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Por Jorge Joury
Si alguien quisiera calificarlo como un crimen de la mafia de la droga, seguro que acertaría de manera contundente. La historia que vamos a contar y a la que ahora la justicia tiene el ánimo de reflotar, presenta todos los ingredientes de un asesinato por encargo para ocultar un negociado de características multimillonarias, denominado en su momento como la "Aduana Paralela". Esto viene a cuento a que la justicia decidió reabrir la investigación del homicidio del comisario Omar Gutiérrez, hermano del actual intendente de Quilmes, hecho ocurrido el 29 de agosto de l994.
La decisión se tomó en concordancia con un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de dar con el autor intelectual del hecho. Todas las sospechas apuntan a un poderoso empresario, quien habría ordenado a un asesino a sueldo o sicario a matar a Gutiérrez, cuando el funcionario viajaba en un tren. Lo que se asegura, es que el uniformado había obtenido pruebas de una maniobra delictiva desde un deposito fiscal ubicado en la zona de Avellaneda, con la denominada "Aduana Paralela".
Los jueces del Tribunal de Casación Penal de la Provincia, Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky, a través de un fallo decidieron desestimar la posibilidad de declarar caduca las instancias y cerrar la causa. Es más, se ordenó dar inmediata intervención al Fiscal General de La Plata, a fin de que designe a quienes deberán llevar adelante "una investigación compleja, imparcial y efectiva, con el objeto de determinar la responsabilidad intelectual y material, de quienes hayan intervenido en la preparación y ejecución, del homicidio".
Los magistrados además ordenaron que se indague " sobre la eventual alteración o desaparición de elementos de prueba".Esta decisión implica la continuidad de las investigaciones sobre el crimen del comisario Jorge Gutiérrez y en ese contexto, los pesquisas volverían a poner la mira sobre la presunta responsabilidad en el hecho, a un empresario vinculado a la corporación que controla la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
La Casación, según señalan las fuentes judiciales consultadas, toma en cuenta de manera puntillosa el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ante un recurso presentado por los familiares de Gutiérrez, entendió que el Estado argentino tiene responsabilidades "por la vulneración del derecho a la vida". En ese contexto se destacó que "el resultado de las distintas reuniones celebradas en la Cancillería, permiten inferir que el papel del Estado argentino, en el marco del cumplimiento de sus relaciones internacionales, difícilmente supere el test de compatibilidad de los estándares internacionales en tanto las nutridas cadenas de irregularidades denunciadas no fueron desvirtuadas por la documentación presentada".
La Casación también le atribuye un rol de responsabilidad al gobierno de la Provincia, quien de aquí en más "deberá profundizar las investigaciones vinculadas al homicidio".Esto significa lisa y llanamente, el compromiso de la justicia a destapar una olla que puede llevar a dar con personajes vinculados a lo más alto del poder.
UN CASO BAJO LAS SOMBRAS DEL PODER
Recorrer los meandros del asesinato de Jorge Omar Gutiérrez, significa entrar en un laberinto de sospechas donde están en juego altísimos intereses, ya sea en materia política como económicos. Gutiérrez era casado y padre de tres hijos, cuando fue asesinado el 29 de agosto de 1994 de un disparo en la nuca, lo que se interpretó como un virtual fusilamiento. El escenario del hecho fue un tren de la ex línea Roca del ramal La Plata-Constitución. Por ese entonces la víctima revistaba en la Comisaría Segunda de Avellaneda y se hallaba abocado a una investigación vinculada a los más oscuros intereses del narcotráfico.
Gutiérrez había encontrado indicios de la presunta existencia de cargamentos de droga que ingresaban al país a través de la denominada "Aduana Paralela" y que según las sospechas podrían haber sido ocultados en un depósito fiscal de Avellaneda. Algunas fuentes dignas de crédito consultadas para este informe, creen que "Gutiérrez le estaba pisando los talones a peces gordos del narcotráfico y eso fue lo que le comunicó en la más absoluta reserva, a sus superiores inmediatos, lo cual se habría filtrado hacia fuera de la fuerza".
El 23 de marzo de 1998 la policía de la provincia de Buenos Aires lo ascendió post mortem a comisario mayor por haber sido asesinado en un acto de servicio. Gutiérrez era considerado un funcionario probo y de principios inquebrantables, lo que se dice "un policía de los buenos, que hoy no abundan en la fuerza", señaló una fuente próxima a la investigación.
El caso Gutiérrez tuvo idas y vueltas, pero nunca quedó la sensación de que se iba por buen camino para llegar a la verdad. Tal es así, que el 23 de septiembre de 1994 fue detenido el policía de la Federal, Alejandro Daniel "Chiquito" Santillán, quien fue imputado por aquel entonces como el presunto autor material del disparo que acabó con la vida de Gutiérrez. Pero junto a Santillán, la pesquisa puso en foco a otro policía, esta vez de la Bonaerense, Francisco Severo Mostajo, conocido por el apodo de "El Colorado".
