jueves, 27 de octubre de 2016

Vidal destapó la olla en las cárceles y hace crujir al Servicio Penitenciario Bonaerense

Era un final anunciado que la mafia en el Servicio Penitenciario Bonaerense tenía fecha de vencimiento. Frente a un escenario calamitoso, María Eugenia Vidal metió bisturí a fondo para desarticular las cajas de la corrupción. La gobernadora puso en marcha más que purga, una reforma en gran escala y una intervención que durará 90 días, que alcanza a las 52 unidades penales, tres alcaidías penitenciarias y seis alcaidías departamentales.


Hoy la población carcelaria supera las 35 mil personas, y cuenta con 19.422 oficiales para mantener la seguridad: 6.407 de ellos son oficiales, mientras que 13.015 son suboficiales. Se trata de un sistema plagado de irregularidades, oscuros negociados, donde la muerte y los malos tratos anidan  en todos los rincones. 
Además, la sobrepoblación,alcanza un 87%, según un informe presentado por la Comisión Provincial por la Memoria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. El mismo documento advirtió que entre 2014 y 2015 en las instituciones de encierro en la provincia de Buenos Aires la tasa de muertes violentas -que incluye homicidios, suicidios y accidentes- aumentó un 25%.
 
MILES DE DENUNCIAS POR TORTURAS
 
También se incrementaron los fallecimientos por situaciones de salud no atendidas, que elevó la cantidad total de decesos de 121 en 2014 a 139 en 2015. Durante 2015 se registraron 18 mil denuncias por torturas. El diagnóstico oficial es alarmante. Se trata de un sistema colapsado donde hay casi 35 mil detenidos para 28 mil plazas disponibles y cada año se suman 1.600 presos.
En las últimas horas, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció junto al ministro de Justicia provincial Gustavo Ferrari, la intervención y el desplazamiento del jefe Fernando Díaz y de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, presentó una reforma integral. 
Pondrá, mientras tanto, a un grupo de civiles a cargo del subsecretario de Política Carcelaria, Juan José Baric quien se ocupará de los penales bonaerenses. Vidal está convencida que los altos jefes se autogobernaron durante muchos años, armando una enorme caja de corrupción para enriquecerse con el sistema de horas extras, la compra de combustible, la venta de pabellones de privilegio, el tráfico de drogas y hasta el robo hormiga de la comida de los reclusos.
A un año del día que ganó las elecciones, el 25 de octubre de 2015, la mandataria aseguró: "Esto no es una purga; nosotros no vamos a convivir con el delito dentro de las fuerzas, así que esto se puede dar hasta el último día de nuestro mandato".
 
TODOS LOS FUNCIONARIOS BAJO LA LUPA
 
El plan que hilvanó el ministro Ferrari contempla que en los próximos tres meses se hará una auditoria externa que alcanzará a los nuevos jefes designados y a los directores de las 55 cárceles y alcaidías. Desde ahora todos están a prueba y serán observados con una lupa, ya que Vidal pidió que la purga sea a fondo.
Por lo pronto, ya comenzó la investigación de los legajos de unos 15 mil agentes que fueron enviados al Registro Nacional de Antecedentes. Según fuentes confiables, unos 360 efectivos ya figuran en él. Además, en los próximos días se constituirán auditorías para monitorear la gestión, los legajos del personal y las condiciones de la infraestructura carcelaria, visiblemente deteriorada por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.
Se dividirá el área de seguridad y la de tratamiento de los 35 mil detenidos. Para terminar con el ocio y lograr reinserción de los detenidos, se pondrán en marcha un centenar de talleres y cinco centros de educación.
Las alarmas de las autoridades se dispararon cuando comprobaron que las estadísticas arrojan que el 43% de los reclusos son reincidentes, lo cual deja al descubierto el fracaso del Estado en sus políticas de inclusión.
En las instrucciones que le dio Vidal a Ferrari se hizo hincapié en que no solo se apueste a purgar la institución, sino a recuperar el objetivo institucional de que las cárceles no sean para la pena, sino para la reinserción social del detenido.
Por eso se firmaron  convenios con el ministerio de Trabajo, Empleo y Desarrollo social de la Nación para reabrir 51 talleres de chapa y pintura, 18 textiles, 23 de carpintería, 24 de herrería y seis panaderías, con la idea de no sólo eliminar la corrupción, sino buscar la reinserción del detenido.
 
UN JEFE CON NUEVE PROPIEDADES
 
El secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón sostuvo que "la transición democrática aún no llegó al Servicio Penitenciario. Hay que pasar antes de una visión de seguridad represiva, a un sistema que pueda centrarse en la educación y en los derechos humanos". El puntapié inicial de la reforma arranca con una purga que involucra el desplazamiento del jefe del servicio, Fernando Díaz, quien es investigado por la justicia salteña  por defraudación al Estado y vejaciones, junto a otros 37 agentes penitenciarios federales.
Díaz había declarado ante la Escribanía General de Gobierno nueve propiedades, una de ellas heredada, un auto valuado en 151 mil pesos y dinero en efectivo. El sueldo más alto que percibió fue de 45.300 pesos mensuales. La Comisión Provincial por la Memoria (CMP) ya había focalizado en Díaz y había pedido su destitución. Más aún frente al antecedente de haber estado al frente del SPB entre 2005 y 2009, período en que ocurrió el incendio en el penal de Magdalena, donde perdieron la vida 33 presos. La CMP también había alertado a Vidal sobre el hacinamiento en los penales, que hoy tienen 9 mil detenidos más que lo que aguanta su caudal.
La represión y la falta de atención médica hacen que cada semana mueran tres reclusos, a razón de uno cada 56 horas, la mayoría por enfermedades curables que no son debidamente atendidas. Durante el primer cuatrimestre, Mario Coriolano, Defensor de Casación Penal y miembro del Consejo Asesor de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reveló en un informe, que en el primer cuatrimestre del año hubo 276 casos de tormentos.
 
EL DISPARADOR FUE LA TRIPLE FUGA
 
 La triple fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci de la cárcel de General Alvear en diciembre del 2015, a poco días de asumir fue la primer señal para que Vidal leyera claramente el mensaje de las mafias que pretendían domar su gestión para mantener intacto el sistema de corrupción entre delincuentes y uniformados. Vidal en los últimos cuatro meses desplazó un agente por día y 410 están en la mira de la justicia por posibles delitos. Hay otros 215 que están bajo probation.
Desde que el ministro Ferrari decidió incorporar un certificado de reincidencia para los 23.300 agentes del SPB, se descubrió que existen 52 que tenían condenas penales que no habían sido tenidas en cuenta y  67 más con causas penales en trámite. Otros 61 en tanto, van camino a juicio oral por diferentes delitos.
Ahora la apuesta fuerte es a una reforma mucho más profunda. Incluye un nuevo estatuto del personal penitenciario, ya que el actual data de 1980. Cuarenta años después del retorno de la democracia, la institución se maneja aún con un esquema armado durante la dictadura militar.
La movida tiene su costo: las más de diez amenazas que sufrió la gobernadora y sus ministros. La última fue en los tribunales federales de San Martín, donde el narcotráfico emplazó a Vidal a abandonar el municipio. Hoy la gobernadora y sus hijos viven dentro del predio de la Base Aérea de Morón, pero nadie garantiza que el enemigo se haya retirado de la contienda, más aún cuando le han tocado el bolsillo. 

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