viernes, 25 de abril de 2014

Los intendentes se ponen el casco contra el delito





Por Jorge Joury

El impulso de la emergencia en Seguridad frente al feroz  accionar delictivo, ha vuelto a posicionar en el escenario  político al gobernador de Buenos Aires. Daniel Scioli recuperó seis puntos en su imágen positiva, según las últimas mediciones. El ex motonauta una vez más demostró que es un sobreviviente de todos los naufragios y por lo que se ve está dispuesto a dar pelea en todos los frentes. Pero más allá del papel de Scioli en la coyuntura, en el trazo grueso de la lectura de la iniciativa, los intendentes del Conurbano pasarán de aquí en más a ejercer un rol fundamental.
Serán los garantes de que las acciones se cumplan en sus territorios de manera efectiva, aunque exigirán que de los gastos se haga cargo la gran caja de la Provincia. Deberán monitorear ante las policías distritales y potenciar todo lo que tiene que ver con la prevención, en una fuerza que viene a los sopapos, sobre todo por las decisiones de jueces y fiscales garantistas que los descolocan permanentemente haciendo funcionar la puerta giratoria cuando de detenidos se trata.
Gustavo Ferrari, hombre proveniente del riñón del colorado De Narváez , que en su momento fue adalid de un plan de seguridad, es quien hoy se desempeña como asesor general de Gobierno y es uno de los cerebros que pergeñó la nueva estrategia contra la delincuencia. Junto a unos 200 abogados trabajaron a destajo para armar la nueva ingeniería de la maquinaria policial, para que el  tadem Scioli-Granados recuperen las energías y la credibilidad. Al parecer la mira se puso en foco, luego del persistente reclamo que venían haciendo los barones del conurbano, quienes recalentaron el teléfono de Granados señalando  que en algunos distritos la inseguridad avanzaba a paso arrollador de la mano del narcotráfico y en algunos casos, hasta con huellas visibles de zonas liberadas.
Para los observadores, hay que poner especial atención a la  vuelta del Comando de Patrullas, una estructura a la que le había dictado el acta de defunción el ex ministro León Arslanián. En esa dirección no sólo ahora se contempla la metodología  de potenciar los patrullajes. Además otorga a los intendentes potestades para definir las zonas críticas y reorientar la presencia policial, así como poner bajo la lupa el accionar de los uniformados y en caso de ser necesario, proponer que aparten a los que dan el mal paso.
Uno de los jefes comunales que tuvo voz y voto en la nueva operatoria, admitió en voz baja que en la reunión que mantuvieron algunos alcaldes con Daniel Scioli y el ministro Granados, “ nos solicitaron colaboración y control, además de recalcar que  nuestra presencia es clave para avanzar en la lucha contra el delito”.
Pero los intendentes de paladar negro, los más avezados, que además tienen buen olfato para detectar las tempestades, guardan ciertos reparos frente a la incipiente ley. Tienen dudas en el sentido de tomar nuevas potestades y que después se les pase factura, aunque están dispuestos a subir  los aportes que realizan para contribuir a la seguridad con fondos para combustible, arreglos mecánicos y compra de equipos. Otros en cambio, dueños de escenarios donde los reclamos por la inseguridad se multiplican y tocan la puerta del municipio, poniendo en juego  su propia supervivencia política, han visto las medidas como un bálsamo cuyo efecto inmediato es de alivio. Sostienen que algo había que hacer y en su mayoría  adelantaron que están dispuestos a aceptar el desafío, incluso firmaron los convenios con Seguridad para el arranque del nuevo sistema de patrullaje. No obstante,  también están reclamando que la cartera que conduce Alejandro Granados sea permeable al cambio de algunos jefes policiales que no están a la altura de las demandas que hace la gente y que ni siquiera dan la cara en las reuniones barriales.
La policía no es fácil de domar y ahora a muchos jefes comunales le tocará la difícil tarea de desarticular algunos nichos de corrupción. En tal sentido, hace poco tiempo la diputada Graciela Giannetasio me comentaba que “si hay Paco en los barrios es porque la policía mira hacia otro lado y está en el negocio”.Como se advierte, el  camino en ordenar la seguridad a nivel distrital, será largo y espinoso. Seguramente rodarán cabezas y habrá que hacer purgas a fondo en muchas comisarías.
Mientras tanto, aún cuando el decreto de emergencia tiene poco tiempo de vida y su aplicación no puede exhibir resultados concretos, en la Gobernación se respira un clima levemente más distendido. La presión ya no es tanta, aunque saben que el trabajo será arduo y a largo plazo. Lo importante para las primeras espadas de Scioli es que las medidas cayeron muy bien en la gente, tienen una aceptación de casi el 80% y hasta la propia oposición manifestó su intención de trabajar en la misma dirección.