En 1996 Santillán fue condenado a reclusión perpetua, pero la Cámara Federal de La Plata lo absolvió "por dudas insalvables sobre su responsabilidad", por lo que fue inmediatamente liberando. De esa manera el caso volvió a fojas cero, pero se reactivó con la reciente detención de Mostajo, quien fue atrapado en Temperley y está acusado de haber participado en el homicidio.
Sin embargo, el cierre de las investigaciones sobre Santillán llevaron a la familia de Gutiérrez a recurrir a la Corte Internacional de Derechos humanos, para que el caso vuelva a juzgarse integralmente bajo el nuevo procedimiento que rige desde 1998, en que los fiscales y no los jueces de Garantías como hasta entonces, son quienes comandan las investigaciones.
La causa Gutiérrez con esta resolución vuelve otra vez a ponerse en marcha.El actual intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez y su sobrino David, hijo de la víctima están convencidos de la responsabilidad en el caso de un poderoso empresario, quien sería el autor intelectual del hecho.
El propio jefe comunal señaló en su momento que "habría que investigar a este individuo, quien tiene muchas cosas por explicar". La persona a que apunta Gutiérrez tiene doble apellido, cuyas iniciales son G. C. y era directivo de DEFISA, el depósito fiscal de Avellaneda "donde mi hermano había detectado las irregularidades".
OTROS ASESINATOS CON EL SELLO DE LA MAFIA
El caso Gutiérrez no es el único en esta oscura investigación. También existe una ligazón con el crimen del comisario Jorge Piazza, que llamativamente tiene que ver con la existencia de depósitos de drogas presuntamente vigilados por una empresa de seguridad regenteada por miembros de la policía bonaerense.
Hay que señalar que Piazza desapareció misteriosamente, después de haber ingresado con su automóvil a la playa de estacionamiento de un hipermercado de Avellaneda. Esto ocurrió el 14 de febrero del 2003 y transcurridos diez días, su cuerpo fue encontrado con un balazo en la cabeza en un descampado de San Francisco Solano. Un crimen casi calcado al de Gutiérrez y con el mismo sello de la mafia.
Lo que consta en el expediente, es que en el momento de ser asesinado, Piazza iba a informar a una comisión especial sobre lo que había averiguado en torno al homicidio de su colega, Jorge Omar Gutiérrez. Por aquel entonces, llamó poderosamente la atención que el jefe de la Bonaerense, Pedro Klodzyck aseguró que esa muerte había sido un accidente "in itinere", es decir yendo del trabajo a su casa, minimizando toda posibilidad de que se tratara de un crimen vinculado a "temas delicados".
Hay que señalar que Klodzyck fue una de las caras visibles de la denominada "Maldita Policía", proceso que culminó durante el gobierno de Duhalde en 1998, con la intervención civil de esa fuerza, primero a cargo de Luis Lugones y luego de León Arslanián.
Pero allí no terminó la cadena de crímenes vinculados al caso Gutiérrez. Hubo otras extrañas muertes como la del despachante de Aduana José Luis Gussoni, que en 1994 había denunciado irregularidades en el Sistema Informático María (SIM). Una de las versiones que sonó con más fuerza es la que le habrían cortado los frenos del auto en que se desplazaba.
Otro de los hechos que quedó en el misterio, es la confusa muerte de José Micuccio, jefe de la sección Registros de la Aduana de Campana, en tanto que en diciembre de 1990, el juez federal Roberto José Marquevich, encontró sin vida al administrador de Aduanas, el brigadier Rodolfo Etchegoyen, hecho que tuvo enorme repercusión en los medios. Por ese entonces se dijo que se había tratado de un suicidio, pero sus familiares aseguraron que Etechegoyen estaba investigando el tráfico de drogas y lavado de narcodólares en las aduanas argentinas.
Además el ex funcionario había inspeccionado sorpresivamente los depósitos fiscales de EDCADASA, una de las empresas que manejaba el desparecido empresario Alfredo Yabrán, considerado el autor intelectual del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas. Además se habla en el marco de las pesquisas, de un ex represor conocido con el mote de "El Duque", un sujeto sindicado como presunto proveedor de la seguridad en los depósitos fiscales para almacenar drogas.
Como se observa, el caso Gutiérrez está en la fila de eslabones de una serie de episodios que se mantienen en el misterio, pero donde los pesquisas olfatean el sello de la mafia de las drogas. Habrá que ver ahora que tan a fondo llega el bisturí de la justicia para vencer tan poderosos intereses como los que están en juego.
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