Por Jorge Joury
El abogado Marcelo Mazzeo rechazó de plano que el Caso Candela haya vuelto a fojas cero. Y lo hizo aún cuando se le recordó que los últimos dos detenidos, Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, recuperaron la libertad por falta de pruebas.Insistió en que "el aparato corrupto de la bonaerense está vigente y que también los narcopolicías vinculados a la causa han embarrado la cancha para que la verdad no salga a flote". Lejos de bajar los brazos, Mazzeo me anticipó en carácter de primicia en mi programa radial, que en los próximos días "pediré el juicio político del gobernador Daniel Scioli, por haber ignorado las recomendaciones de la Comisión Investigadora del Senado de la Provincia. Se que no será fácil, porque el trámite tiene que entrar por Diputados, donde tiene mayoría, pero confío en el sentido común de los legisladores, para que de una vez por todas podamos llegar a la verdad y darle una respuesta a la sociedad, que hoy mantiene la sensación amarga de la impunidad, con una pequeña que pudo haber sido la hija de cualquiera de nosotros y que desde su tumba nos está clamando justicia".
Mazzeo al poner en valor que "la red de corrupción en las fuerzas de seguridad sigue más vigente que nunca", manifestó que " hoy el Servicio Penitenciario bonaerense le está dando a los presos carne no apta para el consumo humano, no descartándose que hasta sea de caballo".
Volviendo al Caso Candela expresó que "todos queremos detenidos a los autores y al móvil del hecho debidamente transparentado. Hay gente de la política que está haciendo todo lo posible para que esto no se logre, como los senadores Alberto De Fazio y Julio Assef, que cuestionan las conclusiones a las que arribaron los senadores, porque lo que quieren proteger es a Scioli, al ministro de Seguridad, Ricardo Casal y a la cadena de altos jefes corruptos que aún e inexplicablemente siguen en sus cargos, ampliando sus oscuros negocios y patrimonios personales".
Para ubicar al lector en tiempo y forma, hay que señalar que en su momento la comisión especial de senadores bonaerenses que analizó la investigación del crimen de Candela Rodríguez, cometido el 2011, recomendó al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que exonere entre otros al jefe de la Policía, Hugo Matzkin, y pidió que se someta a jury a los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa.
Se trata del fiscal general, Federico Nieva Woodgate; los fiscales Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa; y el juez de Garantías Alfredo Meade, todos del Departamento de Morón.
El abogado Marcelo Mazzeo insistió en que “la policía estuvo para encubrir los homicidas y las pistas, porque el contexto era el narcotráfico, narcosecuestro, negocio del que forma parte un sector de la fuerza de seguridad”.El dictámen de mayoría fue firmado por los senadores del Frente Para la Victoria Jorge Ruesga, Jorge Donofrio, Cecilia Comerio, Emilio López Muntaner y Diana Larraburu, a quienes acompañaron María Isabel Gainza del CC-ARI y Omar Foglia del GEN-FAP, mientras que el sciolista Alberto De Fazio presentó un dictamen en contra y Julio Assef del Pro-Peronismo, hizo lo propio, "ambos para cubrir a Scioli", insiste Mazzeo.
También los senadores acordaron denunciar ante la justicia al defensor oficial Oscar Rombola por incumplimiento de deberes de funcionario público y a Nievas Woodgate por mal desempeño de sus funciones.
“El accionar irregular de los fiscales y la falta de idoneidad no es atributo del caso Candela sino que forma parte de una matriz e intervención que se lleva a cabo sobre todo en casos de resonancia pública”, sostuvo en su momento el senador Jorge Ruesga cuando lo entrevisté en mi programa radial y adelantó que había elevado copia del informe a la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General, organismos que aún no se han expedido pese al paso de los meses y a las gestiones que hicieron personalmente los legisladores.Por lo menos los periodistas no hemos tomado nota de posibles coletazos.
Hay que decir además, que en el informe se diferenció la responsabilidad judicial, la política y la policial, por lo que la Comisión recomendó a Scioli que también exonere al Director General de Policía Científica comisario general Pablo Vázquez; al entonces Superintendente de Seguridad Oeste, comisario general Sergio Bianchi.
Reclamó además la exhoneración del director de la DDI La Matanza comisario mayor Marcelo Cheabriau; al director general de Investigaciones en Función Judicial comisario general Roberto Castronuovo y al oficial principal Mauricio Rhodas Pérez, entre un listado extenso de policías que por lo menos superan los quince.
El dictamen que fue firmado por siete de los senadores que componen la comisión, denunció serias “irregularidades, negligencia, complicidad” y resolvió elevar el informe a la justicia federal por entender que el homicidio de Candela “se trató de un secuestro vinculado al narcotráfico” por lo que no debe seguir en la órbita de la justicia ordinaria.
