miércoles, 15 de agosto de 2012

Las lapidarias conclusiones del informe legislativo sobre el crimen de la pequeña Candela





Por Jorge Joury
 
Ya se está en la cuenta regresiva para recorrer el camino de la verdad en el caso Candela. En pocos días comenzaremos a visualizar las primeras luces en el laberinto de misterios. Por lo pronto, narcotráfico, crimen organizado y las complicidades al más alto nivel de la cúpula policial bonaerense, son las primeras conclusiones. Las huellas que ha detectado la Comisión Investigadora del Senado bonaerense, que prolijamente revisó la causa, de acuerdo a fuentes confiables. Ya están en borrador con nombres y apellidos, amén de detalles groseros de una causa que amenaza con desatar políticamente la madre de las batallas, con efectos devastadores en el seno del poder.

No sería descabellado afirmar, según los informantes, que el asesinato de la pequeña Candela podría marcar un antes y un después en el aparato de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de una estructura muy cuestionada, que pasa por estas horas por su peor momento, cuando en la propia Cámara Alta algunos intendentes ya han planteado la necesidad de crear una Policía Municipal, para poder contener la ola de inseguridad e impunidad que se ha apoderado de la población.

Las definiciones del homicidio que más impactó en las últimas décadas, se sabrán antes de fin de mes y serán lapidarias en todos los aspectos, incluido el plano judicial, cómplice también en su momento, de desviar la pesquisa hacia otras zonas que nada tienen que ver con la búsqueda de la verdad.

Para ubicarnos en tiempo y forma, vayamos al comienzo de la historia. Aquel 22 de agosto del 2011, cuando el clamor desgarrador de una madre, paralizó a toda la opinión pública. En esa jornada y a plena luz del día, había desaparecido la pequeña Candela Sol Rodríguez de 11 años. Las imágenes de aquella niña inundaron todos los medios de comunicación, encolumnándose detrás de su búsqueda todos los sectores de la sociedad.

A tal punto el hecho caló hondo, que el 25 de aquel mes la propia presidenta de la Nación, recibió en su despacho a su madre, Carola Labrador. El mismo día, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se negaba que fuera un secuestro extorsivo y se ofrecía una recompensa para localizarla. Fueron 9 días de agonía con el país en vilo. Pero el 31 de agosto, después de un despliegue cinematográfico de fuerzas policiales, una cartonera se topó con el macabro hallazgo. A media tarde y en un descampado, a la vera de una transitada autopista y cerca del domicilio donde había desparecido, se encontró una bolsa de nylon negra. En su interior estaba el cuerpo de la pequeña Candela. En posición fetal y aún con una mueca de horror en su rostro. La víctima fue prolijamente cuidada en su cautiverio, pero sus raptores, que pese a contar con protección policial, se sintieron acorralados y con el temor cierto de poder ser identificados por la pequeña, que al menos conocía a uno de ellos, el que la contuvo, terminaron matándola despiadadamente.

Para reconocer el cuerpo, se montó un gran escenario. No faltó nadie frente a las cámaras de televisión. Su madre, el gobernador Scioli, su ministro de Seguridad, Ricardo Casal y un sinfín de policías, peritos y camarógrafos, todos pisoteando las evidencias. Lo que es de manual en los países serios, aquí se convirtió en un despropósito, en lo que tiene que ver con la destrucción de rastros.

Pero luego la confusión creció cuando se concretaron las primeras detenciones de personas, que por sus características (hasta un pobre carpintero de barrio) no encajaban. A tal punto, que los perfiles no parecían idóneos para haber montado, concretado y ejecutado tal acto típico de mafia y crimen organizado. Allí comenzó a flotar en el ambiente el tufillo de la construcción de un relato oficial, que no cerraba por ningún lado y que evidentemente estaba articulado para dar respuesta urgente a la opinión pública, en vísperas de una elección en donde se jugaba el destino del propio gobernador de Buenos Aires. 

Pero la desnudez de tanta impericia, encontró en uno de los abogados de los detenidos, el doctor Macelo Mazzeo, el cancerbero más obstinado en desentrañar la oscura madeja. Mazzeo llegó con sus denuncias y en soledad, hasta el Senado bonaerense, que el 9 de marzo pasado dispuso la creación de una Comisión Investigadora. Cuando los legisladores penetraron en las entrañas del voluminoso expediente, los efluvios de una causa armada a todas luces, comenzaron a aparecer por todos los rincones.

