% y 30%, aseguraron las inmobiliarias. “Hasta el 20 de febrero tenemos una ocupación casi plena. Después en carnaval; todavía no hay muchas operaciones cerradas, porque acá se suele alquilar por semana o por quincena y eso son sólo 4 días”, aseguró Joaquín Bustillo, de la Cámara de Turismo de Cariló.

Por estos días, el balneario más top de la costa argentina está atravesando por uno de sus mejores momentos. Por un lado, se vio beneficiado por la devaluación y el nuevo dólar solidario, que frenó los viajes al exterior. Pero además, muchos lo eligen por su espíritu: “Cariló está limpio, ordenado, con mucha propuesta gastronómica y cultural y los balnearios renovados”, aclaró Bustillo.
“Para la primera quincena de febrero tenemos un 75% de ocupación. El año pasado a esa altura, teníamos 55%”, explicó Silvia Melgarejo, de Constructora del Bosque.
Esta radiografía ya muestra la continuación de un verano positivo para la costa. “Creemos que Cariló va a tener demanda todo el año, de jueves a domingo”, agregó.
Por su parte, desde la inmobiliaria Soriano Vignau aseguraron: “Por ahora tenemos un 60% de ocupación, pero sabemos que todavía falta alquilar bastante”, Y agregaron: “Estamos teniendo un enero excelente, con 100% de ocupación. En febrero, los precios van a bajar 30%”.
No obstante, para carnaval todavía no hay mucha cantidad de casas reservadas, justamente porque aún en el balneario suelen priorizar la renta por quincena o semana. No obstante,  para ese fecha "siempre hay mayor afluencia de turistas", dijo María Laura Viotti, propietaria del balneario Tortugas al Golf. Además, la empresaria recalcó que siempre los precios de febrero en carpas y sombrillas "son mucho más bajos que los de enero."
El informe del Observatorio Turístico de Pinamar indicó que durante enero unicamente en Pinamar la ocupación fue del 98,6%. En Valeria del Mar la más alta: 100%. En Cariló del 97,3% y en Ostende del 98,2%. Los cuatro hoteles sindicales que tiene el Partido tuvieron una ocupación del 100%. El rubro camping aportó un 76,7%, con un promedio de 2,3 noches de pernocte. Según el tipo de alojamiento la estadía promedio varió, pudiendo estimarse una media de 4,9 noches de pernocte para el rubro puramente hotelero y de 6,1 noches para los rubros apart hotel y departamentos con servicios.

Según el tipo de alojamiento la estadía promedio varió, pudiendo estimarse una media de 3,9 noches de pernocte (para el rubro puramente hotelero) y de 6,3 noches para los rubros apart hotel y departamentos con servicios. Ambos incrementaron su estadía en 0,5 puntos y 0,4 puntos, respectivamente, en comparación a la temporada anterior. El rubro camping reportó un 83,3% de ocupación, con un promedio de 4,3 noches de pernocte.
“Nuestros turistas recurrentes o quienes descubrieron Pinamar por primera vez se encontraron con una ciudad renovada y con propuestas de calidad. No tenemos nada que envidiarle a otros destinos internacionales”, indicó Juan Ibarguren, secretario de Turismo de Pinamar. El funcionario explicó otro fenómeno que permitió asegurar que será la mejor temporada de los últimos cinco años: “Cada año se construyen más propiedades y eso aumenta las plazas y las camas para alquilar. Ese nivel de ocupación (+98%) no es el mismo que el de hace cinco temporadas”.

La nota de color son las calles y zonas habilitadas de Pinamar están repletas de vehículos pequeños, todoterreno, que parecen capaces de trepar cualquier pendiente. Son los UTV (utility task vehicle), utilitarios 4x4 de estructura tubular, o jaula antivuelco, que además cuentan con cinturones de seguridad y se han transformado en una opción más segura que los cuatriciclos para aquellos que no pueden imaginarse sus vacaciones sin salir a maniobrar entre los médanos.

Para evitar daños mayores, Alberto y Axel desactivaron la bomba entre Berni y Frederic

Los gendarmes seguirán en el Conurbano. Bajó el telón de una jornada cargada de rumores.

