jueves, 28 de septiembre de 2017

El día que Rucci me reveló que Montoneros querían desplazar al general Perón del poder


Comentan que Perón prorrumpió en un llanto silencioso, difícil de describir. Fue durante aquel 25 de septiembre de 1973, al enterarse que habían asesinato a José Ignacio Rucci, el líder sindical, al que quería como a un hijo. No es para menos, Rucci se había inmortalizado en la historia con aquella foto cuando lo protegió de la copiosa lluvia, al descender la escalinata del charter que lo trajo del exilio. Fue la postal inolvidable de esa mañana lluviosa del 17 de noviembre de 1972. El destino me otorgó el privilegio de haber estado ese día en Ezeiza y luego de entrevistar a Rucci, unos meses antes del atentado con que la organización Montoneros, inexplicablemente le tendió la peor de las trampas, para quitarle la vida. Aquellos 23 disparos que penetraron en el cuerpo diminuto de Rucci, no sólo lo mataron, sino que significaron para Perón una puñalada en el corazón.
Rucci había nacido en la localidad de Alcosta, en Santa Fe, el 15 de marzo de 1924 y comenzó su carrera gremial en la fábrica siderúrgica SOMISA, de San Nicolás de los Arroyos-Ramallo. En 1960 asumió la Secretaría de Prensa de la UOM (Unión Obrero Metalúrgica), acompañando a Augusto Timoteo Vandor (asesinado en 1969), Paulino Niembro, Avelino Fernández y Lorenzo Miguel.
Cuatro años después, fue designado interventor en la seccional San Nicolás donde luego fue secretario general.
Era un hombre de una lealtad ciega y uno de los soportes en el que se asentaba el plan de Perón para recuperar al país y motorizar la economía. Los disparos que nublaron aquel mediodía cálido y soleado del 25 de septiembre de 1973, fueron el preludio de que se avecinaba en el país la violencia más sangrienta que se recuerde.
Unos meses antes de esa tragedia me entrevisté con Rucci. Tuve que pasar por siete puestos de control en el edificio de la UOM, hasta llegar a su despacho. Quienes lo custodiaban, eran hombres de civil armados con Itakas, preparados para la guerra.
Rucci me confesó que nunca dormía en el mismo domicilio y que alternaba con su familia, porque sabía que lo estaban siguiendo y no quería ser blanco fácil para la guerrilla. La guerra entre la izquierda y el sindicalismo ortodoxo, ya estaba declarada.
En el despacho de Rucci había colgado un gran cuadro del general Perón, ataviado con gorra y uniforme, montando aquel caballo pinto, una foto que hizo historia y que aparecía en muchos hogares peronistas.
Con una campera negra característica, (algunos lo llamaban “José Campera”) Rucci me reveló aquella vez con la acidez que lo caracterizaba que: “los montos lo quieren cagar al general. No son peronistas, son zurdos que vienen a quedarse con el poder y no se lo vamos a permitir. A Perón lo vamos a defender nosotros, los obreros. El movimiento sindical, es históricamente la columna vertebral del justicialismo. Ellos no han comprendido la doctrina del general y se abrazan más al marxismo”.
Rucci tenía plena conciencia de los riesgos que corría su vida. “Sería una tontería decir que no me preocupa. Pero de ahí no pasa. Yo tengo una obligación que me impide poder detenerme”, respondió el hombre de confianza de Perón que adjudicó las amenazas que constantemente recibía, al hecho de ser ” el secretario general de la CGT, peronista y consecuente con Perón.Tampoco he sacado diploma de cobarde. Pero tengo un solo temor: no ver las caras de los asesinos”.
A 44 años de su muerte, hay que decir que el asesinato de Rucci significó la antesala del infierno, en un país que inexorablemente era empujado al abismo por el aire irrespirable de la fractura ideológica y las armas.
Argentina venía de soltar amarras de una larga dictadura militar. Después de casi dieciocho años de exilio, Perón regresó al país en noviembre de 1972 y con él se abría la esperanza de un tiempo más próspero. Había designado un candidato, al dentista Héctor Cámpora, triunfante en las elecciones del 11 de marzo de 1973 y a quien llamaban “El Tío”. Cámpora luego fue desplazado del poder por el propio Perón, que lo acusaba de simpatías con la izquierda peronista encarnada por la guerrilla Montoneros.
También hay que decir que el regreso definitivo de Perón al país, el 20 de junio, había terminado en la masacre de Ezeiza. Tiempo después, las elecciones del 23 de septiembre habían consagrado al caudillo emblemático presidente y a su mujer, María Estela Martínez, vice. Perón quería terminar con las divisiones, los males y la crisis.
Pero en aquel momento nadie comprendió que su salud estaba muy deteriorada y que había venido a morir a la Argentina, no sin antes poner en marcha un sueño de reconciliación nacional. Todos en su entorno sabían que sus días eran contados, su mujer, sus médicos, algunos dirigentes sindicales, los jefes militares y, sobre todo, los líderes guerrilleros que abrigaban la idea de instalarse en el poder.
Dos días después de llegar a la Casa Rosada, Perón recibió la peor de las noticias, lo cual debilitó sus defensas. En horas del mediodía frente a una vivienda de la calle Avellaneda 2953, en el barrio de Flores, Rucci recibió 23 balazos en el cuerpo. Fue durante un operativo guerrillero planificado con absoluta precisión militar. Salía de una casa donde pasaba algunas noches e iba rumbo a Canal 13 para grabar un mensaje al país tras el triunfo electoral peronista, en el que diría: “Sólo por ignorancia o por mala fe se puede apelar a la violencia, a veces rayana en lo criminal, en un clima de amplias libertades”.
La acción comando que paralizó el pulso del país, denominada “Operación Traviata” y descripta por la publicación de montoneros Descamisados dio cuenta que : “Desde la vereda de enfrente, le fueron arrojadas varias granadas, de las cuales una, al menos, no habría explotado. Tras las granadas, Rucci y Ramón Rocha -un guardaespaldas que llegó con él desde San Nicolás- se parapetaron detrás de la puerta abierta del automóvil. Entre tanto, desde la casa en venta de Avellaneda 2951, a través de un agujero efectuado al cartel del primer piso, se le efectuaban los disparos que le ocasionarían la muerte”.
Rucci no era un sindicalista rico. Todo lo contrario. Muchos años después de su deceso, el histórico decano de los intendentes peronistas, el lanusense Manuel Quindimil, me confió que él ayudaba económicamente a la familia, porque Rucci vivía con lo justo.
El crimen de Rucci fue un error histórico que Montoneros pagó con creces. Fue el mismo Perón el que los echó luego de Plaza de Mayo, llamándolos “imberbes”. Y para ratificar su pertenencia, aquella jornada reivindicó al movimiento obrero “como el soporte principal del Movimiento Nacional Justicialista”. Rucci era un tipo frontal, duro y opuesto a cualquier idea de izquierda. Es más, algunos de sus guardaespaldas eran sospechados de estar vinculados a grupos parapoliciales. Tampoco le temblaba el pulso para enfrentarse con sindicalistas más progresistas, como el cordobés, Agustín Tosco. Más allá de todo, amigos y enemigos le admiraban la lealtad a Perón. Cuenta la leyenda, que el viejo caudillo lo quería como a un hijo.
En 2012, el juez Ariel Lijo determinó que: “Las evidentes deficiencias de las etapas iniciales de la investigación impidieron establecer la materialidad concreta del hecho” y que “se logró descartar la participación de miembros de la denominada Triple A y, además, se estableció la posible responsabilidad de miembros de Montoneros en el homicidio” descartando que el hecho sea delito de lesa humanidad y por consiguiente, imprescriptible.
Sin embargo, por la apelación de su familia, en 2013 la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación al considerar que el cierre de la causa era “prematuro”.
Ya entrado este siglo, algunas versiones afirman que el plan de Montoneros fue un operativo que llevó adelante FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), un grupo guerrillero de filiación marxista que impuso a la guerrilla peronista parte de su ideología, su espíritu y aparato militar. Montoneros nunca pudo reponerse del desprestigio que le provocó el asesinato de Rucci.
Meses después, el primero de julio de 1974 también se apagó la vida de Perón, visiblemente amargado por este hecho. Tras ello, el país se deshilachó en la larga noche de la dictadura militar más sangrienta de la historia, con la llegada de los años de plomo.

