En otro plano, la gobernadora también se ve venir un coletazo de la mano de obra desocupada que fue echada tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario. Frente a este cuadro de situación, sus asesores cocinan a fuego lento la idea de sumar a efectivos de las fuerzas armadas en tareas de apoyo contra el delito. El avance de la droga en el Gran Buenos Aires, el crecimiento de los robos y entraderas, cada vez con mayor violencia y los episodios de justicia por mano propia, erizan la piel de la mandataria, que quiere llegar a las elecciones legislativas del 2017 en un marco de tranquilidad, que además le permita sumar votos. Otro de los temas bajo la lupa del Ministerio de Seguridad, es el miedo de los ciudadanos a padecer asaltos, lo que provoca que 7 de cada 10 familias decidan tener un arma de fuego en la casa para defensa propia. Ocurre tanto en La Plata, como en el Gran Buenos Aires, de acuerdo a una encuesta que difundió la ONG Defendamos la República Argentina, que conduce el abogado Javier Miglino.
Pese al desembarco de las fuerzas federales, como la Gendarmería, Policía Aeroportuaria y Prefectura, María Eugenia Vidal ordenó ir tirando redes para sumar en la logística a efectivos de la Fuerza Aérea y del Ejército. El objetivo es darle mayor contundencia a las acciones. La preocupación más grande, es la manifiesta complicidad policial con el narcotráfico. Hay datos que asustan, como el crecimiento de un 75% en lo que va del año de la venta de paco en el Gran Buenos Aires. Es evidente que la comercialización de la letal sustancia considerada la droga de los pobres, que convierte a los jóvenes en zombies y los extermina a temprana edad, se produce en el marco de zonas liberadas por la mafia de la Bonaerense a cambio de gruesas sumas de dinero. De acuerdo a las denuncias, en San Martín por ejemplo, un comisario cobra 200 mil pesos por semana por estos favores. Otro tema que ocupa la atención es dónde irán a parar los cientos de efectivos de la policía bonaerense y el Servicio Penitenciario que fueron dados de baja. La sospecha es que esa mano de obra desocupada, pueda aliarse con las bandas de narcotraficantes y buscar revancha para desatar en el conurbano un diciembre rojo, algo de lo que alertaron hace pocos días los movimientos piqueteros.
VALOR AGREGADO EN EQUIPAMIENTO
Según lo establece la Ley de Seguridad Interior, las fuerzas armadas no pueden actuar en el combate contra el narcotráfico, pero están habilitadas para ofrecer tareas de apoyo o participar en operativos de áreas como salud, educación y hasta desarrollo social, como el reparto de víveres o remedios. Frente al delicado panorama en la Provincia, los emisarios de Cristian Ritondo ya han iniciado conversaciones con el ministro de Defensa, Julio Martínez para que preste equipamiento y tecnología .
A lo que se apunta es a reforzar tanto a la policía como a las fuerzas federales, que ya han comenzado a desembarcar en un número superior a los 7 mil agentes. Lo que el ministro de Seguridad quiere saber es qué disponibilidad y qué capacidad operativa existe para colaborar en la acción de pinzas contra el delito. Esto tiene que ver con vehículos blindados, helicópteros y aviones, equipos de comunicación y camiones de transporte. Tampoco se descarta la probable utilización de cuarteles en desuso para lugares de detención. lo cual servirá para descomprimir las comisarías que están abarrotadas con más de dos mil presos que no tienen lugar en las cárceles.
Los asesores de Ritondo sostienen que no se pretende modificar la Ley de Seguridad, la cual no les impide solicitar apoyo logístico. Por eso quieren hacer uso de los recursos con que cuentan las Fuerzas Armadas, sobre todo la flota aérea que sería de un valor importante. Otro aspecto es sumar militares como acompañantes en los patrullajes, algo que antes seguramente pasará antes por varios filtros. En el Ministerio de Defensa ven con buenos ojos el apoyo logístico, aunque advierten que tanto en Colombia como en México, la militarización de la seguridad interior fue un fracaso.
LOS DESAFIOS EN PUERTA
No obstante, en nuestro país, desde el 2011 hay 1.700 militares trabajando en tareas de apoyo logístico con aviones y radares en el Operativo Escudo Norte contra el narcotráfico. Allí se opera para detectar mediante radares, vuelos y pistas clandestinas. Como sea, cualquier decisión deberá ser consensuada entre Vidal, el jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra Patricia Bullrich. La gobernadora quiere que entrados los primeros meses del año próximo, que tendrá un marcado sesgo electoral, los habitantes de la Provincia se sientan más seguros, algo que hoy no reflejan las encuestas. La situación es preocupante. Ya hubo este año más de 120 asesinatos en ocasión de robo. Vidal sabe que este efecto es corrosivo para su gestión. Además, también tiene en claro que la Bonaerense es un ejército de casi noventa mil hombres poco entrenados y pobremente equipados.