La pelea ya venía de varios capítulos picantes, donde la sangre podía haber llegado al río. La tensión iba creciendo  y lo único que hacía era abonar a la crítica de la oposición. Para evitar males mayores y en medio de insistentes versiones que agitaban la posibilidad de una eventual renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof hablaron telefónicamente y acordaron desactivar la bomba. El acuerdo fue mantener el esquema de presencia de la Gendarmería en el Conurbano y cerrar así cualquier tipo de grieta entre ambas administraciones. La coincidencia es mantener la presencia de las fuerzas federales en el Conurbano y profundizar los acuerdos entre la Nación y la Provincia para apuntalar los programas en materia de seguridad. “Hay un acuerdo de seguir trabajando mancomunadamente y garantizar la seguridad de los bonaerenses”, dijeron desde la gobernación al aludir a la charla telefónica entre Alberto Fernández y Kicillof.
De esta manera, se bajó el telón a una jornada plagada de rumores, desterrándose de plano la posibilidad de un enfrentamiento desatado entre la Casa Rosada y La Plata a partir de que Berni enviara una carta a su par de Seguridad a nivel nacional, Sabina Frederic, solicitando el retiro inmediato de las fuerzas federales de la provincia de Buenos Aires, planteando así otra mirada sobre el combate contra el delito.

“La presencia de las fuerzas federales en esta jurisdicción sin una conducción clara no solo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales, poniendo en situación de detrimento a la Provincia que concentra más del 40% de la población del país”, explicó Berni en su nota. Luego añadía: “Atento a lo expuesto, solicito que a partir del día de la fecha sean retiradas del territorio de la Provincia de Buenos Aires, las Fuerzas policiales y seguridad Federal que no se encuentren cumpliendo tareas que atañe exclusivamente a lo que respeto al orden y competencia federal”.
Cabe recordar que Frederic y Berni tuvieron cruces sobre varios temas (uno de los más recordados fue sobre las pistolas eléctricas Taser) desde sus respectivos nombramientos, pero el pasado 9 de enero se reunieron con el objetivo de coordinar el trabajo de las fuerzas federales en el conurbano.
Con esta carta de Berni, fechada el 5 de febrero, el ministro planteó que “transcurrido casi un mes de la reunión que mantuviéramos en su despacho, al día de la fecha no hemos contado con la información de las fuerzas policiales y de seguridad federal presentes en esta Provincia”.

Lo que el Presidente pretende ahora tras esta pulseada, es que Kicillof lo ponga en vereda a Berni y no se disparen nuevos conflictos en un área tan sensible como la seguridad. "Alberto no quiere grietas en momentos en que se está planteando la polémica interna de si hay o no presos políticos", dijeron voceros responsables.

Para traer calma, las primeras espadas de Alberto Fernández manifestaron que el apoyo de la Nación a la provincia de Buenos Aires “será el de siempre. Borrón y cuenta nueva”.

En las últimas horas el propio jefe de Estado había fijado posición y virtualmente bancaba a Frederic cuando, en declaraciones radiales, expresó sin vueltas: “Francamente no sé qué piensa Berni ni qué quiere en materia de Seguridad. Francamente lo que me preocupa es lo que proponemos nosotros desde el Estado nacional y hay que recordar que las provincias son responsables de su seguridad, básicamente, y que el Estado nacional lo que hace es colaborar y coordinar con ellos cuando debemos hacerlo. Todos nosotros queremos trabajar para que los bonaerenses vivan en paz y la inseguridad no sea un problema. Después, si el ministro de la Provincia tiene un método propio, que lo aplique. Es su responsabilidad. Estamos para ayudar, no para polemizar”, afirmó el Presidente.

En los corrillos políticos se sostiene que la relación con Berni comenzó a tornarse tensa desde noviembre del año paso. Fue cuando Berni todavía se ilusionaba con ser el ministro de Seguridad nacional pero fue vetado por Alberto con el argumento oficial de que quería más mujeres en el gabinete. En ese entonces, surgió el nombre de Frederic.

Lo que se comenta, es que Berni no bajó la guardia y pidió la secretaría de Seguridad. Pero en ese lugar designaron a Cecilia Rodríguez, la ex ministra a de Cristina que es desde hace años una de las principales rivales de Berni en la interna del área.
Como quedó afuera del gabinete nacional y para dirimir la cuestión, Cristina Kirchner habría  levantado el teléfono para que Kicillof le diera el ministerio bonaerense, una propuesta que Berni rechazó dos veces. Pero cuando la propia ex Presidenta fue a pedírselo, inmediatamente aceptó sumarse al elenco provincial, dijeron los voceros.
Las diferencias entre Berni y la Rosada, fueron aprovechadas por la oposición para abonar el terreno y poner una ficha en el jardín de la discordia. La propia presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, advirtió en las últimas horas que las diferencias entre la Nación y la provincia en cuanto a seguridad pueden "facilitar el accionar de la delincuencia" y advirtió que existe una "grieta profunda" en el seno del oficialismo. Para no perder un funcionario valioso como Berni, el Presidente ordenó clausurar la fábrica de rumores y se fume la pipa de la paz entre Nación y Provincia.  

