Juicios por jurados; ¿el fin de la “puerta giratoria” para el delito?

Por Jorge Joury

¿Se acabará la impunidad en la Argentina?. ¿Los jueces se verán obligados a ser ucuánimes  y aplicarán todo el peso de la ley sobre los que la violen?. ¿ Seremos todos iguales a la hora de rendir cuentas?. ¿Puede convertirse en  un freno al delito y la corrupción?. ¿Será en un remedio para recuperar la paz y la vida en convivencia?. ¿O solo veremos una película, como las de Hollywood?. Estas son sólo algunas de las preguntas que hoy se hace el ciudadano común, ante la llegada del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que uno de cada mil bonaerenses de entre 21 y 75 años, cerca de unas 12 mil personas, serán sorteado el próximo miércoles 21 de mayo para integrar el padrón de los primeros tribunales. El sistema, que la mayoría de los argentinos apenas conoce y que comenzaría a aplicarse a fin de año, genera aún dudas en la población. Pero para los estudiosos más calificados del derecho, es el mejor de los caminos para administrar justicia.
Aunque  la corporación judicial en su fuero íntimo rechaza este esquema, ya que le dá amplia potestar al pueblo, se reconoce en voz baja que lo necesitan para levantar el descrédito en que han caído, sobre todo por la tan mentada figura de la puerta giratoria, para graficar por donde entran y salen los delincuentes, frente a la indignación de la sociedad.
No es otra cosa que afianzar el sistema republicano y el ejercicio democrático de permitir que cada habitante sea juzgado por sus iguales. La ley promulgada cumple con la mandato de la Constitución Nacional en el artículo 118 y permite que los vecinos puedan controlar al poder público de un modo republicano y transparente, comprometiendo a la sociedad en la solución de sus propios conflictos, lo que implica una saludable redistribución de soberanía.
Más allá de las dificultades económicas, logísticas y culturales que significa la puesta en marcha de esta nueva metodología, los juristas coinciden en que redundará en una Justicia menos opaca para la mirada del hombre común y mejorará la percepción pública acerca de la tarea jurisdiccional.Para los jueces penales en particular, el juicio por jurados representa en estos momentos una profunda transformación y un repensar los campos y límites de su actividad, al resaltar aún más su condición de tercero neutral que deberá tanto garantizar las reglas del debido proceso objetivo, como aplicar el derecho a la decisión soberana que sobre los hechos que hayan determinado los jurados.
Se trata ni más ni menos, que de muchas miradas para observar, detectar y filtrar los elementos de las causas que a veces llegan contaminadas por la recolección de pruebas, que hacen en algunos casos que terminen pagando justos por pecadores. Pero además, la nueva metodología obliga a los magistrados a tener una mirada más pormenorizada de los hechos y castigar como establece la ley, a aquellos que la transgreden.
De acuerdo al anuncio que hizo el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, los sorteados serán 6000 hombres y 6000 mujeres. Para que el ciudadano común tenga una idea cabal del nuevo sistema, actuar como jurado será una carga pública irrenunciable, lo mismo que ser autoridad de mesa en una elección. Al bolillero de la Lotería provincial,donde se hará el sorteo, ingresarán los números de documentos de todos los bonaerenses mayores de 21 años y menores de 75 que sepan leer y escribir.Es decir, que nos puede tocar a cualquiera de nosotros ser protagonistas de esta nueva etapa de la historia. Es por eso importante no eludir la responsabilidad. Debemos prepararnos para estar a la altura de las circunstancias para construir una sociedad mejor.
Conviene aclarar que no  podrán ser convocados quienes sean abogados, escribanos, funcionarios públicos, miembros del Poder Judicial, ni los ciudadanos con procesos por delitos. Por lo que dijo el ministro, para fines de año la provincia de Buenos Aires estaría en condiciones de tener los primeros juicios por jurados, en razón de que “la ley entró en vigencia hace poco y que las investigaciones sumariales duran entre un año y medio o dos”.
Sin embargo, la Suprema Corte bonaerense advirtió sobre la logística adecuada para su funcionamiento. Es decir  que para ponerlos en marcha falta adaptar edificios, equipamiento informático y filmación de audiencias. Eso lleva tiempo y recursos económicos que deberán ser asignados para tal fin. Otro de los items a desarrollar, es la capacitación del personal y la definición del pago de las remuneraciones, viáticos y movilidad, entre otras cuestiones de índole administrativa. Para que el lector tenga una idea, los juicios serán tal como se ve en las películas, si bien sólo “para causas graves”, con condenas de más de 15 años de prisión. Casal además explicó  que “la absolución será inapelable, pero cualquier otra sentencia será apelable”.