Los dudosos rastros de ADN de la niña en un vaso, pistas no profundizadas, testigos de identidad reservada truchos y las conductas sospechosas de un fiscal y un juez, con el aditamento de la complicidad policial, son algunas de las desprolijidades más groseras que surgen del informe. Las evidencias de un contexto nada alentador para la búsqueda de la verdad, en donde La Bonaerense terminó siendo apartada de la investigación.

Ahora, ya en la recta final y en el camino a destaparse la gran olla que puede salpicar lo más alto del poder, se ha podido saber que el informe de los legisladores es tan lapidario, que no dejará títere con cabeza. Hay nombres de policías del más alto rango. Algunos que fueron apartados de la fuerza y otros que aún están vigentes, recaudando con sus nichos de corrupción. Empresarios y políticos, también se suman en el camino de las sospechas. Trascendió que caerán testigos de identidad reservada, aquellos que pueden terminar complicando a quienes les ordenaron fabular para cerrar el caso.

Según reveló el doctor Marcelo Mazzeo, "uno de ellos declaró que el propio Ministro de Seguridad, Ricardo Casal se hizo pasar por defensor oficial para "apretarlo" y que luego lo reconoció al verlo por televisión". Mazzeo cree que uno de los liberados pudo haber sido partícipe, pero el resto no. El abogado centra su foco de atención en la madre de Candela. Está convencido que ella sabe quiénes son los asesinos y no lo dice por miedo, ya que para el pertinaz letrado, "aquí estamos en presencia de una deuda impaga en el submundo del delito, que terminó pasando la cuenta más trágica".

Mazzeo sostiene que Carola terminará hablando y que aún no lo hace, "porque ha recibido beneficios para callar, desde la propia entraña del poder político bonaerense". Cuando la mamá de la víctima sostiene que el actual fiscal no la convoca y que se encuentra desorientada, Mazzeo tiene la certeza de que el funcionario no lo hace "porque sabe que va a mentir. Prefiere seguir trabajando para acumular pruebas, para en su momento acorralarla y poder saber los nombres de los verdaderos responsables".

El abogado sostiene que tarde o temprano la mujer puede terminar procesada por encubrimiento, "ya que en el propio entorno familiar y delincuencial, están todas las respuestas". Mazzeo asevera que "Carola no resiste un archivo. En el expediente hay mails donde ella ofrecía fotos de su hija a pedófilos. Por eso veíamos por las redes sociales imágenes de una niña producida y presentada como una mujer adulta".
Para el doctor Marcelo Mazzeo, del informe de la Comisión Investigadora del Senado, "va a surgir claramente la pata del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción de jefes policiales, algunos de los cuales cobra hasta cien mil pesos por liberar zonas a los piratas del asfalto. No es casualidad que por este delito también está preso y cumpliendo una condena, el padre de la niña". 

 Mazzeo cree que "este hombre sabe quienes son los asesinos de su hija y lo quiso decir en su momento, pero no lo dejaron". Sostiene además que "si la Gendarmería es como se cree la fuerza elegida para retomar la investigación, los sectores más poderosos que manejan la droga en el partido de San Martín, van a huir en bandada y se terminará el reinado del tristemente célebre, "Mameluco" Villalba".

A manera de conclusión de lo que se avecina para el nuevo escenario informativo, hay que decir que el escandaloso fracaso que evidenció la investigación de este repudiable crimen, no debe permitir excepción alguna a los estándares de justicia y legalidad dentro del Estado de Derecho. Todos los que fallaron, tienen una deuda, no sólo respecto de la familia de la menor, sino con la sociedad. Mientras no surja, la seguridad no debe dejar de ser el principal reclamo y el clamor legítimo de toda la ciudadanía. No estamos hablando de "una sensación", como alguna vez impúdicamente se sostuvo. Se trata de un fenómeno que a diario mutila familias, arrebatando vidas. Sólo así, el dolor de otra muerte absurda obtendrá una reparación seria que permita encontrar cierta paz, para poder mirar hacia el futuro, sin tener que renegar resentidamente del pasado. Los legisladores, tienen la palabra...

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