El gobierno juega con fuego al achatar la pirámide salarial de las jubilaciones

El gobierno ya afinó la punta del lápiz para achatar la pirámide salarial del sector pasivo. De esta manera, el mes próximo, las jubilaciones y pensiones del sistema general que gestiona la Anses podrían tener aumentos de entre el 4,2% y el 11,9%. De aplicarse esa fórmula, el haber mínimo que cobran 2,8 millones de pasivos (sobre un total de 5,7 millones) pasaría de $14.068 a $15.740, un monto muy similar al que habría resultado en caso de aplicarse la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017, que quedó suspendida por la ley de emergencia.

En cambio, todos los jubilados que hoy cobran más que la mínima (más de 2 millones) y que aportaron mucho más durante su vida activa, están condenados a igualar hacia abajo. En esa dirección. recibirían un incremento inferior al que habrían percibido en caso de no existir esa suspensión. Y, de esa manera, las recomposiciones quedarían para muchos por debajo no solamente del porcentaje que preveía la movilidad vigente hasta 2019, sino también de la inflación, que, para el trimestre ahora en curso, se estima que estaría entre el 10% y el 11%.
Por lo que ha trascendido, la suba que estudia concretar el Gobierno, implica aplicar, sobre los valores de los haberes actuales, un 3%. Y, al resultado, sumar un monto fijo de $1250. Un ingreso actual de $20.000, por ejemplo, tendría con esa modalidad de recomposición una suba de $1850, que significaría, en términos de porcentaje, un 9,25%. Para un haber de $40.000, en tanto, habría una suba nominal de 6,12%, ya que se pasaría a un ingreso mensual de $42.450.

PRONOSTICAN UNA OLA DE JUICIOS
En el caso del haber máximo que reconoce el sistema de la Anses, hoy de $103.064,23, el aumento aplicado de la manera ya mencionada llevaría el monto a $107.406,16, y eso representaría un 4,21% más.
Para los expertos previsionales, con estas desigualdades se avecina una catarata de juicios. “ Va haber un aumento general por debajo de 11% y después sumas como en diciembre y enero a partir hasta quienes cobren un monto a definir”, afirmó el abogado Adrián Tróccoli, quien advirtió que ese mecanismo no inhabilitaría las demandas judiciales. “Si a junio, el aumento está por debajo de 20%, los juicios van a empezar. Sobre todo de aquellas jubilaciones más altas, que tendrán el mayor atraso”, explicó.
En esa línea, otros especialistas opinan que el hecho de que el aumento sea discrecional le otorga la facultad al Presidente de “dar más aumento a los de la jubilación mínima y menos a quienes cobran la media o la máxima”. Y aclaró: “Si eso pasa, se puede generar inequidad con el que aportó toda la vida. Puede provocar que vaya a la Justicia y se genere una ola de litigiosidades. Puede desembocar en algo similar al fallo Badaro: eso es la consecuencia de una política donde prima la discrecionalidad. Si eso pasa, existirán las condiciones para reclamar”.
"La movilidad solo tiene por finalidad mantener el valor del haber inicial frente al aumento del costo de vida o a la evolución de los salarios, siempre que ese valor inicial se haya calculado correctamente", afirmó la abogada previsionalista Elsa Rodríguez Romero. Siguiendo ese razonamiento, dijo que el ajuste "debe ser uniforme para todos, sin perjuicio de que se fije una mecánica de reajustes de los haberes bajos para llevarlos a valores razonables y no como los actuales, que son absolutamente insuficientes". Es decir, debería procurarse la mejora de los ingresos bajos, pero no a través de afectar negativamente el poder adquisitivo del resto.

LAS LEYES NO PUEDEN TENER EFECTO RETROACTIVO
La especialista en derecho previsional Andrea Falcone sostiene que "el primer punto que explica por qué ningún jubilado de Anses debería cobrar menos del 11,56% en marzo es que las leyes no pueden tener efecto retroactivo si afectan derechos amparados constitucionalmente. La regla general es que las leyes se aplican a partir de su entrada en vigencia, no pudiendo tener efecto retroactivo, especialmente si afectan derechos amparados constitucionalmente. El jurista Bidart Campos ha aclarado oportunamente “la inconstitucionalidad de alguna ley retroactiva no surge por la retroactividad misma, sino porque esa condición afecta un derecho anteriormente incorporado al patrimonio”.
La profesional añadió que "cualquier jubilado que en marzo reciba menos del 11,56% de aumento ya devengado podrá solicitar la inconstitucionalidad de la suspensión".  
El foco del problema se concentraría en el 25% de las jubilaciones, aquellas que superan los dos haberes mínimos ($28.136). Sin embargo, aun cuando no perciban el “adicional” anunciado por el Presidente ni un ajuste similar a la inflación, es probable que las jubilaciones entre $30.000 y $50.000 sufran un perjuicio relativamente menor que no justifique el desgaste de las acciones legales. A partir de esos montos, la situación cambia. De hecho, Tróccoli apunta que ya existen reclamos iniciados y otros que están a la espera del futuro decreto, puntualmente en haberes a partir de los $100.000.
Por la modalidad de aumentos que quedó suspendida por ley, en principio por 180 días desde fines de 2019, todos los jubilados y pensionados de la Anses debían percibir en marzo un aumento de 11,6%. Ese número es el resultado de la fórmula aprobada por la reforma legal de 2017, que disponía sumar el 70% de la inflación trimestral de un período determinado más el 30% de la evolución que en el mismo lapso habían tenido los salarios formales de la economía, según un índice llamado Ripte. Los datos considerados, para el caso de la suba del mes próximo, eran los del tercer trimestre el año pasado.