El "libro negro" del "Pata" Medina y el fin de época para dirigentes mafiosos y millonarios

"La detención de Juan Pablo "Pata" Medina y de parte de su entorno, no es otra cosa que un mensaje alentador para una sociedad que quiere vivir en paz", dice Jorge Joury en esta nota..



No le sirvió armarse su propio y delirante "17 de octubre". Tampoco pertrechar a su tropa con bombas molotov, piedras y palos para resistir a las fuerzas federales. Menos, amenazar con "quemar la Provincia". Toda esta secuencia, propia de una película de terror, desbordó el vaso y la Justicia se le vino encima como un huracán. La detención de Juan Pablo "Pata" Medina y de parte de su entorno, no es otra cosa que un mensaje alentador para una sociedad que quiere vivir en paz. Significa comenzar a alentar la esperanza de un fin de época para lo más oscuro del sindicalismo apretador y millonario, que se sirvió de la buena fe de los trabajadores, para el armado propio de negocios turbios. Podríamos decir sin exagerar, que Medina no conocía límites, ni los aceptaba. Era una suerte de dios pagano que se llevaba todo por delante. También llegó a amenazar en su momento al actual ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Dijo que le iba a quemar el edificio sino lo recibía. A su onda expansiva, tampoco escapó la propia María Eugenia Vidal, cuando le movilizó a su ordalía hasta las puertas de la gobernación.

Aacusado de poseer numerosas propiedades, autos de alta gama, un yate y hasta un avión, la justicia sospecha que Medina habría armado una suerte de "asociación ilícita", junto a su actual mujer, Fabiola García, también detenida. García, considerada la mano derecha de su marido en todas sus acciones y a quien llamaban "La dueña", es una ex oficial de la Policía Bonaerense, que hasta el año pasado percibía un plan de ayuda social, pese a detentar una posición adinerada. También regenteaba con una actitud prepotente, una poderosa FM local, dotada de la más alta tecnología en un piso de un coqueto edificio ubicado frente a Plaza Passo.
El "libro negro" de Medina, está cargado de una larga lista de antecedentes violentos, enfrentamientos con la policía y problemas judiciales.
El cacique sindical, que hace 20 años calentaba su sillón en la sede de la UOCRA, fumando un largile (una suerte de gran pipa árabe) como si fuera un sultán, hace cinco meses que viene siendo investigado por lavado de dinero y asociación ilícita. Las pruebas que lo señalan, son la presión a las obras constructoras donde él disponía quiénes trabajaban y obligaba a qué sus propias empresas se encargaran del sistema de viandas.
Con la detención del clan Medina, también los vecinos de la calle 44 entre 4 y 5 se liberaron de la pesadilla del estrepitoso sonido de los bombos, de los cortes cotidianos de calles y de que hasta les orinen los zaguanes de sus viviendas.
El propio presidente Mauricio Macri dijo sobre el hecho, que "ya no hay lugar en la Argentina para actitudes mafiosas" y el fiscal federal Guillermo Marijuan acercó otra mala noticia para el sindicalista, por considerarlo a prima facie autor del delito de intimidación pública.
Marijuán tomo como soporte de su denuncia, al discurso que pronunció Medina desde el balcón de la sede de la UOCRA: "Si quieren al Pata preso, vengan, les vamos a prender fuego la Provincia". También citó Marijuan la frase en la cual el dirigente les pide a sus seguidores que "no se comporten pacíficamente". Para el funcionario judicial, en el marco de ese discurso, el líder de la UOCRA incitó a sus seguidores a comportarse de manera violenta, infundiendo temor público, circunstancia por la cual las personas que se hallaban presentes en ese lugar, exhibieron bombas molotov y a los gritos, ratificaban que la conducta que iban a seguir era la que le sindicaba su dirigente gremial".

A efectos de probar la imputación, el fiscal solicitó que se libren oficios para que los canales de televisión que registraron las declaraciones de Medina aporten los videos registrados en La Plata. Por lo que trascendió, a Medina le espera una prolongada estadía tras las rejas. Hasta el momento, la Policía de la provincia de Buenos Aires ha detenido a 6 personas en el marco de otra causa iniciada bajo carátula de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Se trata de María Fabiola García, esposa del "Pata", conocida como "La Dueña" (47 años). Se cree que regenteaba el papel de las mujeres en las obras y las obligaba a hacer una suerte de espionaje. Además, Pablo Nicolás Neves, segundo de Garcia (40 años): está acusado de extorsionar a los empresarios. Luego vienen. Marianela Luján Pagnoni (28 años), hija de Fabiola, responsable de una empresa de catering.Agustín Facundo Medina, hijo del "Pata" Medina, 27 años y Federico Miguel Angel, contador, 65 años. Casimiro Gómez, presunto recaudador de los negocios del "Pata", que estaba bajo las órdenes de uno de los hijos del sindicalista, apodado "Puli".
Por lo que trascendió de fuentes confiables, la policía bonaerense secuestró documentación, computadoras, teléfonos celulares y vehículos de las empresas allanadas.
El apocalipsis del "Pata", llamado así por calzar número 47, comenzó a principios de septiembre, cuando la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, recibió una denuncia que agravó la causa que tenía Medina por intimidar a los tiros con sus obreros y paralizar una obra ferroviaria del Roca en la estación Pereyra. El anónimo, describía una supuesta maniobra de lavado de dinero y ocultamiento de bienes de parte de Medina. Cavallo entonces pidió ayuda a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera (UIF). 
En esa oportunidad, le enviaron información que dejaba al descubierto que la empresa "Abril Catering", en lugar de vender sandwiches de miga que se repartían en las obras, hacía enormes operaciones de cambio de cheques por efectivo sin estar autorizada por el Banco Central.
Posteriormente, se puso bajo la lupa a los directivos Juan Horacio Homs, Liliana Beatriz Frontan y Gabriela Betsabe Masselos (pareja del primero). Allí se determinó que Abril tenía a su nombre cuarenta vehículos de alta gama, camiones utilitarios, un avión y un barco, y se sospechó que todo formaba parte de una “pantalla” del gremialista.
La fiscal Cavallo sostuvo que los fondos de "Abril Catering" provenían de maniobras financieras ilegales y extorsiones de Medina y su pareja.
La investigación cobró otra dimensión. Según fuentes sindicales, Fabiola García "era el nexo del “Pata” con un sector de la policía bonaerense" que, por ejemplo, hace diez años le permitió tomar la destilería de YPF de Ensenada y luego retirarse sin una sola denuncia en su contra. Hay que decir también que las demandas gremiales incrementaron el costo de la obra en 300 millones de dólares.
Pero la frutilla del postre, la colocó la gobernadora María Eugenia Vidal, al rechazar la homologación de un acuerdo salarial entre la UOCRA del “Pata” y la constructora Coninsa -que había ganado la licitación para la refacción de la estación de Pereyra- que suponía que el Estado pagara un sobre costo por las demoras y otros problemas ocasionados por el mismo sindicalista.
El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas reveló en las últimas horas que “nosotros le hemos puesto reglas a Medina y su gente, porque cuando llegamos, el ministerio era una escribanía de la UOCRA". El funcionario agregó que "venían los empresarios después de haber pasado por sesiones de ablande con el gremio, donde se violaba la libertad de contratación, de empresa y de los trabajadores que también estaban obligados a seguir esas reglas”.
En diálogo con Radio Mitre, el ministro afirmó que esta gestión, “le puso las reglas a Medina y su gente.Nadie está preso por defender los derechos de los trabajadores. Y yo, como laboralista, tampoco lo permitiría", remarcó Villegas.
El ministro habló de “connivencia” del poder político (Scioli-Bruera) con este referente sindical, y remarcó “se le permitió hacer todo, porque después eran los señores que se subían a los micros y llenaban los Estadios para hacer actos políticos, porque ha habido una connivencia entre buena parte de la dirigencia política, el sindicalismo y hasta algunos jueces que han mirado para otro lado”.
Respecto a la causa judicial y la situación concreta de la obra pública en La Plata, Villegas afirmó que “la ciudad tiene paralizadas obras públicas y privadas. Se exigían cuotas adicionales llamadas camping porque se desviaba el dinero para esas construcciones en el centro recreativo de Punta Lara y se inducía la contratación de determinadas empresas para que presten servicios en las obras".
"Todo esto hace que en la industria de la construcción en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada tenga un 40 por ciento más de costo el metro cuadrado y que hoy una ciudad como La Plata, que debería 600 o 700 obras en curso, tenga menos de 80 y trabajando a escondidas teniendo que cerrar las obras hasta nuevo aviso”, finalizó Villegas.
Otro de los capítulos de esta historia alucinante, se sumó en las últimas horas, al conocerse la aparición de una cumbia que apareció en las redes sociales, en la que se insólitamente se ponen de relieve algunos valores que supuestamente tiene y representa el titular de la UOCRA La Plata.
El tema hace referencia a que "“Sufrió persecuciones, la cárcel y el dolor”, resaltando que “levanta la bandera de Evita y de Perón” y con una frase que es toda una definición: “Le sobran huevos, le sobra corazón”.
La "cumbia del Pata", de la que se desconocen los autores tanto de la música como de la letra, comienza con "El pueblo unido jamás será vencido si siempre lucha por la liberación. Así es el Pata, orgullo de su gente, que lo ama con locura y lo sigue hasta la muerte”.
El tema también amplifica la figura de El Puli (Agustín, el mayor de los hijos de Medina), uno de los investigados en la causa. En el largo período tras las rejas, por lo menos Medina tendrá que conformarse con propia música, que no es la tumbera. Pero atención, que con Medina no se cierra la cuenta. Hay otros sindicalistas en la lista del Gobierno. Uno pertenecería a un poderoso gremio de la capital y sería dueño de una radio y un conocido medio gráfico. El otro, un dirigente de un sindicato afín a la lechería. Continuará.