En lo que tiene que ver con la lucha contra las mafias, la gobernadora avanzó en reformas urticantes para la fuerza. Esto le valió que le llovieran las amenazas, tanto a ella como a sus funcionarios. También proliferaron las reuniones conspirativas de oficiales sancionados y algunos en actividad, además del crecimiento de las zonas liberadas para el delito y los secuestros. Con el respaldo de Vidal, Ritondo se atrevió a poner un civil frente a Asuntos Internos y a otro a manejar la caja grande policial, de donde se escurrían recursos con las horas extras y se reducía la asistencia de efectivos a los estadios de fútbol, para obtener dinero sucio en sumas millonarias que iba a parar a los bolsillos de los altos jefes.
PREOCUPA EL CONSUMO DE PACO
Otra de las preocupaciones de la gobernadora es la secuencia de jóvenes afectados por el paco, el mayor desecho de la producción de cocaína. El consumo de esta droga letal ha crecido este año un 75% tanto en capital como en el Gran Buenos Aires. El fenómeno va acompañado por los desesperados pedidos de ayuda de los familiares de las víctimas, que no saben como contener a sus hijos que les venden todos los elementos de valor que hay en la casa, para comprar más dosis.
El dato fue acercado a través de un relevamiento que realizó la Asociación Antidrogas de la República Argentina. Su titular, Claudio Izaguirre alertó que "el consumo de paco está creciendo por la cantidad de laboratorios de producción de cocaína. Con la pasta base, se prepara el paco, cuyas dosis tienen un costo de 10 pesos. Se calcula que un adicto promedio, consume unas 40 por día, por lo que sostener su adicción le requiere unos 400 pesos. "Si no tienen el dinero, salen a robar", asegura Izaguirre. Hay datos en el Ministerio de Salud que avalan la gravedad del avance de esta sustancia mortal. Psicólogos de hospitales de la zona Oeste dieron cuenta en sus informes que de atender 40 casos por semana, pasaron a 70. Señalaron que las madres no saben qué hacer con los chicos, dado que presentan deterioro neurológico severo. Y todo eso va acompañado por conductas delictivas, lo que termina en colocarlos en riesgo de vida permanente.
EL ANGEL DE LA GUARDA DE LA GOBERNADORA
En el terreno de las precauciones, comentan que el incendio en el Tribunal Oral Federal número 3 de San Martín y la nota amenazante que dejó en la terraza del edificio un supuesto grupo de narcotraficantes, atemorizó a la gobernadora, a tal punto que cambió al jefe de su custodia. Vidal colocó en ese cargo a Leonardo Oscar Papavero, un comisario de la policía bonaerense que ya había trabajado en tareas de custodia con el ex gobernador Felipe Solá. Hoy Papavero es el encargado de supervisar todos los movimientos de la mandataria, inclusive coordina a los policías provinciales y a los de la Metropolitana que constituyen dos anillos de seguridad. Son los que siguen a Vidal a todos lados. No obstante, el jefe de la custodia hace su trabajo bajo la supervisión de el ex policía Jorge Luis Vidal, quien es especialista y consultor en seguridad. En su momento asesoró al municipio de Medellín en Colombia, durante los años más violentos de lucha contra el narcotráfico. Fue él mismo quien seleccionó a Papavero y hoy es una suerte de angel de la guarda para Vidal.
En el entorno de la gobernadora admitieron que es la primera vez que Vidal siente miedo frente a las amenazas del narcotráfico. Ni los reiterados llamados intimidatorios al 911, ni el casquillo de escopeta tirado en el garage de su casa, como tampoco la vez en que dos policías bonaerenses fueron sorprendidos revolviendo cajones en su despacho, habían logrado conmoverla. Aún así, la gobernadora tomó ímpetu y motorizó 15 días después del incendio en el tribunal de San Martín, el descabezamiento de la cúpula del Servicio Penitenciario. " Semejante osadía, puede tener consecuencias impredecibles, pero estamos con la guardia bien alta", comentaron en el círculo más íntimo de Vidal.
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