MACRI VACIO EL FONDO DEL ANSES
La determinación oficial de suspender esa fórmula y lograr para el Poder Ejecutivo las facultades (aprobadas de hecho por el Congreso) para dar subas de manera discrecional, está enmarcada en una política que se propone recortar el déficit fiscal, a través de la desindexación de una parte importante del gasto público. La modalidad que se adoptaría conllevaría un ahorro de 100 mil millones de pesos respecto de lo que se les tendría que haber dado a los jubilados sin suspensión de la fórmula.
La justificación de la Casa Rosada es que durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri el FGS pasó de tener un capital equivalente a 67.000 millones de dólares a uno de 22.000 millones de dólares, debido al desfinanciamiento por baja de impuestos y el uso de reservas para financiar liquidez de las cuentas del Tesoro a través de inversiones en bonos de corto plazo que terminaron siendo renegociados por la misma administración.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses además registró una pérdida del 23,2% de su valor medido en dólares y del 14,2% valuado en pesos en términos reales durante los primeros nueve meses de 2019, según un informe publicado por el organismo previsional correspondiente al tercer trimestre del año pasado.
Las causas de la caída residen en la fuerte baja de los títulos públicos en los que está invertido el Fondo, el “reperfilamiento” decidido sobre parte de ellos, la caída del valor de las participaciones accionarias y la fuerte devaluación del peso.  
También hay que decir que por la fórmula de movilidad, que preveía ajustes trimestrales, se actualizaban no solo las jubilaciones, sino también las pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los cobros por hijos a cargo de asalariados y monotributistas. Con respecto a estas dos últimas variables, aún está pendiente de definirse cuál será la modalidad de la suba, pero, según fuentes del Gobierno, también se otorgará el mes próximo.

EL DEFENSOR DE LA TERCERA EDAD ALERTA
 La situación de aumentos inferiores afectaría a más de la mitad de los jubilados y pensionados, y el defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, anticipó su decisión de presentar un reclamo, algo que tiene previsto hacer (más allá de las demandas individuales que se concreten) una vez que se oficialice la manera en que se segmentarán las subas.
Los ajustes periódicos a las jubilaciones según los resultados de una fórmula fueron dispuestos por ley y tuvieron vigencia a partir de 2009. La aprobación de la primera normativa sobre el tema llegó unos años después de que la Corte Suprema de Justicia les ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo que se dictara una medida sobre el tema. Fue cuando los jueces declararon inconstitucional la política tomada entre 2002 y 2006, que consistió en aumentar solamente la jubilación mínima y permitir que quienes cobraban más fueran acumulando pérdidas de poder adquisitivo. Los funcionarios actuales tuvieron en cuenta ese antecedente y la posibilidad de que se disparen demandas judiciales.
Pero la decisión de segmentar los aumentos, provocando un achatamiento de la pirámide de ingresos-aun en un escenario de pérdida de poder adquisitivo-, ya está tomada. Y una de los argumentos que se usaría eventualmente en defensa de esa medida, es que se da en el marco de una "emergencia previsional", declarada en la misma ley que dispuso la suspensión de la fórmula.
La situación económica actual no es justificación legal suficiente para afectar derechos adquiridos. No hay crisis económica que pueda legalmente sostener una confiscación en haberes jubilatorios. El famoso fallo Badaro es resultado de medidas que se tomaron cuando se salía de una de las crisis más grandes de la historia, en el 2001.  
Frente a este cuadro de situación, el gobierno juega con fuego. Habrá que ver si la litigiosidad toma la dimensión de una ola, como para evaluar el impacto que tendrá en los fondos del ANSES. De todas maneras, en estos esquemas de ajuste, siempre afloran las inequidades. Sería bueno que alguna vez las tijeras corten por otro lado y que no sean los jubilados los que siempre paguen los platos rotos..

De la servilleta a una muerte polémica

La muerte del juez Claudio Bonadío ocurrida a los 64 años, cayó como un balde de agua fría en los tribunales de Comodoro Py, de los cuales era un referente.