martes, 26 de septiembre de 2017

Algo huele mal en la guerra por Farmacity: Vidal toma distancia y se mete Lorenzino

La pelea ya lleva cinco años. Pero los cimientos del Colegio de Farmacéuticos bonaerense han vuelto a crujir en los últimos tiempos. Hay motivos más que suficientes para preocuparse.



La pelea ya lleva cinco años. Pero los cimientos del Colegio de Farmacéuticos bonaerense han vuelto a crujir en los últimos tiempos. Hay motivos más que suficientes para preocuparse. La poderosa cadena Farmacity, esta vez se encuentra cerca de arrojar su ancla en el próspero océano de los medicamentos, siempre y cuando la Corte Suprema de la Nación le de vía libre. Frente a este cuadro de situación, las 4.500  farmacias de la Provincia, se encuentran en alerta y planean enviar cartas a los ex gobernadores de los últimos 30 años. Creen que el tanque de guerra que tiene más de 300 locales en todo el país, intenta entrar por la ventana, como lo hizo en Chile, e ir por todo para quedarse con la enorme caja, con normas “a su medida”. Además, aseguran que hay un “avasallamiento contra la ley provincial”. La normativa establece que no puede haber una farmacia a menos de 300 metros de otra. “No planteamos que no entren, sino que lo hagan con los parámetros vigentes. Quieren hacer como una sociedad anónima y la ley establece que tiene que haber un titular”, explicó la presidente del (COLFARMA) y titular de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), María Isabel Reinoso.
Conviene aclarar, que la ley permite empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro (mutuales), pero le cierra la puerta a la Sociedad Anónima. “Estamos solicitando que eso cambie porque la empresa trata de promover la prestación de un servicio de salud. Queremos que se respete la posibilidad de que haya competencia”, disparan desde Farmacity. “En el único caso en el que no hemos podido entrar es en la provincia de Buenos Aires”, agregan.
Algo huele mal en esta nueva acometida. A tal punto, que hace pocos días, el periodista y escritor Jorge Asis, dio a entender en el programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino, que el caso Farmacity y su cordón umbilical con el poder, puede convertirse en una piedra en el zapato para el oficialismo, porque podría generar un escándalo de proporciones y un dolor de cabeza para la gobernadora. Tal vez por ello, María Eugenia Vidal decidió tomar distancia de la pulseada y  dejó que en definitiva sea la  Suprema Corte de la Nación la que decida.
 
LORENZINO SE METE EN LA PELEA
 
En la guerra también se metió el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien confirmó que el organismo a su cargo se presentará ante la Justicia para apoyar el reclamo del Colegio de Farmacéuticos debido al posible desembarco de Farmacity.
“Priorizamos a la gente por sobre la rentabilidad, y nos apoyamos en las leyes que regulan el funcionamiento del sector, las cuales nacieron con el apoyo de todos los sectores políticos y son el resultado de un profundo trabajo a conciencia sobre la importancia de las farmacias”, sostuvo Lorenzino.
Tras un encuentro que mantuvo en las últimas horas con la titular del Colegio de Farmacéuticos provincial, María Isabel Reinoso, el defensor del pueblo expresó que intervendrá en la causa bajo la figura del amicus curiae para apoyar el reclamo de esta entidad ante la eventual instalación de la firma. En esa dirección, Lorenzino precisó que “los medicamentos son bienes sociales, por lo que nos oponemos a que se adopten medidas que vayan en contra de esta idea. Se tienen que respetar las normas y que se priorice la salud por encima de todas las cosas”. 
 
"NO QUEREMOS SER CHILE"
 
A todo esto, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Marcelo Fabían García, interpretó que “la Corte Suprema no debería ni tomar el caso, porque tendría que valer una decisión de una Corte provincial”.
García aseguró que frente a este diferendo, “el poder político está influenciando a la Justicia para decidir algo” y advirtió que “de modificarse el artículo 3 de la Ley 10.606, se afectaría directamente a la distribución sanitaria de las farmacias en la Provincia de Buenos Aires”.
“En La Plata, por ejemplo, hay farmacias en el casco urbano, en Gonett, Villa Elisa, City Bell, Los Hornos, Parque Sicardi, Villa Elvira, y cada vecino tiene una cerca de su casa. Si se modificara la ley permitiendo la instalación de Farmacity, nuestros locales tendrían la posibilidad de mudarse a cualquier lado y se concentrarían en los lugares más densamente poblados dejando sin acceso al medicamento a las zonas donde hay poca población. Se perderían las farmacias en la periferia”, agregó.
Además puntualizó  que “hay que tener en cuenta que hoy en día, la gente de los barrios más alejados recurre a la farmacia como el primer centro asistencial de salud al que tiene acceso con un profesional que le brinda un asesoramiento integral, no solo de la medicación”.
“No queremos convertirnos en Chile, donde hay dos cadenas que manejan el mercado y han desregulado todo de tal manera que ya no hay acceso al medicamento para todos los ciudadanos”, cerró el dirigente. 
 
UN TANQUE DE GUERRA QUE AVANZA
 
El negocio farmacéutico es multimillonario y codiciado para muchos frentes. Las cifras que mueve, según un informe realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) revela que durante el primer semestre de este año, la industria logró 45.518,5 millones de pesos de facturación neta, un 28,2% más que 2016, cuando había conseguido una ganancia de 35.498,6 millones de pesos.
Farmacity, después de una pulseada que lleva cinco años,  quiere aprovechar esta vez su momento de cercanía con el Gobierno para iniciar su cabecera de playa. Fundada por el influyente vicejefe de gabinete Mario Quintana, la empresa plantea que es víctima desde hace años de una suerte de confabulación entre la industria de los medicamentos (con Roemmers a la cabeza) y las farmacias chicas y medianas, ante la mirada pasiva del PAMI. Con ese argumento, reflotó su queja ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio, quien pocos años atrás había fallado en su contra.
Lo que se comenta, es que ahora, ante un nuevo clima político, la Comisión podría darle razón a Farmacity en su reclamo multimillonario. De resultar así, se favorecería la concentración y expansión de esa cadena de sucursales, según afirman los representantes de las demás farmacias.
Farmacity es una empresa argentina fundada en 1997 y es parte del Grupo Pegasus. Cuenta con un autoservicio desde sus góndolas y tiene alrededor de 5 mil empleados, y más de 300 locales en todo el país. Además, otro tema que preocupa a los farmacéuticos bonaerenses, es que se caracteriza por estar abierta las 24 horas.
 