El abogado Marceloo Mazzeo sostiene hoy y lo fundamentará en su pedido de juicio político a Scioli que "no se puede permitir que la misma policía que está implicada en estas irregularidades, se investigue a sí misma.Hay una matriz corrupta que se hace necesario perforar para salvar a la comunidad del peor de los flagelos, como lo es hombres de alto rango en la fuerza, al servicio del narcotráfico". El abogado levantó el tono de voz durante la entrevista, cuando recordó "lo indignante que fue ver a Scioli al otro día de elaborado el informe del Senado, fotografiarse en con el director de la DDI de La Matanza", al que Mazzeo le apunta todos sus dardos y lo pone en el escenario "como una figura siniestra del andamiaje de los negocios sucios de la droga.Esa foto, no fue otra cosa que un mensaje aterrador para los buenos policías que hay en las comisarías y que se resisten a este sistema oprobioso", señaló.
Mazzeo sostuvo que "no se puede echar por tierra un informe donde se evaluaron más de 2.000 fojas de información extrajudicial, 18.600 que están incorporadas en la causa y se tomaron 55 testimonios, que resultaron lapidarios para la cúpula policial y el andamiaje del Ministerio de Seguridad bonaerense, de donde se urdió un plan para culpar a perejiles, darle una rápida respuesta a la opinión pública, ávida de justicia y encubrir a los verdaderos responsables de la red mafiosa".
Cuando me puse a escribir este artículo, me volvieron a la mente muchas circunstancias que me fueron marcando el rumbo desprolijo de la investigación. Todavía recuerdo, que en su momento el senador Jorge Ruesga me detalló también en mi programa radial, al igual que su par Jorge Donofrio, que la Comisión trabajó cinco meses “porque era indispensable reconstruir el trayecto de la investigación, ya que el expediente judicial es caótico en su organización y está plagado de irregularidades”. Imagínese el lector de qué manera ese jeroglífico jurídico, pueda llegar a convertirse en un camino de luz.
También recordé que durante mis entrevistas ambos legisladores coincidieron en su mmento en graficar que existían “fojas inutilizadas, ausencias de cargos en los escritos, anexos en cuerpo principal, las principales declaraciones que no se tomaron en sede judicial, además de pruebas plantadas y testigos truchos que quedaron en evidencia de manera vergonzosa".
El doctor Mazzeo también cuestionó el accionar de la policía a la que acusó de “desviar la investigación” y precisó que desde la denuncia de la desaparición de Candela “se montó un espectacular operativo policial que tuvo como objetivo responder a la presión mediática y donde no se respetaron las reglas básicas de manual en el manejo de un secuestro, como lo fue el de Candela, donde todo trascendía, hasta los diálogos que mantenía la familia de la víctima con los delincuentes”.
El abogado además puso énfasis en criticar a la Mesa de Crisis que se formó con el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y la cúpula de la fuerza, asegurando que la policía “trabajó sin conducción estratégica y con superposición de mandos, se buscó a la niña donde no estaba y la Mesa estuvo dirigida a dar respuesta los medios y la población, mientras había operaciones paralelas para recuperar a la víctima por fuera de la investigación”.
Otra de las cuestiones que Mazzeo planteará en su pedido de juicio político al gobernador de Buenos Aires, tiene que ver con que cuando se halló el cuerpo de Candela “se malogró la posibilidad de levantar evidencias porque no se preservó la escena y el lugar fue invadido por funcionarios y familiares, entre ellos el propio Scioli y su ministro Casal”.
Para Mazzeo hay fallas inexplicables, como la que "los propios peritos sólo tuvieron entre 30 y 40 minutos y afirmaron que no se cumplió con la preservación del lugar. Es más, declararon ante la comisión que era como que por allí pasó una manada de elefantes”, destacó.
Consideró que el lugar en el que apareció el cuerpo “puede ser interpretado como un mensaje mafioso en el marco de la disputa por la conducción de la policía” y reveló que en casos similares los secuestradores “se deshacen del cuerpo y aquí el objetivo fue exhibirlo en el lugar más controlado por la fuerza de seguridad”. El abogado señaló como un hecho positivo que "afortunadamente la madre de la pequeña, Carola Labrador," está empezando a abrir los ojos y se está dando cuenta de que existe un sistema de encubrimiento policial para que no se llegue a la verdad.Ella sabe mejor que nadie que hay gente pesada en el medio .Si esta es la policía que nos tiene que cuidar, prefiero que nos cuiden los chorros", aclaró Mazzeo.
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