Desde 1994 estaba a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 y será recordado como uno de los magistrados más polémicos en la historia argentina. Por citar algunos ejemplos,  Bonadío acumuló decenas de denuncias en su contra presentadas ante el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño", "malos tratos" y "discriminación"; y en la justicia Penal, por "enriquecimiento ilícito" y "encubrimiento de una red narco", entre otras.

Desde 2015, este hombre se convirtió en el enemigo número uno de la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, a la que hizo desfilar en varias ocasiones por Comodoro Py. La ex mandataria llegó a llamarlo "extorsionador y pistolero" en una cadena nacional.

El ex juez le dictó 7 procesamientos con prisión preventiva por el caso Cuadernos y el memorándum con Irán, causa por la que le negó la posibilidad de viajar al ex canciller kirchnerista Héctor Timerman para que continuara con su tratamiento por el cáncer que lo afectaba. Por eso, se habla hoy de la "venganza de Timerman". La muerte de este personaje odiado por el kirchnerismo no podía tener otra cosa que fuertes repercusiones en las redes.

Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner fue uno de los primeros en salir con los tapones de punta al criticar con dureza asegurando que con él "se muere una de las peores partes de la Justicia. La muerte le sienta bién. El odio llevó a Bonadío a la muerte", manifestó. 

Tan pronto como se conoció su deceso, se convirtieron en tendencia en Twitter algunos hashtags que daban cuenta de su figura como enemigo judicial, político y mediático de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Impune” y “Justiciadivina” se instalaron al tope, siendo parte de miles de mensajes que reflejaban la bronca del kirchnerismo con quien fuera el principal impulsor de causas contra ese frente político y su referente.

En la página 450 de su libro “Sinceramente”, Cristina Kirchner le dedicó un subcapítulo a Bonadio y a la causa de los cuadernos: “Claudio Bonadio, el sicario”. Allí describe su mirada sobre lo que llama “la causa de las fotocopias de los cuadernos” y sostiene que el juez “es una de las cabezas de este entramado judicial”. “Hoy me enfrento a fiscales y jueces que me acusan para satisfacer las demandas de quienes me quieren fuera del circuito político argentino. Fiscales y jueces que me acusan de corrupción mientras ni ellos ni su familia pueden explicar sus viajes y sus altos niveles de vida con los ingresos que perciben”, escribe y concluye: “Tengo claro que quienes gobernamos pensando en las necesidades de los más humildes y en los intereses nacionales debemos sufrir el calvario de ver mancillado nuestro nombre y el de nuestros hijos. Tengo claro también que es el precio que debo afrontar por ser Cristina”. Estas palabras de la ex presidenta tienen sentido en una guerra donde los buenos y los malos no están del todo definidos.

Recibido de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1988, Bonadío tuvo su paso por la administración pública en la década de los noventa, cuando fue asesor de Carlos Corach, entonces Ministro del Interior de Carlos Menem y luego su subsecretario de Asuntos Legales.

Con acuerdo del Senado, en 1993, fue nombrado juez federal a cargo del juzgado federal de Morón, por el entonces presidente Carlos Menem. También hay que decir que durante la presidencia del riojano comenzó a acumular denuncias por “cajonear” causas contra ex funcionarios y amigos del poder.

En 1996, el ministro de Economía Domingo Cavallo relató, tras renunciar a su cargo, que su ex par en el gabinete Carlos Corach, había anotado en una servilleta los nombres de los jueces federales que respondían al presidente, entre los cuales figuraba el de Bonadio.
Cavallo afirmó que vio y escuchó cómo Corach le pedía a Bonadio que archivara una causa suya por presunto enriquecimiento ilícito. En la mencionada servilleta se nombraban a una cantidad de jueces preparados para actuar según las órdenes y necesidades políticas de Menem, además de Bonadío también figuraban otros jueces como Jorge Ballestero y Rodolfo Canicoba Corral.
La expresión “La servilleta de Corach” se hizo famosa en la década del noventa y pintó de cuerpo entero el entramado entre el poder judicial y el poder político.
Aficionado a las armas, en 2001 fue abordado en plena calle en la localidad bonaerense de Florida por dos delincuentes, a quienes asesinó de varios tiros con su pistola Glock calibre 40. Tenían 19 y 20 años. Uno de ellos estaba desarmado y el otro fue atacado por la espalda. Por ese episodio la entonces presidenta Cristina Kirchner llegó a llamarlo públicamente el "juez pistolero".