EN CASO LLEGO A LA CORTE
 
Por estas horas, la  pelea de Farmacity por instalarse en la provincia de Buenos Aires bajo sus propios términos llegó a la Corte Suprema. La empresa presentó un recurso de queja y la Corte pidió el expediente el pasado 23 de agosto para definir si tomará el caso.  Hay que subrayar que uno de los jueces no participará de la decisión, si es que la Corte decide analizarlo. Se trata de Carlos Rosenkrantz, quien se excusó porque fue uno de los abogados patrocinantes de Farmacity.
“Nosotros lo habíamos recusado. El se excusa de votar pero es su causa”, señalan desde el Colegio de Farnacéuticos bonaerense. Para calmar las aguas, fuentes del máximo tribunal aseguran que  hoy el expediente “no figura entre los casos prioritarios y trascendentes”. Esto quiere decir que no se trataría en los próximos seis meses a un año. Sin embargo, para el Colegio Farmacéutico bonaerense, los tiempos se aceleraron. “Es un caso provincial. Sorprende que la Corte Nacional pueda tratarlo”, explicó María Isabel Reinoso, la presidente del Colegio. En el Tribunal Supremo aclaran que, como está involucrado el Estado provincial, es de su interés. 
La cadena llevó adelante desde 2012 un reclamo judicial contra el Estado provincial donde el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires es una tercera parte interesada. Los tribunales bonaerenses de primera instancia, apelaciones e incluso la Corte provincial rechazaron la instalación porque no respeta la ley vigente. Ahora la pelea se traslada al ámbito federal.
 
NO QUIEREN FARMACIAS SHOPPING
 
Para los farmacéuticos bonaerenses, existen "manos negras". Apuntan también a la influencia del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana para que el trámite prospere en rápido curso.Pero en el entorno del funcionario reiteraron que Quintana vendió su participación en Pegasus, el fondo que controla a Farmacity. Además, aclaran que “las políticas de salud no pasan por su área en el Gobierno”. Lo que preocupa, es que Delivery Farmacity, sin autorización para ser farmacia, desembarcó en la provincia con Simplicity, una cadena de perfumería. 
En su página web, la cadena también ofrece delivery “a capital y el Gran Buenos Aires”, pero aclaran que “es exclusivo para productos de consumo porque la ley prohíbe la entrega de medicamentos fuera del local”. 
Para la presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, María Isabel Reinoso, la decisión de la Corte de tomar el recurso en queja “genera preocupación y sorpresa. La salud es un área reservada a las provincias. Esta empresa inició una demanda en 2012 y perdió en tres instancias, en el último la Corte Suprema bonaerense que resolvió que la ley está vigente y es perfectamente constitucional”, dijo Reinoso.
“Nosotros no concordamos con el modelo de farmacia shopping, que Farmacity quiere traer a la Provincia, porque entendemos que la farmacia es un centro de salud destinado a la dispensa y a los servicios que tienen que ver con la prevención, educación sanitaria y la cura de enfermedades”, aclaró Reinoso.
 
CRECIERON AL CALOR DEL MACRISMO
 
En julio del 2016, el máximo tribunal de la Provincia rechazó por unanimidad un recurso extraordinario que había presentado Farmacity contra un fallo de primera instancia, ratificado en segunda.
En la Provincia, la Ley 10.606 establece que las farmacias deben ser propiedad de farmacéuticos restringiendo a las sociedades anónimas, regula la instalación de las mismas de acuerdo con parámetros demográficos y geográficos y prohíbe posiciones dominantes en el mercado que redunden en perjuicio del derecho a la salud.
Lo que preocupa a los farmacéuticos bonaerenses es que Farmacity creció al calor del macrismo en Capital Federal y desde hace años intenta dar el salto a Provincia. “Estos últimos días, nos enteramos que la Suprema Corte de la Nación tomó un recurso en queja cuando todos preveíamos que lo iba a desechar”, expresó la titular del Colegió de Farmacéuticos.
“Esta ley permitió la instalación de farmacias en cada rincón de la provincia donde un vecino necesita medicamentos. Actualmente hay 4.500 farmacias distribuidas racionalmente en todo el territorio bonaerense”, agregó.
En caso de modificarse la ley, para Reynoso “pasaría lo que ocurre en Chile o en CABA, dejarían de existir farmacias en cada barrio para pasar estar solo en las avenidas o calles principales. Desde el punto sanitario es un gran retroceso, esta ley es tomada como ejemplo por la OMS”, y alertó: “Hay otras provincias que se rigen por la misma legislación y también estarían en peligro”.
 
VIDAL NO QUIERE PIROTECNIA
 
En La Plata, la gobernadora María Eugenia Vidal tomó distancia del tema. Ni ministros ni legisladores tienen bajada de línea al respecto, dijeron fuentes confiables. Voceros de la Legislatura manifiestan que desde el Ejecutivo no solicitaron ningún proyecto que modifique la legislación actual para darle luz verde a la empresa de Quintana.
En el entorno del ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, también dejaron trascender que no existe ninguna política concreta sobre el tema. Scarsi asumió hace dos meses y heredó la polémica de la gestión de Zulma Ortíz,que paradójicamente había llegado al gobierno por recomendación de Quintana. Por ahora el nuevo ministro no se pronunció sobre el tema.
Pero cuando el río suena, empieza a levantar olas. Tal es así que el nuevo presidente del Pami, Sergio Cassinotti, cercano a Vidal, es favorable a la cadena que fundó Quintana. Cassinotti viene del Ioma bonaerense y llegó a su nuevo cargo tras un durísimo conflicto entre el vicejefe de Gabinete y el anterior director de la obra social de los jubilados, Carlos Regazzoni, a quien acusaba de ser funcional a los laboratorios, sus eternos enemigos. Esa es la pelea de fondo.
Los laboratorios no quieren que Farmacity siga concentrando cuotas de mercado, porque creen que tendría así el poder para imponerles fuertes rebajas. El líder de la pelea contra la cadena es Roemmers, un hueso duro de roer.
Reinoso también disparó contra Quintana y recordó que en 2012, cuando se inicia la acción judicial de la empresa él era CEO de Farmacity y que hoy es accionista de la empresa, denunciando que ahora con el poder de ser un funcionario clave del gobierno podría empujar un fallo favorable de la Corte. Las aguas bajan turbias y los intereses son mayúsculos, como para ir presagiando nuevos capítulos explosivos.

lunes, 25 de septiembre de 2017

Vidal le declara la guerra al "Pata" Medina y la CGT local amenaza con un paro general

Hace un tiempo que vienen agitándose con insistencia los rumores de que el Gobierno podría intervenir la filial de la UOCRA La Plata y el "Turco" Joury cuenta todo en esta nota.



