Cada tanto los familiares de las víctimas de la trágica inundación en La Plata me envían información sobre el vía crucis judicial que vienen soportando desde hace 39 meses. Buscan oídos en la prensa ante la falta de soluciones por parte de los poderes del Estado. Creo interpretar su impotencia y me duele también el paso del tiempo en medio de tanta oscuridad. Ellos sienten como si una muralla les impidiera traspasar las capas de impunidad para desentrañar lo que ocurrió con sus seres queridos, aquellos que perdieron aquel fatídico 2 de abril del 2013. Pero ahora el alerta que formulan adquiere visos más dramáticos. Denuncian que la tragedia puede volver a repetirse por la paralización de las obras hídricas. Y lo más grave, es que el Gobierno bonaerense mira hacia otro lado.
El "No se olviden de los inundados" , debería ser una cruzada obligada para legisladores y concejales. Si bien es cierto que un ex intendente recibió su castigo en las urnas, los platenses necesitamos llegar a la fuente de las responsabilidades, para que los verdaderos culpables sean castigados como merecen. Es un acto de grandeza para sepultar la historia. Será por ello que los familiares, hartos de promesas y excusas, además proponen formar una comisión de la verdad. Una suerte de CONADEP, integrada por notables que no tengan ningún interés en el tema. Gente respetable, profesional y comprometida, que pueda recolectar los testimonios que hacen falta para despejar definitivamente la sospecha de un pacto de silencio para proteger a los poderosos.
LA AMENAZA A LA VUELTA DE LA ESQUINA
Mientras tanto, las alarmas se han vuelto a disparar. Las obras hídricas se encuentran parcialmente paralizadas. Un informe de las asambleas de inundados revela que sólo existe un avance del 40% en los trabajos. Pero el dato que sorprende es que desde que asumió María Eugenia Vidal hasta estos días, apenas se avanzó un 2%. Casi nada y el motivo es un problema de caja con la Nación, que no autoriza los recursos. Nos preguntamos: ¿No vale más la tranquiliad de una ciudad, que una suma de dinero?. ¿Y si el cielo nuevamente se ensaña y decide volcar su furia. Quien se hará cargo ?. La UOCRA local también se sumó a la cadena de reclamos. "La paralización de las obras y la falta de interconexión pueden originar un tapón para las aguas con consecuencias más devastadoras que las del 2013", alertaron. Es por ello y por la vuelta al trabajo, que los obreros de la construcción "advierten y reclaman" la "urgente reanudación de las tareas y la reactivación de cientos de empleos". Hace poco tiempo el titular del gremio, Juan Pablo "Pata Medina" recibió la promesa de la gobernadora de reanudar lo antes posible los trabajos.Pero aún no hay señales ciertas de que el compromiso se haga realidad. Es más, en las últimas horas Vidal anunció las obras para evitar el desborde del río Luján, pero aún de lo que atañe a nuestra ciudad no habló.
REUNIONES CONTRA LA CORRIENTE
Miembros de las Asambleas de Inundados tienen por estas horas la sensación de estar remando contra la corriente. Se han reunido recientemente con autoridades comunales para analizar el estado de las obras y de las acciones necesarias para evitar las inundaciones. Pero los avances son meras gotas en un océano de problemas, ya que no asistieron representantes del área Hidráulica del Ministerio de Infraestructura, la pata clave de la historia.
“Con la Municipalidad se acordó tiempo atrás realizar foros de planificación, de obras y de plan de contingencia. Pero todo eso está en veremos”, se señaló. Frente a este escenario, los representantes de las distintas asambleas coincidieron en que si se produjera un evento climático similar al ocurrido el 2 de abril de 2013, nadie sabría cuál es el plan de alerta, ni el de contingencia de la Municipalidad. “La gente no fue informada de cómo actuar, nadie conoce el protocolo del Municipio ante un potético escenario de catástrofe”, agregó uno de los asambleístas. Además, se presentó un documento en el que se denunció que las obras estructurales se hacen a un “ritmo mínimo” y con la falta de funcionamiento de la comisión bicameral de seguimiento creada por la Ley 14.527. Según relevamientos de los asambleístas, de 65 obras proyectadas en toda la región, hay 28 paralizadas “por imprevisión”; 21 están sin licitar o sin contrato; 8 están en ejecución y 8, finalizadas.