En los últimos años, Bonadio mantuvo un duro enfrentamiento con Cristina Kirchner, a quien había procesado con prisión preventiva en varias causas por presuntos hechos de corrupción.
Una de las denuncias más importantes de corrupción contra CFK, su familia y funcionarios, es la causa Hotesur  por presunto lavado de dinero de sobornos y el sonado episodio de los Cuadernos donde se investigan presuntos sobornos en la obra pública.
Según la defensa de Cristina, Bonadio incurrió en irregularidades cuando ordenó a la Policía Metropolitana de Buenos Aires un allanamiento en la sede de Hotesur, el 20 de noviembre de 2014. Dicha fuerza no tiene jurisdicción en el territorio en el que actuó.
A los pocos meses, fue apartado de la causa porque “violó el derecho a la defensa en juicio” de Romina Mercado y Lázaro Báez, y actuó con “parcialidad” al no permitir a los peritos de las partes revisar documentación secuestrada.
En su rol como juez federal, instruyó también en otras causas relevantes que involucraron a la ex presidenta, tales como la denuncia de Nisman por el Memorando con Irán, Dólar Futuro, la primera parte del encubrimiento del ataque a la AMIA y la Tragedia de Once. En este marco, el juez pidió desaforar y detener a la vicepresidenta en varias oportunidades. Cuando todavía era Presidenta, Cristina se refirió a Bonadio como un “juez pistolero y extorsionador”. Fue luego de que el entonces funcionario judicial ordenara allanamientos en la inmobiliaria de Máximo Kirchner en Santa Cruz.

Bonadío negaba los rumores de que su estado de salud era delicado y que "era un problema grave". Le hicieron una resonancia magnética en el Fleni y le detactaron un tumor en el cerebelo, de pronostico reservado.

Se tratataba de un tipo de cáncer muy agresivo. Es el más común de todos los tumores malignos cerebrales y, en el pasado, ocasionó la muerte del senador John McCain y el hijo del ex vicepresidente Joe Biden en EE.UU. “Nace en la glia, el tejido del sostén del cerebro, el que le da estructura”,  explicó José Lastiri, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.  “Es poco frecuente, se dan dos casos cada 100 mil habitantes al año, pero muy maligno”, agregó. Por lo general, el glioblastoma multiforme se presenta en adultos, entre los 40 y 70 años y es más común en varones. “Los síntomas son dolor de cabeza, convulsiones, dificultad para moverse y expresarse y síndrome depresivo”, sostuvo Lastiri. En el caso del juez Bonadio, se sabe que a comienzos de 2019 comenzó a tener problemas de visión en su ojo derecho y por eso decidió consultar al médico.

Fue intervenido quirúrgicamente en mayo del año pasado y había pedido una licencia para el mes de febrero. En tribunales varios de sus colegas dudaban sobre su vuelta. Su estado de salud fue manejado con hermetismo en su entorno y por él mismo. No obstante, nadie esperaba un desenlace tan rápido. Momentáneamente se hará cargo de su juzgado el juez Sebastián Casanello, hasta que en marzo se designe al nuevo titular  del juzgado. El tono celebratorio de dirigentes por el fallecimiento del juez merece una reflexión, como así también el rol del Poder Judicial. El dilema ahora es qué pasará con las causas de Cristina. La moneda está en el aire.

Los sótanos de la marginalidad carcelaria

Los registros marcan que del total de presos en todo el país, el 62% tiene entre 18 y 34 años. Al quedar detenido, sólo el 8% tenía completo el ciclo secundario, el 18% el secundario incompleto, el 38% completó el nivel primario, el 28% no lo había finalizado, y el 6% restante no había pasado por el sistema educativo

Se suele decir que la cárcel es la escuela del delito. Se lo atribuye al contacto entre diferentes personas con experiencias en la actividad ilegal. Pero se omite un dato que parece mucho más relevante: los individuos se encuentran en permanente contacto con un sistema signado por la corrupción, el delito y la ilegalidad. Deben recurrir muchas veces a estas prácticas para sobrevivir, o mejorar su situación dentro del encierro. Encima, la posibilidad de morir asesinado es 8 veces mayor dentro de lps presidios bonaerenses que fuera de ellos. Si bien los homicidios están en descenso, la superpoblación y la delegación del “gobierno” de los pabellones en los propios detenidos generan situaciones de violencia extrema donde la vida está en juego a cada minuto.

Otro de los dramas proviene de la situación social, ya que los penales también están poblados de jóvenes de los barrios más pobres con el futuro hipotecado. 

En lo que tiene que ver con las mujeres, el 68,2% se encontraba desempleada al momento de su detención, mientras que un 20,7% tenía un trabajo de tiempo parcial. Lejos de revertir estas realidades, las instituciones de encierro reproducen las desigualdades y estructuras dominantes que perpetúan las violencias sobre las mujeres, se señala.

A su vez, a la carencia generalizada de programas educativos y laborales, se suma que cuando existen ofertas de este tipo, según los organismos de derechos humanos “refuerzan los imaginarios culturales” que vincula a las mujeres a labores domésticas, limpieza, peluquería y cocina. “Se refuerza una mirada patriarcal que no permite pensar a la mujer en relación con el mercado laboral, que no considera sus capacidades, intereses o conocimientos previos por fuera de dichas tareas”.