Hace un tiempo que vienen agitándose con insistencia los rumores de que el Gobierno podría intervenir la filial de la UOCRA La Plata. Las actitudes desafiantes del polémico dirigente Juan Pablo "Pata" Medina, fastidian a la gobernadora. Es más, la propia María Eugenia Vidal, tendría la intención de ponerse al hombro esa batalla, aún a riesgo de que le la CGT regional, que se declaró en estado de alerta, le conteste con un paro general. Vidal está preocupada, porque en una etapa donde han comenzado a florecer las obras, los empresarios platenses siguen quejándose de "aprietes" gremiales, lo cual los paraliza para seguir motorizando nuevos emprendimientos, señaló una fuente responsable. Además, los vecinos de la avenida 44 entre 4 y 5, donde está instalada la sede de los constructores, se sienten rehenes de los cortes diarios de la arteria y del batifondo que meten los trabajadores con sus bombos y cánticos. "Hay muchas propiedades en venta en la cuadra, pero nadie las quiere, pese a que nuestras viviendas hoy cuestan la mitad de su valor real", señalan los desilusionados moradores de la zona.
Frente a esta posible ofensiva del oficialismo, la CGT local se puso codo a codo con Medina y denunció lo que calificó de "persecución judicial que sufren algunos dirigentes". Durante un cónclave reciente, se coincidió en que "cualquier ataque a un secretario general, será considerado una afrenta contra el movimiento obrero en su conjunto, por lo que si tocan a uno, tocan a todos". De este modo, se planteó implementar una serie de medidas de fuerza que logren evitar cualquier embestida política contra los sindicatos.
A lo largo de todo el encuentro, se dejó en claro que ante cualquier ofensiva contra el líder de la UOCRA platense, los gremios se comprometen a llamar a un paro general regional, "como una forma de frenar la persecución que se viene llevando adelante contra el dirigente sindical".
UNA SITUACION PARALIZANTE
En los pasillos de la gobernación se comenta que Vidal no quiere "comprar un problema en plena campaña electoral", pero después de las elecciones "está dispuesta a ir por la cabeza del "Pata" Medina". El diario centenario de la ciudad, de fuertes relaciones con el mundo empresario, hace pocas semanas planteó la preocupación del sector, al titular su primera plana con la paralización de cinco edificios.
El titular de la UOCRA platense es apuntado por empresarios de la construcción por supuestas prácticas extorsivas en las obras. En una tensa audiencia que se realizó semanas atrás con pymes del sector, corralones y arquitectos, se acusó, entre otras cosas, a dirigentes del gremio de ingresar armados a los lugares de trabajo para imponer condiciones y forzar la contratación de afiliados.
Los observadores señalan, que hay tres hechos puntuales que dan cuenta que una avanzada contra Medina ha comenzado a germinar desde el poder provincial. El primer detalle a tener en cuenta, es un fallo de la Justicia que ordenó al dirigente a liberar las cinco obras que mantenía paralizadas en la ciudad. Otro aspecto, es la decisión de los empresarios de hacer públicas sus críticas hacia el líder de la UOCRA y un reconocimiento -por ahora en off the record- por parte de funcionarios del gobierno que sostienen que "Medina atenta contra la celeridad que Vidal le quiere imprimir a las obras".
Comentan también que a María Eugenia Vidal le cayó muy mal un incidente reciente protagonizado, por la esposa del secretario general de la UOCRA, Fabiola García. Fue cuando la gobernadora visitó el avance de las obras en la planta potabilizadora de ABSA en Punta Lara. Aquella vez, cuando un grupo de vecinos, periodistas y trabajadores del Astillero Río Santiago nucleados en ATE buscaban entablar un diálogo con la mandataria provincial, Fabiola García irrumpió abruptamente en el lugar. Al ser contenida por la custodia, la mujer denunció a tambor batiente que Vidal "le puso una perimetral a los trabajadores y trabajadoras que están reconstruyendo esta Planta. Puso un vallado y no se acerca al pueblo. No se roza con la gente, una vergüenza que traten al laburante del modo que lo están haciendo, como si fuesen delincuentes”, disparó García.
Visiblemente enojada, por lo que llamó " falta de diálogo y ninguneo", la veedora del gremio de la construcción añadió: “Vienen por todo, por los convenios colectivos de trabajo, son explotadores, oligarcas y neoliberalaes. Esto parece la época del Proceso, quieren debilitar a los gremios para que los trabajadores no tengan representación, desaparecen ciudadanos como Maldonado”.
CONSTRUIR EN LA PLATA ES MUY CARO
García, mujer de carácter, también comanda la radio FM Sonia. La emisora del gremio, de alta tecnología y alcance territorial, funciona en un moderno edificio situado frente a la plaza Paso y tiene una fuerte penetración en el aire de La Plata. En relación al rumor de que iban a buscar a Medina para detenerlo, Fabiola García respondió: “Hay 8 mil afiliados con sus familias plantados cuidando la herramienta del trabajo, no van a entregar a su líder, lo quieren venir a buscar para llevárselo preso sin fundamentos, solo por defender los derechos laborales conquistados y no pactar con el Gobierno de turno”.
Por lo pronto, la versión de una posible intervención al gremio suena cada vez más fuerte en la capital provincial, algo que los empresarios de la construcción ven como la salida más eficaz al conflicto. También el periodista Fernando Carnota, que integra el panel del programa Animales Sueltos, ya en varias ocasiones ha dado cuenta del rumor como "una posibilidad cierta en el corto plazo".
Los empresarios de la construcción, también han puesto el grito en el cielo por los costos que se manejan en la capital provincial, que según sostienen, "son un 60 por ciento más caros que en el resto de la Provincia".
Desde la Asociación de Pymes de la Construcción de Provincia de Buenos Aires (Apymeco), aseguran que construir en la capital provincial es un 60 por ciento más caro que en el resto de la provincia. "Muchas empresas dejaron de invertir en La Plata y alrededores porque los números no cerraban", disparó José Del Río, titular de esa entidad.
Esos mismos voceros, añadieron además que los costos también se trasladan a la obra pública. "El municipio tuvo varias licitaciones desiertas porque muchas empresas no quieren venir a trabajar a La Plata", dijo Del Río.
Los empresarios manifiestan que en la ciudad de las diagonales, la obra pública privada está paralizada. Mientras en el país hubo una mejora del 20 por ciento, en La Plata disminuye.
Los costos para las empresas trepan como consecuencia de una suerte de "convenio de paz social" acordado en su momento entre el gremio y el entonces gobernador, Daniel Scioli y el intendente Pablo Bruera.
CONDICIONAMIENTOS PARA LAS EMPRESAS
Ese acuerdo, obligó a las empresas a hacerse cargo de una serie de condicionamientos que están por fuera de los requisitos tradicionales. Entre ellos pagar viáticos a los obreros, premios en dinero al finalizar la obra y a contratar mujeres para ocuparse de la limpieza y el servicio de comidas.
"En ese momento, los empresarios cedieron porque Medina había paralizado 614 obras en la capital provincial", dicen desde Apymeco.
Para marcar diferencias, tanto desde el gobierno de Vidal como del entorno del intendente de La Plata, Julio Garro, desestiman cualquier posibilidad de alianza con Medina. En la gobernación el horno no está para bollos. "El Pata Medina es una piedra en el zapato para las obras, en momentos en que la economía está arrancando", sostienen las primeras espadas de Vidal. Desde el municipio alientan el mismo discurso, incluso reconocen que la UOCRA frenó varias obras de la comuna en la ciudad y en la República de los Niños.
Días atrás, la Justicia de La Plata ordenó a Medina liberar los accesos de cinco obras del centro de la capital provincial que la UOCRA mantenía paralizadas desde mediados de agosto.
La resolución fue dictada por el juez de Garantías, Pablo Massi, quien impartió instrucciones a la fiscal Ana Medina el inmediato cumplimiento de la medida que llama a ese gremio a cesar con las obstrucciones a los obradores y las intimidaciones a los trabajadores de esas obras.
Los memoriosos recuerdan que los gobiernos de Daniel Scioli en la provincia y de Pablo Bruera, en la ciudad, mantuvieron un fuerte pacto con el Pata Medina. De hecho, el líder sindical y sus afiliados participaron de manera activa en favor del entonces candidato presidencial durante la campaña.
Pero los tiempos han cambiado. Los empresarios sostienen que la gestión de Vidal "aportó soluciones" y reconocen que en la presentación judicial para liberar las obras de La Plata ocupadas por la UOCRA, el ministerio de Trabajo bonaerense "tuvo una postura muy firme que otras gestiones no se animaron a encarar".

martes, 19 de septiembre de 2017

La plaga de los narcopolicías en foco por nuevas amenazas contra la gobernadora

¿Son señales atemorizantes del narcotráfico, con la complicidad de la maldita policía?. La pregunta por ahora es una de las hipótesis más fuertes que recorre los despachos del Ministerio de Seguridad bonaerense.



