Por Jorge Joury
Desde esta columna habíamos anticipado que el Caso Candela iba explotar, con consecuencias imprevisibles, que impactarían en lo más alto del poder político del gobierno bonaerense. Y así fue. El informe elaborado por la mayoría de la Comisión Investigadora del Senado (7 votos a favor y 2 en contra), no hace otra cosa que confirmar lo anticipado.
De la lectura de las más de 10 mil fojas que componen el expediente de 103 cuerpos de la causa madre, surgen complicidades policiales, mal desempeño de los funcionarios judiciales, supuestos encubrimientos desde la propia familia de la pequeña, testigos "truchos", con testimonios armados y lo más preocupante, la presencia de oscuros personajes del narcotráfico, que funcionan en la zona de San Martín, al amparo de quienes deberían investigarlos.
Como se observa, no falta ningún condimento en esta olla a presión, que terminó de destaparse en las últimas horas y que salpica a lo más alto de la estructura de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Unos 55 testigos, varios periodistas que investigaron el caso, además de funcionarios policiales, sirvieron para desentrañar en parte, una causa que en su momento fue "armada para la tribuna", con una ligereza inaudita y con el único objetivo de evitar un impacto político, que hubiera resultado letal, en víspera de las elecciones.
El presidente de la Comisión Investigadora, el senador Jorge Ruesga me confirmaba hace horas que " nada tenía que ver lo que habían asentado los funcionarios del juzgado de Morón en el expediente, con lo que nos dijeron los testigos protegidos al ser interrogados por nosotros. Salió a relucir que en la mayoría de los casos, todo había sido armado para atribuir responsabilidades a quienes no las tenían".
Ruesga aclaró en torno a los 8 detenidos, que luego fueron liberados, que no surge del trazo fino de lo investigado que tengan vinculación con el caso. También admitió el legislador, que en el circuito familiar de la pequeña Candela hay muchas personas "emparentadas con el delito" de la zona de San Martín y aunque no atribuyó responsabilidades, dejó en suspenso la posibilidad de que el asesinato pudiera provenir de algún ajuste de cuentas, como lo aseveró de manera permanente el abogado Mazzeo, el letrado que dio vuelta la causa y al que entrevisté decenas de veces, manteniendo siempre sus firmes convicciones.
No obstante a que a Mazzeo, esta circunstancia le generó amenazas y el cierre de la vertiente informativa departe de algunos periodistas, la enjundia que puso en seguir adelante, le permitió que hoy la realidad le de la derecha de manera inexorable y tal vez el aporte sirva para llegar a los responsables ideológicos y materiales del crimen más aberrante de las últimas décadas.
En el informe del Senado no se salva nadie. El propio jefe de la Bonaerense, comisario Hugo Matzkin. Su antecesor y hoy jubilado, Juan Carlos Pággi y otros miembros de la cúpula, ya tienen el cartel colgado, con el pedido de exoneración de la fuerza más numerosa de la Argentina, un ejército de 55 mil hombres, que por lo visto, aún mantiene resabios de la denominada "maldita policía".
CON LA MIRA PUESTA EN CASAL Y FALBO
El informe incluye por lo que se ve, duros cuestionamientos al Ministerio de Justicia y Seguridad. Toca de cerca también a la Procuración de la Suprema Corte de Justicia, organismo al que se le imputan falencias en el accionar de los fiscales que intervinieron en la causa. Y si bien no lo se lo nombra, también se hace blanco en el ministro Ricardo Casal, uno de los más criticados desde el ultrakirchnerismo y siempre defendido a ultranza por el propio gobernador.
En tal sentido, no puede pasarse por alto que cuando el dictamen alude a "la falta de conducción en las fuerzas de seguridad" y se mencionan a la Policía de Seguridad, de Investigaciones, Científica, Delitos Complejos y Narcocriminalidad, es el propio Casal el destinatario del telegrama.
Otro de los aspectos críticos que le apuntan al funcionario, es "la deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio, para investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al narcotráfico, inclusive antes de que sucediera el caso".
También se alude a la "grave negligencia, ante las reiteradas filtraciones de información de la policía a los medios de información, lo cual contribuyó para malograr la investigación y puso en riesgo la vida de la pequeña Candela".
La Procuración también está en foco, más precisamente en la figura de María del Carmen Falbo, a quien la comisión subrayó en rojo "por un accionar irregular de los fiscales, la falta de idoneidad para conducir la investigación, delegación absoluta de esta responsabilidad en la policía y complicidad", entre otras cosas.
EL FISCAL QUE LLEGO TARDE A LA CASA
Me comentaba en tal sentido el senador Jorge Ruesga, uno de los detalles groseros de esta metodología, como lo fue el allanamiento a la vivienda color rosa de la calle Kiernan, donde el fiscal llegó una hora después que la policía, dando tiempo para que pudieran plantar pruebas de ADN, como se comprobó.
Pero el dato más fuerte para los senadores K, es que "este accionar de los fiscales, no es atributo exclusivo del Caso Candela, sino que forma parte de una matríz de intervención que se lleva a cabo, sobre todo, en casos de resonancia pública". No es este el único aspecto que impacta en Falbo, sino que también se ocupa de un tema no menos polémico, como lo es el de la posible división de ese organismo, para avanzar con la autonomía de la Defensa.
En ese marco, el Senado recomienda avanzar con el proyecto de reorganizar el Ministerio Público Fiscal. De hecho esta iniciativa acaba de ser presentada por la presidenta del del bloque del Frente Para la Victoria, Cristina Fioramonti, una de las impulsoras de la Comisión Investigadora y se pondría en debate en las próximas semanas.
A la luz de todo lo expuesto, el cuerpo de la pequeña Candela habló, no a través de la autopsia, pero si del expediente. Lo que falta saber es si rodarán cabezas."Yo se que el gobernador está preocupado", me dijo el senador Jorge Ruesga. Pero también agregó que "esperemos que estas recomendaciones no caigan en saco roto". Ahora el saco, lo tiene Scioli...
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