Lo que ha logrado el gobernador es nuevamente salir del fondo del río y ganar la superficie, transmitiendo la sensación de que algo puede cambiar. La buena predisposición del resto de las fuerzas políticas favorecerá  que los proyectos que el Ejecutivo enviará a la Legislatura, lleguen a buen puerto. Sobre todo aquellos vinculados a los límites a las excarcelaciones, que para Scioli es el rayo láser contra el delito. Incluso la ley de las Policías locales logró destrabar en los últimos días la primera cerradura del cofre en el que descansaba desde hace algún tiempo. Las herramientas que anunció Scioli y que requieren tratamiento parlamentario tendrían, por lo que se observa, el camino  despejado aún cuando pudieran generar algunos chispazos en sectores del Frente para la Victoria. Estiman que en diez días la medida tendría media sanción en la Cámara de Diputados. También se busca sumar otros diez mil policías antes de fin de año. Apuntan a que egresen en diciembre y se incorporen a los 50 mil con que ya cuenta La Bonaerense.
El especialista en seguridad, el doctor Luis Vicat, a quien entrevisté en mi programa radial (Te lo digo en serio, que va de 8 a 10 por la Fm local 97.7) sostiene que “para establecer un control férreo de la seguridad en las calles, se necesitan cien mil policías. Hoy solo se dispone de 15 mil. Si bien es cierto que la fuerza dispone de 50 mil hombres, la mayoría de ellos están abocados a otras tareas, como administrativos, médicos, peritos y abogados. Es decir la ecuación hoy es por cada 5 empleados hay uno solo estrictamente abocado a las tareas de vigilancia y prevención”.
Mientras tanto, la siempre tormentosa relación que Scioli mantiene con la Casa Rosada quedó expuesta una vez más tras el anuncio de la emergencia en Seguridad. Las primeras voces críticas a esa medida del arco K parecieron quedar circunscriptas con el correr de los días a los sectores no peronistas que reportan al oficialismo, tradicionalmente refractarios a las políticas del gobierno provincial, en especial las vinculadas a la lucha contra el delito.  Pero en la lectura de los observadores, esos gestos no alcanzarán,  para que el diputado nacional Martín Insaurralde corone con éxito en el Congreso, la misión que le encomendó remar el ex motonauta de promover un endurecimiento de las penas para aquellos que porten armas no declaradas.
“Daniel quiere medidas efectivas y que no se pierda la iniciativa”, comentó uno de los hombres que participa de las decisiones de la mesa chica. Tal es así que en las últimas horas el Gobierno bonaerense dio  un paso más en su intento por combatir a los motochorros. Resolvió finalmente a obligar a los acompañantes a usar casco y chaleco reflectantes donde quede impreso el número de patente del vehículo. Lo que se  busca  es atacar una modalidad delictiva utilizada en el 26% de los hurtos y robos callejeros. Algunos de ellos emblemáticos, como el de Carolina Píparo en La Plata  o el reciente asesinato de Agostina Brega, en Tres de Febrero, cuando dos motociclistas quisieron robarle la cartera en la puerta de su casa.La medida oficial incluye un pedido de adhesión a los municipios para restringir los horarios de circulación de más de una persona en la misma moto, por ejemplo, en zonas bancarias y comerciales. En el caso del uso del casco y el chaleco reflectante, el incumplimiento de la norma determinará la retención preventiva del vehículo y la licencia de conducir. Será considerada una falta grave, en los términos de la Ley de Tránsito N° 13.927.
La previsión es empujada por la creciente preocupación social y por la estadística: según la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, en el 26% de los hechos cometidos por delincuentes los responsables llegan al lugar en motos, mientras que el 17% lo hace en automóviles. Los robos más frecuentes son en la vía pública (62%), a comercios (12%), entraderas a casas particulares (9,8%), entre otros.La mayoría de las víctimas son peatones descuidados o automovilistas con los vidrios bajos. También incluye salideras bancarias, o fines de apoyo, como asalto a transporte de caudales.Además, como ocurría en Colombia en los últimos tiempos se ha observado con las motos una incipiente actividad, no menos preocupante: los denominados sicarios. No perdamos la mirada en que es  una práctica vinculada al narcotráfico y el objetivo es el crimen de una persona determinada.
El inicio de esta modalidad en el país, se pudo verificar el 24 de julio 2008, con el asesinato de dos colombianos en el shopping Unicenter. El homicida llegó en moto con un acompañante, bajó solo, disparó treinta veces y escapó del mismo modo con su cómplice que lo aguardaba al final del playón.
Colombia parece “exportar” la técnica. Y también el antídoto. Hace un par  de años, Daniel Scioli lo detectó al mantener reuniones con especialistas en Bogotá e instaló la posibilidad de aplicar el método del chaleco y los cascos en Buenos Aires. Aquel país ya lo había utilizado en la década del ‘90, con marcado éxito.De aquí en más, Scioli sabe que el  tiempo de descuento es precioso, sobre todo para llegar al sillón de Rivadavia, como es su aspiración. Pero antes deberá despejar el campo de batalla de enemigos, en especial la droga, para no dejar flancos débiles.

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