Allí se investiga la amenaza de muerte anónima que sufrieron hace unos días el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal durante la visita a La Matanza. Los investigadores temen que este hecho forme parte de otro plan para meter miedo, a menos de 40 días de las elecciones de octubre. Ya son una cadena los actos intimidatorios que viene denunciando el gobierno bonaerense desde el año anterior. Hay quienes aseguran que en el frente de sospechas, la balanza se inclina hacia el accionar de los denominados narcopolicías, considerados una suerte de plaga dentro de la fuerza. Las últimas estadísticas alertan que dos efectivos son apartados a diario por sus vínculos con la mafia que regentea el oscuro negocio de la droga. Mientras tanto, hay todavía episodios que permanecen en la más absoluta nebulosa, como la intrusión de policías al despacho de la mandataria, el ingreso a la residencia del jefe de Gabinete, Federico Salvai y el incendio de los autos frente al Ministerio de Seguridad.
La historia arrancó en junio del año pasado, cuando el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, denunció en ese momento que dos policías habían sido encontrados revolviendo papeles en el despacho de la gobernadora y de su secretaria privada. El jefe de la custodia en ese momento fue desplazado.
Una semana después, llamativamente desconocidos entraron a la residencia del jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai, en pleno centro platense. Fue un simulacro de robo a título de mensaje mafioso. Revolvieron todo, pero no se llevaron nada. La justicia obtuvo una filmación donde se ve a personas ingresando a la vivienda, pero nunca logró identificarlas.
El último episodio fue el incendio de dos autos con bidones de nafta en las puertas del Ministerio de Seguridad durante la noche de terror del 24 de agosto pasado después de la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado. Ritondo lo calificó de "atentado", pero tampoco hay detenidos por ahora, pese a que se habló con insistencia que estaba en foco un policía de la zona de Tigre. En total se relevaron 90 cámaras diseminadas por el lugar, ya que el Ministerio no tiene una propia en el sitio donde ocurrieron los hechos. Se encontró una filmación que muestra a dos jóvenes con capucha que caminan con bolsas que podrían contener los bidones. La calidad de la imagen es baja y no permite identificarlos, explicaron fuentes judiciales.
 
UN MAR DE UNIFORMES MANCHADOS
 
Tampoco se puede pasar por alto, el incendio intencional registrado el 12 de octubre del año pasado, contra el edifico del Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín donde se tramitan causas por narcotráfico. En aquella oportunidad en la terraza de la propiedad ubicada en la calle Yapeyú 1922, se encontró un mensaje intimidatorio para la mandataria provincial en el que le advertían que "no se meta más" con San Martín y con la droga. 
San Martín es considerado uno de los territorios narco más calientes del conurbano, donde está probado que la policía local tiene íntima relación con los jefes mafiosos. 
En el Ministerio de Seguridad bonaerense tienen bajo la lupa cifras preocupantes. Señalan que en los primeros siete meses de este año aumentó 32% la cantidad de policías que fueron sancionados por estar implicados en tráfico de droga, actos de corrupción, apremios ilegales, robos o faltas graves, como perder el arma o negarse a cumplir órdenes.
Los datos mencionan que entre enero y julio de este año hubo 3.141 hombres fueron apartados, suspendidos o incluso detenidos. Se trata de 763 más casos que los notificados en el mismo período de 2016, cuando 2.378 uniformados recibieron alguna clase de sanción.
Desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de agosto pasado se abrieron 15.080 sumarios. Como cada uno de esos expedientes involucra, por lo general, a más de dos efectivos, el número de investigados supera los 30 mil policías, es decir, más de un tercio de la fuerza, una cifra récord en la historia policial bonaerense. De ese mar de uniformes azules, 5.968 fueron apartados por distintas irregularidades.
Entre estos últimos figuran, por ejemplo, los jefes de la Dirección de Narcotráfico y Crimen Organizado de Avellaneda y Lanús que ocultaban droga en el cielorraso de la comisaría. Otros 1.411 fueron suspendidos en sus funciones y están señalados de amparar a bandas de piratas del asfalto, o fraguar los libros de actas de las comisarías para beneficiar a detenidos a cambio del pago de coimas.
 
UNA FUERTE SOCIEDAD CON LA DROGA
 
Hay otro dato fuerte que se está en la mira de la Dirección de Asuntos Internos y que disparó las alarmas. Tien e que ver con que al menos dos policías por día son separados de la fuerza por sus vinculaciones con el narcotráfico. Según cifras oficiales, desde que asumió María Eugenia Vidal, el Ministerio de Seguridad bonaerense tuvo que abrir sumarios para cuatro efectivos por día tras ser denunciados por vínculos con el negocio de la droga. 
También pudo saberse, que el 14%, pertenecen al partido de La Matanza, el distrito que gobierna Verónica Magario y donde la ex presidenta Cristina Kirchner tuvo buena parte de su caudal electoral.
De la mano de Asuntos internos, se iniciaron 2.738 sumarios entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de julio de 2017, y dio un promedio de 4,6 efectivos suspendidos por día. De ese número 1.020 agentes fueron apartados (un promedio de dos por día) y más de un 10% de ellos (126) fueron exonerados de la fuerza.
El dato es parte de un tema estructural para el gobierno bonaerense: la lucha contra el narcotráfico y las ramificaciones que se desprenden de su connivencia con la policía. Los agentes en la mira, son exclusivamente relacionados con “connivencia, protección, narcomenudeo o comercialización de estupefacientes”. Todos esos casos fueron llevados a la Justicia por el jefe de esa dependencia, el abogado Guillermo Berra, un hombre de suma confianza de Vidal, que comenzó a trabajar con ella en 2008 cuando era ministra de Desarrollo Social porteña en la primera gestión de Mauricio Macri.
 
CINCUENTA COMISARIOS DESPLAZADOS
 
Del mismo informe se desprende que fueron suspendidos 240 efectivos mientras que se detuvo a 85 agentes vinculados al narcotráfico. Llama la atención que el 40% de estos uniformados pertenecen a la tercera sección electoral, en el sur del conurbano bonaerense. La Matanza aparece encabezando la tabla, con el 14%, en segundo lugar con el 7% está Quilmes (gobernada por el chef de Cambiemos, Martiniano Molina), y luego tres distritos con el 6%: Almirante Brown y Lomas de Zamora, con jefes territoriales del peronismo kirchnerista, y Mar del Plata, cuyo intendente es Carlos Arroyo, un vecinalista que jugó en la boleta del oficialismo en 2015. En la lista también surgen Merlo y La Plata, con el 5% (donde gobierna un peronista y un oficialista respectivamente), y con el 4% Lanús y San Martín. 
También hay que decir que, a raíz de estas causas, en Asuntos Internos se investigó el patrimonio de los agentes involucrados en casos de narcotráfico a través de un área especialmente creada para analizar declaraciones juradas. En este caqso, entraron en acción, contadores y abogados especialistas en lavado de dinero. Son más de 200 las investigaciones patrimoniales que están en foco. De éstas, 36 ya han sido denunciados a la Justicia y el resto, se está cruzando aún información con la AFIP y la UIF, la Unidad de Información Financiera. 
 A partir de estos informes, se decidió desplazar a más de cincuenta comisarios que no habían presentado sus declaraciones juradas este año, a pesar de que están obligados por un decreto de Vidal. Los números hasta aquí, son determinantes para marcar el estado de descomposición en el que se encontraba la mayor fuerza de seguridad del país. Casi el 30% de los 95 mil efectivos que integran la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron sumariados, están presos o fueron despedidos por sus vinculaciones con el delito que deberían combatir. Los números hablan por sí solos.

