La mayoría de los legisladores de la oposición le temen a la condena social. Están convencidos, que si votan en contra de los derechos de los jubilados, no podrán salir a la calle sin que la gente los insulte. Por esa y por otras razones, hay quienes dan por seguro que la reforma previsional que promueve el Gobierno y que tiene media sanción del Senado, estaría condenada al fracaso en Diputados.
El repudio a la iniciativa, llueve desde todos los frentes y hasta de la propia Iglesia, que observa una dolorosa estocada al corazón de la clase pasiva. “Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien, es un pueblo que ¡no tiene futuro!”, lanzó el Papa Francisco a través de un mensaje difundido por el Vaticano en redes sociales. De esa manera, el jefe de la Iglesia Católica invitó a rezar por los ancianos. El mensaje de Jorge Bergoglio sacudió los cimientos de la Casa Rosada, y también de la Cámara de Diputados, donde el gobierno nacional aspira a convertir en ley el nuevo cálculo jubilatorio antes de fin de año. El Presidente recibirá en los próximos días en este contexto de mensajes tácitos papales contra la reforma a la nueva cúpula episcopal que encabeza monseñor Oscar Ojea, que se supone que también pondrá el grito en el cielo, en linea con el Santo Padre.
Si bien Mauricio Macri apuesta a convertirla en ley en sesiones extraordinarias, tanto el massismo residual como el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria se pronunciaron en contra de la iniciativa.
En este clima de aguas turbulentas, empiezan a surgir voces de diputados aliados del gobierno que van a anticipando su voto negativo. Es el caso de los peronistas Diego Bossio y Eduardo "Bali" Bucca. En tanto que todo el bloque de Sergio Massa ya anticipó su rechazo. Si bien es cierto, que la reforma laboral quedó para 2018. pero ahora el triunvirato de la CGT cuestiona la llave maestra del ajuste: la reforma previsional para hachar la movilidad jubilatoria. Analizan incluso, un paro parcial en defensa de las jubilaciones.
Además, las encuestas no favorecen tampoco al Gobierno. Apenas uno de cada cuatro argentinos, cree que la reforma va a ser beneficiosa para los jubilados. Y siete de cada diez personas sostienen que la nueva fórmula de cálculo del aumento de haberes va a ser perjudicial. Ambos datos son una demostración de que gran parte de los ciudadanos ya sabe, algunos un poco más y otros un poco menos, que con la nueva iniciativa se reducen los aumentos a los jubilados y que el gobierno quiere “ahorrar” más de 100 mil millones de pesos en 2018 a costa de los ingresos de la clase pasiva. Esa mirada negativa sobre el ajuste que implica la reforma se percibe también en otras opiniones. Prácticamente la mitad de la población dice que los jubilados están peor que hace dos años, es decir durante el gobierno kirchnerista, mientras que apenas uno de cada cinco argentinos piensa que mejoraron la situación desde 2015. En sintonía con ese análisis, la casi totalidad de los ciudadanos evalúan que una persona que percibe la jubilación mínima no puede vivir dignamente.
Las conclusiones surgen de una amplia encuesta, realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman.
UN PROYECTO A TODAS LUCES INCONSTITUCIONAL
Todas estas cuestiones permiten vislumbrar un final impredecible para la sanción de la reforma previsional. Con media sanción en el Senado, el Gobierno pretende que la Cámara de Diputados apruebe el texto este mes sin que se le altere una coma. No le dará el gusto el Bloque Justicialista. El potencial aliado del oficialismo trabaja por estas horas en una propuesta con modificaciones que, de prosperar, obligaría a que la iniciativa retorne al Senado para su análisis.
"Este proyecto, así planteado, es invotable, además de inconstitucional. No podría regresar a mi provincia si la voto. Vamos a quedar como los herederos de Fernando De la Rúa, como los diputados que les bajamos los haberes a los jubilados", disparó, visiblemente inquieto, un integrante del Bloque Justicicialista y fiel ladero de un gobernador de la zona pampeana.
El costo político de aprobar esta iniciativa es lo que más genera preocupación en varios legisladores. Pero en estos días también emergieron señales peligrosas para el Gobierno por parte de Elisa Carrió. La aliada estratégica, comenzó a aturdir a los líderes de Cambiemos, que temen que un planteo inesperado de la chaqueña frene la ley.
Carrió advirtió que sólo votará la reforma previsional si tiene garantías de que los jubilados no perderán poder adquisitivo. Su principal reparo tiene que ver con el empalme entre la actual fórmula de cálculo de los aumentos a las jubilaciones y la que prevé el proyecto de ley.