LA FALTA DE FONDOS NOS PONE EN RIESGO
En relación a las obras paralizadas por imprevisiones se informó que se debe a interferencias con conductos de diferentes servicios. Los items principales son la falta de mensuras en terreno, de proyecto ejecutivo, de permisos municipales y oposición vecinal. “En conjunto esas obras tienen un avance del 70 por ciento, pero están así desde hace 9 meses. De este modo no pueden cumplir ninguna función. Se supone que la falta de fondos impide resolver muchos de los conflictos”, se indicó. También se puso de relieve que “no hay medidas concretas para poner freno definitivo a la urbanización mediante rellenos en lugares que forman parte de los valles de inundación o bañados”. Se denunció además que en los últimos años ni siquiera se cumplieron las “insuficientes” normas del código de ordenamiento urbano sobre “protección de arroyos y bañados”. Uno de los asambleístas pidió que se haga un reservorio y parque recreativo en 137 de 70 a 72.
El actual cuadro de situación llegó al Concejo Deliberante, ya que el presidente del bloque de ediles del Frente Renovador, José Ramón Arteaga, que hace recorridos semanales por los diferentes arroyos, manifestó que “ las obras están paradas. Desde agosto 2015 no hay pagos a empresas y se ejecutó el 30%. Pedimos que se reanude la labor de la Comisión Bicameral de seguimiento”, dijo.
UN RESARCIMIENTO PARA LAS VICTIMAS
Mientras tanto, se denunció que sigue sin motorizarse a nivel legislativo un resarcimiento económico a quienes se inundaron. La Asociación Familiares de Víctimas (AFAVI) también apuntó sus cañones hacia la justicia. Denunció inacción por parte del fiscal Jorge Paolini y del juez Federico Arias. Ambos investigan el número de víctimas fatales y las responsabilidades de los funcionarios comunales y de la Provincia de aquel entonces. En su respuesta, Paolini se defendió señalando que no hay pruebas suficientes para sumar más imputados. Hay dos en foco, quienes en su momento estaban a cargo de Defensa Civil bonaerense y municipal. No obstante, no descarta que se llame a declarar a otras personas de mayor rango, entre los que menciona al ex intendente Pablo Bruera, quien cuando se desencadenó el drama descansaba con su familia en un exclusivo club de playa en Brasil.
En este momento, la causa se encuentra en manos de la Fiscalía General. Durante el período de investigación, los denunciantes le imputan a Paolini -fiscal de Delitos Complejos del Departamento Judicial de La Plata- que se negó a llevar adelante algunas pruebas pedidas por AFAVI. El Código Penal lo obliga a comunicar a la Fiscalía al momento del cierre para que el fiscal general disponga si lo que se denegó estuvo bien o se tiene que hacer lugar a alguna medida. Según cómo vuelva la causa de la Fiscalía General, entonces, se dará comienzo a la etapa del juicio propiamente dicha, o se deberá seguir investigando.
SOLO DOS CABEZAS VISIBLES
Hoy los dos únicos imputados son el comandante mayor iguel Angel de Lorenzo, quien en ese entonces tenía el cargo de director general de Defensa Civil bonaerense, y Sergio Ariel Lezama, quien era titular de la Dirección de Defensa Civil municipal que integró el Comité de Emergencia. Ambos tienen sobre sus espaldas la mochila de la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal Paolini señala que sólo se imputó a ellos porque no se encontraron pruebas para sumar a las demás personas que pedían desde AFAVI, como el ex intendente Bruera, al por entonces ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlìa y al gobernador Daniel Scioli. No obstante, el colectivo de abogados populares "La Ciega", que representa a los familiares, adelantó que en la elevación a juicio van a volver a plantear la responsabilidad de los demás funcionarios. Lo harán en la Cámara de Apelaciones. “Pedimos que les tomen indagatoria a los políticos pero el fiscal no comparte esto”, explican.