LA FALTA DE EDUCACION ES NOTORIA

Los registros marcan que del total de presos en todo el país, el 62% tiene entre 18 y 34 años. Al quedar detenido, sólo el 8% tenía completo el ciclo secundario, el 18%  el secundario incompleto, el 38% completó el nivel primario, el 28% no lo había finalizado, y el 6% restante no había pasado por el sistema educativo. El 29% de los presos había estado detenido con anterioridad. Una vez que te toca, es difícil salir del laberinto penal de la reincidencia.

Las cárceles bonaerenses, como las federales, con el paso del tiempo se han convertido en depósitos humanos. Se las califica como calesitas del hacinamiento donde la sobrepoblación es récord. Por poner un ejemplo, el 60% de los detenidos no tiene condena firme. El uso excesivo de la prisión preventiva impacta sobre el sistema penitenciario que se encuentra totalmente colapsado y muchas de sus estructuras envejecidas, como la cárcel de Dolores, construida en el siglo 19. 

Según un informe de la CPM, la unidad 6 fue en 2018 la más sobrepoblada del Servicio Penitenciario Bonaerense alojando a 3,4 personas por cada plaza. Tiene una capacidad para 188 personas pero judicialmente se amplió ese número a 370, y ese año alojaba a 833 internos. En la actualidad se cuentan 937 presos, es decir, una población 5 veces su capacidad original.

Esta penitenciaría padece de todos los males que se están tratando en la mesa de diálogo sobre la condiciones de las cárceles, que es coordinada por el ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak. Se trata de una de las primeras medidas que tomó Kicillof al asumir como gobernador, debido a que se encontró con un sistema colapsado.
En Buenos Aires, el distrito más grande del país, a partir de la calamitosa situación que dejó María Eugenia Vidal, el ministro Alak se vio obligado a dictar la "emergencia". Se armó además una mesa con los organismos de derechos humanos para estudiar el caso de cada uno de los detenidos.

AUMENTA EL CONSUMO DE DROGAS

El problema de la superpoblación carcelaria en Buenos Aires se ve agravado por un dato estremecedor: en los últimos diez años aumentó un 300% el uso, abuso y adicción a los estupefacientes.

En la actualidad, unos 1500 internos bonaerenses son drogadependientes. Los números revelan situaciones escalofriantes: el 58% de los enfermos son reincidentes, casi el 87 por ciento son portadores del virus del SIDA y el ciento por ciento residía en el Gran Buenos Aires.
La gran mayoría, además, delinquió bajo los efectos del alcohol y las drogas -pastillas como el Rohypnol, marihuana y cocaína-; un 58% no terminó la escuela primaria, y la mitad pasó, antes de llegar a la cárcel, por institutos de menores, según un estudio de la Secretaría de Conductas Adictivas, que lleva adelante un programa de recuperación para drogadependientes instrumentado por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).  

DE LOS CANDADOS AUSENTES AL HAMBRE

 Vidal cuando asumió hizo marketing con el drama carcelario. Por ejemplo dijo que encontraron un sistema penitenciario abandonado y muchas celdas no tenían ni candados. También en aquella oportunidad cuestionó el estado del sistema tras el paso del gobierno kirchnerista: "Se hablaba mucho de derechos humanos pero 7000 presos dormían en el piso", aclaró. No obstante, la gobernadora se despidió con una denuncia por falta de comida en la mayoría de los penales. Hasta la propia Comisión Provincial por la Memoria difundió un durísimo documento sobre el deterioro en la alimentación de los internos con carne contaminada o en estado de putrefacción.

Hoy el ministro Alak se encuentra ante el enorme desafío de desactivar una bomba, dado que la sobrepoblación es del 100%. Es decir, que hay casi 50 mil detenidos en un sistema que tiene 23 mil plazas disponibles. Eso hizo que los internos realizaran una huelga de hambre en diciembre pasado, para visibilizar el crítico escenario. Entre otros dramas, la gestión de Vidal tuvo inconvenientes severos para darle comida suficiente a los detenidos, lo cual aumentó la tesión y el peligro de motines. 

Alak está convencido que "la política criminal actual es insostenible". "Es imprescindible descomprimir las cárceles bonaerenses que tienen una sobrepoblación récord y un hacinamiento que genera condiciones inhumanas de detención así como también luchar contra la tortura adentro de las cárceles", agrega la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de los encuentros con el ministro.
La política de Vidal agravó un problema que ya existía. No obstante, durante su mandato sumó 13 mil nuevos detenidos, a partir de una política criminal que tendió a judicializar a los sectores más vulnerables, arrojando, además, ningún resultado sobre la baja de la seguridad. Esa judicialización incluyó el abuso de la prisión preventiva. Así las cosas, de 49 mil presos, sólo la mitad tiene condena firme.