Durante el sorteo que se realizará el miércoles próximo en la Lotería de la Provincia, por los últimos tres números del documento de identidad, resultará seleccionada “una persona cada mil del padrón electoral”. Casal dejó en claro que quien resulte sorteado tendrá “una carga pública” y precisó que el jurado deberá estar integrado en partes iguales por hombres y mujeres. El ministro explicó que los 10.000 o 12.000 ciudadanos que surjan del sorteo serán notificados de inmediato y sus nombres integrarán un padrón que, una vez depurado de acuerdo a las prohibiciones y los requisitos exigidos por la ley, será enviado a la Suprema Corte, organismo que hará el filtro final.
El máximo tribunal realizará un nuevo sorteo, esta vez por departamento judicial, cada vez que un imputado formule un pedido. Los ciudadanos seleccionados serán jueces en las jurisdicciones en las que viven. Y, según estimó Casal, “en 30 días quedará integrado el jurado”. Si la decisión del cuerpo de ciudadanos es una absolución, ésta será inapelable. Cualquier otra sentencia podrá ser recurrida.
El funcionario destacó que su ministerio trabaja en conjunto con el de Economía y la Jefatura de Gabinete para establecer “una compensación económica” (no retributiva salarial) para los integrantes del jurado popular, teniendo en cuenta “que estarán dedicando horas y días, al pleito”. Fuentes judiciales informaron  que la nueva ley aún puede ser motivo de un recurso de inconstitucionalidad, ya que, por ejemplo, el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional dice que “corresponde al Congreso” dictar las leyes “que requiera el establecimiento de juicio por jurados”.
Casal opinó que no son pertinentes estos planteos, ya que “el juicio por jurado corresponde al Código de Procedimiento Penal, que dicta cada provincia”. Recordó que este procedimiento también se puso en marcha en Córdoba y en Neuquén. Hay que señalar que la mayoría de los miembros de la corporación judicial nunca quiso al jurado, aún siendo un mandato de la Constitución, porque significaba entregar el monopolio del poder de juzgar al pueblo. Pero ahora lo necesitan por el descrédito y la falta de legitimidad que el Poder Judicial tiene ante los ojos de la ciudadanía.
En el trazo fino del análisis periodístico, el juicio por jurado es un cambio político y también cultural. Obliga a los abogados y jueces a hacer juicios de mejor calidad y a presentar pruebas de manera correcta y suficiente. Eso hace elevar el estándar de litigación y da mayor transparencia.
El jurado de 12 integrantes y 6 suplentes tendrá participación sólo en juicios penales que diriman penas de 15 años de condena o más. Sus miembros deben asistir a todas las audiencias y definir la pena para el acusado. La condena sólo será válida cuando coincidan en el voto 10 de las 12 personas. Si resuelven la inocencia del enjuiciado, su decisión será irrevocable. Cualquier otra sentencia podrá ser apelada ante tribunales superiores.Tambien hay que saber que una vez concluidas las audiencias, los 12 integrantes se reunirán a solas hasta tener un veredicto. Si deciden que el acusado es inocente, quedará libre de culpa y cargo. La decisión no podrá ser apelada. Si deciden que el acusado es culpable, serán los jueces quienes decidan la sentencia. La decisión podrá ser apelada ante tribunales superiores.
Aunque al lector no le resulte familiar, el sistema está vigente desde el 2005 en Córdoba, donde el tribunal popular está integrado también por dos jueces. Este mes comenzó también a aplicarse en Neuquén, donde el jurado está integrado sólo por ciudadanos sin conocimientos profundos de la ley, al igual que en Buenos Aires.
A partir de ahora, el término tribunal popular, que equivocadamente se utilizó en algunos casos a través de la historia para los linchamientos que explotaron con  la irracionalidad de “hacer justicia por mano propia”, transitará por la vereda de la legalidad. Serán nuestros representantes, los de todos, los que se pondrán en guardia, para que los jueces se cuiden de ser honestos, imparciales y lo suficientemente duros cuando las circunstancias lo manden. Justicia con mayúscula es la que necesitamos, sobre todo en este momento de piel de gallina  frente al delito que nos acosa. Tiene que ser todo el peso de la ley y para todos por igual, el látigo implacable de la legalidad. Tal vez este sea el camino para recuperar la devaluada fe en los magistrados.