Según especialistas, con el cambio de la fórmula previsto para marzo, los jubilados perderían un 8%. El aumento sería de 6% y no de 14%, porque el ajuste ya no sería semestral, sino trimestral.
"De la reforma previsional me consultaron 8 a 10. El resto, me lo escondieron. Y el lío se arma con lo que esconden", arrancó Carrió. Enseguida, destacó que la nueva fórmula "es la mejor que puede existir" porque, argumentó, "garantiza el poder adquisitivo de los jubilados".
Entonces sí, avanzó sobre los cuestionamientos. "Si se asegura un adicional de 4% [a las subas previstas por el nuevo régimen, que rondarían el 20%], vamos a votar. Si no seguiremos negociando", advirtió la diputada. Avisó que pedirá que el compromiso de garantizar ese porcentaje extra quede asentado por escrito. "Si ese papel no existe, yo no voto la ley", agregó. Y como para que no quedaran dudas, remató: "Ya he cambiado votaciones antes y si tengo que hacerlo con Cambiemos, lo voy a hacer. No tengan dudas.Si me garantizan que a fin de año está el 24 por ciento de aumento, yo firmo", reafirmó
Hay que decir además, que Lilita no pasa por su mejor momento en la relación con el Presidente, tras rechazar, con comunicado y amenazas judiciales, la promoción de Enrique "Coti" Nosiglia como delegado de la Ciudad en el Comité nacional de la UCR, que elige autoridades el 15 de diciembre. Tampoco asistió al agasajo de Macri en la quinta de Olivos.
También surgieron otros problemas como la posible inconstitucionalidad de la ley por tener efectos retroactivos sobre el cálculo de jubilaciones, al cambiar la fórmula de actualización para marzo.
Por estas horas es notorio, que la voz de Carrió podría alterar a radicales que no están felices con bajar las jubilaciones y tomarían cualquier atajo para escaparse. Por eso quieren ajustar las tuercas. Y evitar una sorpresa.
Mientras tanto, la mayoría de los especialistas coinciden en que el mecanismo propuesto por el Poder Ejecutivo con el apoyo de una parte de la oposición resultará una retracción notoria de la capacidad de compra de los haberes. El objetivo del oficialismo es lograr que la Cámara de Diputados la convierta en ley la semana próxima, para quedarse con cien mil millones de pesos anuales de los bolsillos de la clase pasiva.
EL DIPUTADO "CARA DE PIEDRA"
Según los juristas más prominentes, el proyecto resulta inconstitucional y generará una avalancha de juicios contra el Estado. La Corte Suprema "es contundente al señalar que la movilidad debe guardar una razonable proporción con la evolución de los salarios". Por eso, cualquiera sea la fórmula el problema se presentará "cuando los aumentos se alejen de los incrementos salariales de los activos". Si eso ocurre, entonces volvería la litigiosidad, "que venía disminuyendo fuertemente" en los últimos años.
También se denuncia que los senadores de la oposición votaron la reforma sin leerla, obedeciendo las órdenes de los gobernadores, que quieren asegurar a futuro los recursos que les prometió la Casa Rosada a cambio de la reforma impositiva.
Las organizaciones gremiales más combativas pusieron su cuota malestar en medio de la tormenta y amenazaron con escrachar públicamente con nombre y apellido a los diputados que voten a favor de la reforma.
En tren de sacar cuentas, la realidad que se avecina para el futuro los jubilados, cuya gran mayoría gana poco más de 7 mil pesos es muy dura, ya que verán disminuir sus haberes notoriamente, con los que se les complicaría poder abastecerse de los remedios indispensables y alimentos.
Para que se tenga una idea del recorte que planea la Casa Rosada, la mayor suba de la recaudación de AFIP en la última parte del año elevaría el incremento de jubilaciones de marzo a 14,5, pero con la ley del macrismo serán casi 9 puntos menos. “Van a perder plata pero no poder adquisitivo”, afirmó el diputado Pablo Tonelli (PRO), quien salió a apagar el fuego con un balde de nafta y generando una catarata de repudio en las redes sociales. El insulto más suave que recibió fue el de "turro", un calificativo popular que con frecuencia se utiliza para condenar a los que no han democratizado aún sus corazones.
Tonelli (foto), al que otros tildaron también de "cara de piedra", defendió el proyecto de reforma previsional que prevé un cálculo de movilidad que el propio legislador reconoció dará aumentos menores que con la fórmula actual. Pero lo cierto es que los jubilados perderán plata y, por consiguiente, poder adquisitivo, y esa pérdida será en marzo mayor a lo previsto hasta el momento.