LAS PRISIONES PREVENTIVAS EN LA MIRA

El último relevamiento menciona que sólo entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 se contabilizaron 2.500 encierros más. De la totalidad hay 21.538 internos procesados, 21.855 condenados, 141 sobreseídos y 251 sin prisión preventiva; además de 207 hombres y 12 mujeres mayores de 70 años, 59 madres, una madre embarazada y 25 embarazadas; también, 1344 penados y 3417 procesados privados su libertad por delitos relacionados con la ley de estupefacientes.

Con ese panorama, la propuesta fue evaluar la posibilidad de conmutar penas a quienes alcanzaron los 60 años, cumplido la mitad de la condena y reúnan las demás condiciones para obtener la libertad condicional; mujeres con hijos menores de 5 años que hayan cumplido la mitad de la condena; sentenciados a una pena que no exceda los tres años y que hayan cumplido un tercio de la misma, y condenados a una pena que no exceda los seis años y que se encuentren usufructuando el régimen de salidas transitorias.
La Mesa Interinstitucional de Diálogo, creada mediante una resolución firmada por el gobernador, Axel Kicillof, funcionará como una instancia. Para las reformas hacen falta, en muchos casos, tramitaciones parlamentarias. El abordaje de la flamante administración estaría en consonancia con lineamientos plantados a nivel nacional por la gestión de Alberto Fernández, que incluye un capítulo específico sobre la aplicación de las prisiones preventivas. La Reforma Judicial anticipada por algunos funcionarios nacionales es mucho más compleja, pero existe en punto de ebullición en los laboratorios oficiales.

LOS DETENIDOS EN COMISARIAS
Algunas voces intentan persuadir. Paula Litvachky, integrante del CELS y de la Mesa del Diálogo, destacó la convocatoria del ejecutivo provincial y expresó que “lo importante son las medidas inmediatas que se van tomar para bajar el nivel de presión sobre el sistema de encierro y empezar a trabajar sobre la cantidad detenidos en las comisarías de la Provincia".
“Estos problemas son muy complejos, donde está en juego la entidad humana de la Justicia. Estamos tratando con personas, que por la circunstancia de estar privados de libertad no deben perder su condición de tales, principalmente su condición de dignidad. Tenemos que acercar la cárcel de la Constitución a la cárcel de la realidad”, dijo después el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos.
También participaron de la reunión los miembros de la Suprema Corte, José Villafañe; el defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano; la senadora, Agustina Propato; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el Capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasques; los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares; el Procurador General, Julio Conte Grand; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; entre otros.
DOS BAÑOS PARA 100 PERSONAS

La crisis económica agrava la situación porque las familias pueden llevar cada vez menos comida en las visitas, y si las unidades están lejos, asisten con menos frecuencia. Los traslados y cambios de penal de los internos hacen que se dificulten las visitas. La situación de las mujeres es peor todavía, porque reciben menos visitas y por lo tanto no tienen otra fuente de alimentación que no sea la del penal.   

El colapso carcelario es notorio, ya que hay un preso por metro cuadrado y dos baños para 100 personas

Con matices, hubo coincidencia en manifestar que se trata de la peor crisis humanitaria, "nunca antes vista", en los lugares de encierro. Involucra las 54 cárceles, 10 alcaidías y 483 comisarías. En las seccionales policiales hay 4.000 detenidos. La capacidad es menos de mil. La Suprema Corte las prohíbe, pero es letra muerta.
Sólo la Unidad de Olmos,  aloja 3.000 presos, cuando las plazas "permitidas" son 2.000.
La alcaidía de Junín sobre la ruta 188, por ejemplo, es una unidad relativamente nueva, fue habilitada en 2009, corresponde a régimen cerrado, con educación primaria y secundaria. Allí, en la entrada del establecimiento, hay un cartel que indica "424 plazas". En junio del año pasado, el Juzgado Nº2: notificó 958 alojados. Representaba, entonces, una sobrepoblación del 135,38 %, la mayor en todo el sistema.
La Unidad Nº 31, parte del complejo de cárceles de Florencio Varela, tiene capacidad para 442 presos: tenía más del doble en el mismo mes 2019. Registrados 982 presos; 122,17 % de exceso.
Todo supone recursos, más allá de la estadística. Hace un año el estado provincial gastaba 33 mol pesos por cada recluso. Ese monto se disparó en los últimos doce meses. La inflación cerró en el 54%. El Servicio Penitenciario saca cuentas. Por eso, Alak habla de la prioridad de alimentos y medicamentos. La palabra resocialización por el momento aparece como una abstracción, en medio de este escenario de escasez donde las personas pierden cada día la esperanza de un futuro mejor.