Señalan que “ Paolini hace un corte arbitrario en las dos personas y no explica por qué. Con la misma prueba que imputa a los dos directores de Defensa Civil se puede direccionar sobre más funcionarios. El fiscal también dice que va a dejar abierta la causa por si se agregan más funcionarios. Pero es muy raro que una vez que la elevas a juicio se siga investigando, lo dice como para quedar bien”, agregaron. Los abogados de AFAVI afirman que el delito por incumplimiento de los deberes de funcionarios por los que se acusa a De Lorenzo y Lezana es muy leve y “tiene una multa irrisoria”.
EL PARRAFO QUE DESNUDA LA DESIDIA
En la búsqueda de la verdad, en el informe brindado por los técnicos de la Universidad Nacional de La Plata se señala que “desde el punto de vista meteorológico, el evento fue extraordinario y su magnitud se ubicó por encima del máximo histórico registrado. A consecuencia de ello, se excedieron las capacidades de los arroyos en cuyas cuencas se asienta fundamentalmente la ciudad de La Plata”. Y agrega: “Los resultados obtenidos indicaron que la influencia de estas (las obras realizadas y las previstas) es poco significativa ante un evento como el mencionado. Ello es consistente con el hecho de que la tormenta registrada ese día excedió ampliamente a la que habitualmente es utilizada para el diseño de las obras”.
Sin embargo, un párrafo más abajo, se pone énfasis que, aun considerando lo anterior, no ha existido una estrategia comunicacional eficiente para salvar la falencia en las obras y que La Plata tenía advertencias sobre su situación de riesgo de inundación latente. Luego, se añade que “no fue emitida una alerta meteorológica por tormentas severas previa a la precipitación del orden de 300 milímetros en 3 horas (registrada a partir de las 16 horas del 2 de abril) y 392 milímetros en 24 horas y, una vez registradas las primeras evidencias de la magnitud de lo sucedido, las acciones desplegadas a nivel local en pos de su mitigación fueron tardías, caóticas e insuficientes”.
VOCES QUE CLAMAN DESDE LAS TUMBAS
Otra materia pendiente de la justicia con los familiares tiene que ver con el número final de muertos. En esa dirección AFAVI también reclama profundizar la investigación, tanto de quienes fallecieron ahogados en sus casas, en sus autos o en las calles, como quienes murieron en los hospitales sin atención adecuada, quienes sufrieron electrocutaciones o enfermedades y dejaron de existir días después, como tantos otros casos que provocaron serias secuelas psicológicas en los sobrevivientes. El juez Arias sostiene que “nunca presentaron nada formalmente en la justicia”. AFAVI responde que, incluso, se presentó toda la historia clínica de los fallecidos.
Los abogados de AFAVI admiten haber tenido muchas esperanzas en Arias al comienzo de la investigación pero sostienen que, finalmente, el juez “cedió a presiones políticas: “Arias oculta y tergiversa información y no es independiente. Finalmente no busca la justicia; se declaró abiertamente partidario de Scioli, se identificó políticamente y no corresponde. La idea de ellos es cerrar el tema”, aseguran.
“La única manera de que en algún momento podamos lograr que la justicia investigue, es armando una comisión de la verdad, tipo la CONADEP, con personas ilustres que recolecten testimonios. Porque todos sabemos que el número de fallecidos no es 89 y que hay irregularidades que se ocultaron en el cementerio y la morgue. La justicia sigue cooptada. Hay un pacto de silencio”, concluyó la abogada Miriam Bieri, una de las profesionales que fogonean el reclamo. Por lo que se ve, los frentes de tormenta están abiertos y las heridas no podrán cerrarse hasta tanto empiecen a llover las respuestas claras que la sociedad se merece. Pasaron 39 meses. Es mucho tiempo. En la medida que el almanaque vaya cayendo, hay más posibilidades que la verdad se diluya y los culpables escurran sus culpas.
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