La hipótesis de las "manzanas podridas" y los temerarios escenarios por el caso Maldonado

 El caso Maldonado, mantiene en vilo al Gobierno, pero por ahora no impacta en la intención de voto, según sostienen los encuestadores.No obstante, la pregunta es qué pasaría frente al escenario más temido, en caso de que el artesano se le haya quedado a la Gendarmería



Nadie lo sabe, pero la Casa Rosada espera que la Justicia aligere el paso y se ponga fin a la agonía.¿Y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), qué conclusiones sacó?. El hermetismo es total. Pero lo cierto es que Maldonado, no puede seguir siendo un fantasma que abona las teorías más oscuras en el imaginario popular. 
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, guarda en su despacho una caja color madera, que está sobre una mesa ratona, que contiene la investigación por la desaparición del joven artesano y tiene pegado el nombre de Maldonado. Después de la recomendación del Presidente de que baje el perfil, Bullrich, volvió al ruedo con sus teorías. La funcionaria  que abrió la polémica con el apresurado "yo banco a la Gendarmería, salió con fuerza a fogonear la hipótesis menos detonante para el Gobierno: sostiene que la desaparición de Santiago Maldonado fue obra de un puñado de gendarmes que se rebelaron el pasado primero de agosto en el operativo realizado en Cushamen, Chubut.
“Pudo haber habido una inconducta, pero eso está muy lejos de una desaparición forzada”, remarcó la funcionaria, estimulada por el resultado negativo que arrojaron los exámenes de ADN sobre muestras obtenidas de las camionetas de la Gendarmería. Bullrich, de esta manera, descartó que Mladonado haya sido transportado en alguno de estos vehículos, pero dejó picando la posibilidad de que pueda haber "manzanas podridas" dentro de la fuerza. Lo cierto es que algo pasó en las proximidades del río Chubut y que agita la posibilidad de una presunta cadena de complicidades.
 
DESCARTAN UNA ACCION PLANIFICADA
 
Los operadores de la Casa Rosada sostienen que ese avance en la causa alimenta la idea de que podría tratarse de una actuación desgraciada de un grupo de gendarmes, aunque no una acción planificada institucionalmente.
Esta teoría, genera alivio en la epidermis del Gobierno y descomprime en parte la responsabilidad de los funcionarios, empezando por Bullrich.
La ministra, ahora disparó que “la investigación que hizo el Ministerio con la Gendarmería va marcando que esa realidad que intentaron instalar, es decir la de la desaparición forzada, comenzó a debilitarse”. Bullrich cree que “no se puede pensar que el Estado adrede buscó construir un escenario para que una persona desapareciera”. 
“Una cosa es que la Gendarmería esté en un plan de desaparición forzosa, y otra es que un gendarme haya cometido una acción que va en contra de las normas”, insistió.
Consultada sobre la tardía declaración del gendarme Neri Robledo, quien reconoció haber herido a un manifestante, sugirió que el oficial no testificó antes por temor. “Hay que imaginar qué piensa un gendarme antes de declarar en este marco de violencia”, observó, al recordar escenas de la protesta en Plaza de Mayo a un mes de la desaparición de Maldonado.
Bullrich pidió “no estigmatizar” a Robledo. Prometió que si se comprueba su responsabilidad en el hecho, así como la de otros gendarmes, “va a haber consecuencias”, pero primero remarcó su intención de “terminar de analizar todo el panorama. En el momento en que tengamos que tomar decisiones lo haremos. Hay que analizar todo, y eso incluye lo que se montó. Vamos a ser muy duros contra los que hicieron acusaciones falsas y los que difamaron”, amenazó.
Además, la ministra volvió a dar un fuerte respaldo al jefe de Gabinete de su cartera, el abogado Pablo Noceti, señalado por su presencia en el operativo. “No tengo ninguna duda de Noceti. No sólo lo digo yo, también lo dice el juez Guido Otranto”, aclaró, y apoyó la versión del funcionario acerca de que “no se habló de lo que estaba pasando en la ruta 40” con los gendarmes ocupados en el operativo.
 
¿CUBRIRSE FRENTE A ALGÚN HALLAZGO MACABRO?
 
Patricia Bullrich dio cuenta que no pensó en dar un paso al costado a pesar de las críticas de organismos de Derechos Humanos. Y concluyó con un mensaje a la oposición: “Espero que los mismos que pidieron mi renuncia reconozcan el trabajo que estamos haciendo con el mismo énfasis”. Desde la otra vereda, José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, advirtió que "el resultado negativo de los ADN no tiene ninguna implicancia. Simplemente que en la camioneta que ellos dieron no había muestras. Ya había testimonios de que la Gendarmería cambió, lavó y manipuló las camionetas. Mientras tanto, Santiago Maldonado sigue desaparecido y el Gobierno continúa encubriendo. Y el encubrimiento es generar una versión falsa de lo ocurrido. La versión de que un gendarme se enojó, no quería pero lo golpeó y se cayó al río puede estar preparando algún hallazgo macabro”, disparó Schulman, haciendo alusión al rastrillaje en esa zona. 
El juez federal de Esquel, Guido Otranto pidió el peinado de los 800 kilómetros que recorre el Río Chubut antes de su desembocadura en el Mar Argentino del Océano Atlántico, tarea que incluye ambas márgenes de esta corriente de agua y que parte del límite del Pu Lof en Resistencia de Cushamen (tierras que habitan familias mapuches), pasando por distintas estancias propiedad de la firma Benetton en su primer tercio de recorrido.
Según se informó, más de cien policías federales participan de este operativo, asistidos por un helicóptero que lleva una cámara térmica que rastrea el territorio y detecta objetos por su temperatura, y un dron para búsquedas más específicas en áreas más pequeñas.
Además, participan buzos de la Prefectura Naval de Bariloche, que recorren las aguas de este río que recorre la provincia de Chubut de Este a Oeste.
 
LAS TRES HIPOTESIS DE LOS INVESTIGADORES
 
 
La Policía Federal y la Prefectura Naval Argentina rastrillaron en tres días cinco de los 800 kilómetros que recorre el Río Chubut. Constituye la zona más cercana al lugar donde testigos vieron por última vez a Santiago Maldonado, el primero de agosto último, incluida un área donde se había detectado tierra removida, con resultados negativos.
La comunidad mapuche está delimitada al sur por la ruta nacional 40 y al norte por el río Chubut, que es ancho en sus nacientes y está bordeado por un espeso sauzal en ambas costas, con empinadas bardas a sus costados.
Por estas horas, los investigadores tienen la mira puesta sobre 8 gendarmes de los 40 que participaron del operativo el primero de agosto y abrigan  tres hipótesis:
1).- Que el impacto de un objeto contundente pudo haberle provocado un desmayo al artesano que, abandonado a su suerte en el río, se haya ahogado.
 2).-Que Maldonado haya sobrevivido en un primer momento a la agresión y que luego la lesión le haya provocado la muerte. En ese marco, los investigadores analizan la posibilidad de que la comunidad mapuche haya sepultado el cuerpo para imponer la acusación de una desaparición en un marco represivo. Esa estrategia aparece en uno de sus manuales de guerra como táctica de lucha política para la recuperación de sus territorios ancestrales.
 3).-Si bien es la teoría menos sólida, la investigación judicial no descarta que la hipótesis de que Maldonado esté oculto en ese territorio. Un solo indicio sostiene este escenario: en el segundo rastrillaje del 16 de agosto los rastros de olor seguidos por canes, a partir de un buzo que pertenecería Maldonado, indicaron que al menos 24 horas antes el dueño de esa prenda habría estado en el lof. Los peritajes de cinotecnia actúan sólo como indicios, pero no son concluyentes.

Cristina quema las naves: ¿Mintió o dijo la verdad durante la entrevista del año?

Durante casi dos horas, Cristina superó el el rating de un programa de Marcelo Tinelli. Con la entrevista a Luis Novaresio, la ex presidenta comenzó a jugar sus últimas cartas, para una elección a la que considera a cara o cruz.