Tonelli hizo recordar otro hecho lastimoso del pasado, paradójicamente fue el de una funcionaria de su gobierno. Lo que hizo Patricia Bullrich con el recorte del 13 por ciento a los salarios de los trabajadores estatales y jubilados,cuando era ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza.
UN DESPOJO PARA LA CLASE PASIVA
En la ecuación prevista en la reforma previsional que la Cámara baja comenzará a tratar la semana próxima se toma en cuenta trimestralmente el 70 por ciento de la inflación y el 30 por ciento de la evolución del índice de salarios de trabajadores activos que elabora el Ministerio de Trabajo.
En este contexto, hay que señalar que la fórmula de movilidad previsional se utiliza para ajustar los haberes jubilatorios pero también numerosas prestaciones de la Seguridad Social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares de los trabajadores formales, las pensiones no contributivas (invalidez y otras) y las pensiones a ex combatientes de Malvinas. Es un universo de 17,4 millones de personas. El objetivo del Estado es conseguir un ahorro de más de 100 mil millones de pesos en prestaciones el año próximo, tal como solicita el Fondo Monetario Internacional. En la ecuación actual de movilidad se calcula por semestre en un 50 por ciento por la evolución de la recaudación tributaria por beneficio y el otro 50 por la suba de los salarios, según cifras del Indec o Ripte, el que dé el valor más alto de ambos indicadores.
EL OPOSITOR AMIGABLE QUE PUSO SU SELLO
La propuesta macrista tuvo un pequeño retoque del senador justicialista Miguel Angel Pichetto, que permitió mejorar el cálculo en 0,06 puntos pero que sirvió de guiño político para presentarse como un opositor amigable, dado que el oficialismo se tomó catorce minutos en aceptar la modificación. La primera versión contenía un plus sobre crecimiento del PIB a pagar una sola vez al año.
El haber mínimo pasaría con la fórmula actual de 7246 a 8296 pesos, 1050 pesos de suba (14,5 por ciento), mientras que de aplicarse el cálculo propuesto por el Gobierno la mínima pasará a 7660 pesos, con un alza de 414 pesos. La diferencia entre ambos cálculos es de 636 pesos, que el jubilado dejará de percibir por el cambio de medición.
Obviamente, a medida que se avanza en los montos de jubilación, la pérdida en términos absolutos en dinero es mayor. Tonelli, con absoluto caradurísmo, sostiene “el jubilado va a perder plata pero no poder adquisitivo”. En una extraña defensa del proyecto que su espacio impulsa en el Congreso, insistió en el argumento oficial de que el sistema actual no es sustentable. “Con la fórmula actual se corre el riesgo de que en poco tiempo el sistema esté desfinanciado y entonces sí haya que apelar a medidas mucho más drásticas y gravosas para los jubilados”, aseguró el diputado, que reconoció que entre una fórmula y la otra el aumento es menor. “Lo importante es que no queden por debajo de la inflación y del aumento de los precios. El aumento será menor, pero igual van a estar por encima de la inflación”, agregó Tonelli, quien así descarta la posibilidad de que los abuelos y abuelas puedan tener una recomposición real de ingresos.
Entre marzo de 2009 y septiembre de 2017 las jubilaciones registraron aumentos acumulados de 950 %, mientras que la inflación medida por consultoras privadas y el ente estadístico porteño fue de 692%. Durante ese período el haber mínimo pasó de 690 a 7246 pesos. Si en lugar de aplicarse esa fórmula las jubilaciones hubieran estado atadas a la inflación, la mínima habría quedado en 5470 pesos, un 24,5 por ciento menos.
Frente a este clima enrarecido, son horas tensas las que se viven en el Congreso. Es posible que la oposición pueda introducir modificaciones al texto y lo devuelva al Senado. El Gobierno lo ve como una verdadera pesadilla, ya que vería retrasar irremediablemente la sanción de la ley cuando esperaba ponerle un moño al año con las principales reformas económicas aprobadas.
Hay que tener en cuenta, que a diferencia del Senado, la Cámara de Diputados es un órgano más sensible al ánimo de la opinión pública. Y por lo tanto, más impredecible en su comportamiento. Representa al pueblo de la Nación y, como tal, todas las voces políticas buscan hacerse escuchar a través de discursos firmes y enardecidos. Es un escenario difícil de domar cuando no se cuenta con mayoría propia. Un estigma que Cambiemos mantendrá a partir de ahora, aún cuando haya engrosado su bloque con 110 diputados propios. Más allá de las especulaciones, nadie de la oposición quiere poner la firma y quedar pegados en la historia negra de la política, por haber condenado a muerte el futuro de los jubilados.
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