No solamente rompió su veda periodística que impuso durante tantos años, sino que salió a quemar las naves a la caza de votos. Hizo también una fuerte convocatoria para que toda la oposición la acompañe, "para frenar el ajuste del Gobierno" que vendrá luego de las elecciones.¿Le alcanzará para salir airosa en la gran final?. No lo sabemos. Pero las encuestas hasta ahora no la favorecen. Un hombre de incuestionable fe kirchnerista, como Luis D'Elía, acaba de admitir que su jefa política está perdiendo las elecciones en el inexpugnable bastión bonaerense. Se trata de una confesión sorprendente, en medio de una batalla electoral cada vez más radicalizada. Idéntica desesperación se deja ver en la reciente carta abierta de CFK en la que hace un llamado a la unidad a la "sensibilidad opositora". El Gobierno maneja encuestas que la dan perdedora por un margen de entre tres o cinco puntos. Durán Barba, al que siempre le gusta correr de atrás, cree que apenas hay dos puntos de ventaja para Esteban Bullrich.
No obstante, Cristina es pícara para reciclarse. En su sueño por eternizarse en el poder, accedió a que la entrevista con Novaresio fuera en Infobae, la casa de su antiguo amigo y luego enemigo, Daniel Hadad. La idea original de CFK era que el propio dueño del medio le hiciera la nota en el Instituto Patria, un ámbito más amistoso para ella. Pero no lo consiguió. Frente a la negativa del empresario, que no dio el brazo a torcer, desde el entorno de la ex mandataria decidieron aceptar las condiciones impuestas para llevar adelante el encuentro. 
Hay que decir que la relación con  Daniel Hadad, mantuvo un fuerte vínculo durante los primeros años del kirchnerismo lo que le permitió obtener buenos porcentajes de la publicidad oficial. El vínculo se consolidó, al punto de que fue Hadad quien, por ejemplo, le presentó personalmente al matrimonio Kirchner a Rupert Murdoch, CEO de News Corp, un conglomerado global de medios 50 veces más grande que el Grupo Clarín.
La relación habitual de Hadad con el kirchnerismo transcurrió a través del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Fue este último quien permitió el desembarco de C5N y Vesvi HD, un canal experimental en alta definición también propiedad de Hadad, en la Televisión Digital Argentina (TDA), plataforma estatal de transmisión de la nueva TV abierta digital. Luego de la muerte de Néstor Kirchner la relación se deterioró y Hadad fue presionado a vender a Cristóbal López sus medios, entre ellos C5N y Radio 10 que tenía el nivel más alto de audiencia.
 
EL RETRATO AUSENTE
 
Hay un dato para destacar que no se vio por la tele. Cuando llegó al edificio de Infobae, Cristina recorrió un pasillo donde hay fotos de figuras de la política. Fue el momento en que la ex mandataria elevó una queja: "Tengo algo que decir, lo digo delante de varias mujeres, entre esas imágenes vi que está la de Néstor, pero no está la de la primera presidenta mujer elegida por el voto y además, reelegida con el 54% de los votos". Se la oyó con picardía e irónica a la vez. "Es discriminación", disparó. Entonces caminó hacia la salida y se detuvo frente a la imagen de Néstor Kirchner para sacarse una foto junto a la de él. Tras ello, se movió cinco fotos de personajes hacia adelante y con la diestra señaló: "Está él y no estoy yo". Era la foto de Hugo Moyano, también en blanco y negro.
Podríamos decir que en la entrevista del año fue impecable el nivel de preguntas de Luis Novaresio. Observé toda la nota con detenimiento. Durante casi dos horas, hubo preguntas urticantes que la descolocaron. Sin joyas, ni reloj y vestida de blanco, con un look a lo María Eugenia Vidal, la ex presidenta trató de despegarse de los hechos de corrupción en su gobierno.
Cuando Novaresio le hizo la pregunta que soñamos con formularle todos los periodistas: ¿Cómo hizo para que su patrimonio pasara de 7 millones de pesos en 2003 a 100 millones en 2010?.
Cristina dejó traslucir la primer señal de que había sido coucheada. Sonrió, bebió agua , algo que aconsejan los expertos ante una pregunta complicada y agradeció la consulta.
“Me encanta tu pregunta Luis, me gusta mucho…”, continuó siguiendo con su libreto la ex presidenta.
Los media coachers siempre recomiendan un elogio para el entrevistador y llamarlo por su nombre. 
“Ya fue evaluado y fue juzgado judicialmente”, fue la primer pelota afuera de la ex presidenta sobre la multiplicación exponencial de su patrimonio mientras ejercía la función pública.
Pero lo que Cristina no mencionó, es que el encargado de juzgar judicialmente ese presunto delito fue el ex juez Norberto Oyarbide, uno de los funcionarios judiciales más desprestigiados de la democracia y considerado como un servil al kirchnerismo. 
 
LA FRASE QUE HIZO HISTORIA Y NO RECORDO
 
Cristina sorprendió en otro momento, al decir que "en el país no hay Estado de Derecho". Para ella, el gobierno de Macri es “una democracia, pero cuestionada” y la Corte Suprema de Justicia “está sospechada en su independencia”. Otro dato relevante, es que no pudo recordar aquella frase inolvidable de Aníbal Fernández, que ubicaba la pobreza de la Argentina por debajo de la de Alemania, algo que ella misma había dicho en un foro internacional.
No obstante, su disco rígido se activó para poner sobre la mesa en forma reiterada las cuentas de las empresas offshore de la familia Macri en Panamá y en Bahamas. También, para calcular el monto exacto (35 millones de dólares) que habría blanqueado un hermano del Presidente, según datos subterráneos de la AFIP.
Uno de los momentos más impactantes, fue cuando Novaresio le recordó los bolsos voladores de José López con 9 millones de dólares, garrocheados a través de los muros de un convento en General Rodríguez.
“Tuve mucho enojo, mucha tristeza por los miles de pibes que nosotros incorporamos a la política”, se acongojó Cristina. Estuvo al borde del llanto y pidió servirse agua para hacer una pausa. Luego intentó despegarse del secretario de Obras Públicas y hacer lo propio con su marido, pero se enredó y terminó saltando a otro tema.
En otra parte del reportaje, buscó una tajada del impacto social de la desaparición de Santiago Maldonado. Allí sacó el látigo y golpeó para subrayar un supuesto sesgo represivo y antidemocrático del gobierno de Macri.
“A mí me decían yegua, puta, montonera y persiguen a un pibe por un mensaje de Twitter”, comparó. Y explicó que durante su mandato jamás hubo persecuciones.
 
UN FUERTE MENSAJE AL PERONISMO
 
Lo que olvidó la ex presidenta, fueron aquellos carteles con gigantografías de conocidos periodistas que el programa 678 llevó a Tribunales para que los militantes del kirchnerismo los escupieran durante una multitudinaria manifestación.
Entre las cuestiones relevantes, la ex presidenta le envió un fuerte mensaje político al peronismo. "Si en 2019 yo soy un obstáculo para el peronismo, no voy a ser ningún obstáculo... voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo y un frente amplio gane las elecciones" , aseguró. Consultada sobre si pensaba excluirse, Cristina contestó que "si esto impide la unidad y ganar, no tengas dudas".
Tal vez el que le tome la palabra sea el jefe del bloque del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, que ubicó hace unos días a la ex presidenta fuera de la "vida interna" del Partido Justicialista. El legislador fue contundente al presagiar los vientos rebeldes que se avecinan, al afirmar que, del mismo modo en que la Cristina "decidió formar un partido nuevo" para competir en las PASO, tendrá que armar su "propio bloque" en caso de ingresar al Senado en las elecciones del 22 de octubre. 
Lo ponderable, es que luego de muchos años, Cristina desactivó su veda periodística. Ahora pretende continuar con los reportrajes para ver si pesca más votos. Desde la otra vereda,  María Eugenia Vidal, salió a contestarle al encabezar un foro de intendentes en San Isidro. Allí se mostró confiada en que Cambiemos ganará la elección "por mucho más de 20 mil votos" en la Provincia. La moneda está en el aire.