Por Jorge Joury
Los fantasmas sobre posibles disturbios y saqueos para las fiestas navideñas, han vuelto al escenario con inusitada fuerza. Otra vez se ubicaron en el eje de las preocupaciones, tanto en el gobierno nacional, como en el bonaerense. Los informes de inteligencia dan cuenta de que podría haber intentos de desestabilización para las fiestas en algunos puntos del Gran Buenos Aires, donde están los mayores bolsones de pobreza. En ese sentido, más de 100 punteros de organizaciones opositoras al gobierno, a los que se considera eventuales agitadores, se encuentran en la mira de los organismos de seguridad. El tema fue motivo de análisis en un encuentro que nucleó en las últimas horas a las máximas autoridades del área de Seguridad de Nación y Provincia, que tomaron contacto directo con magistrados y fiscales. Los que llevaron la voz cantante fueron el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y su par bonaerense, Alejandro Granados. Según comentó una fuente confiable, del cónclave participaron unos 150 jueces y fiscales provinciales y federales, a quienes se les solicitó colaboración para motorizar una “rápida acción” en caso de desmanes y así evitar que los depredadores sean liberados en horas, como ocurrió durante el diciembre en llamas del 2013.
El encuentro de Berni y Granados con los funcionarios judiciales, se realizó en la Escuela de Gendarmería del municipio de La Matanza, en un estricto marco de hermetismo. Precisamente ese distrito es de los que más preocupa a las autoridades, ya que es el de mayor población de la provincia y con más zonas de indigencia.
Durante las deliberaciones se pasó revista al trabajo que se viene realizando en materia de seguridad desde Nación y provincia. Además se hizo hincapié en la preocupación que transmitieron la mayoría de los intendentes del Conurbano, que quieren garantizar la paz en sus distritos. Durante el almuerzo, que se extendió entre las 13 y las 16.30, Berni y Granados mostraron “el trabajo conjunto contra la inseguridad y su relación con la justicia”.
LA ENTRETELA DE LA REUNION
Una fuente confiable hizo una reseña de los puntos principales que se abordaron. Se habló puntualmente de la posibilidad de saqueos a fin de año y de cómo accionar, en razón de algunos movimientos observados en grupos violentos que operan en el Gran Buenos Aires. El informante aclaró que Berni señaló que las tareas de inteligencia permitieron identificar y ” colocar bajo la lupa a más de cien punteros violentos. Ni bien saquen los piés del plato, los mando preso”, habría señalado el polémico funcionario.
El tema ya viene siendo el centro de discusión entre el secretario de Seguridad y algunas organizaciones sociales, entre ellas Barrios de Pié o el Polo Obrero. Lo que desde el gobierno se le pidió a los jueces y fiscales, es que tengan en cuenta el clamor de los alcaldes bonaerenses, para que “estén encima del tema y ante cualquier hecho o situación que pueda alterar la paz social, pongan presencia en la calle para un rápido accionar. Sobre todo frente a punteros o dirigentes de los grupos más radicalizados”.
Según las fuentes, Berni y Granados estuvieron juntos “para mostrar que no hay brechas, sino unidad de acción” entre la Casa Rosada y La Plata, para coordinar el trabajo con una misma línea de criterio”. Respecto de los funcionarios judiciales, ambos manifestaron que “necesitan el apoyo de la Justicia y que esta acompañe la metodología de trabajo”. Luego de las exposiciones y el mapeo de las zonas rojas donde podrían ocurrir incidentes, se formaron grupos donde jueces y fiscales intercambiaron opiniones. Entre los funcionarios judiciales presentes estuvieron los jueces federales de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, y de Morón, Jorge Rodríguez.
POLEMICA QUE QUEMA
El tema de los posibles disturbios ya había sido disparador de un contrapunto entre Berni y organizaciones sociales. Primero, el funcionario nacional dijo que tenía en su poder “informes muy confidenciales en lo que respecta a movimientos de actores políticos para generar el mismo clima de zozobra que el año pasado y hace tres años. Es decir acciones o intentos de saqueos focalizados que fueron rápidamente detenidos el año pasado en forma conjunta con la Bonaerense, Federal y Gendarmería”. Desde la organización Barrios de Pie le respondieron a Berni al señalar que esas acusaciones “buscan deslegitimar el reclamo de un bono de fin de año”.
Mientras tanto, los gobernadores están alerta. Temen que en diciembre estalle una revuelta policial como la del 2013. Ese tema fue uno de los ejes de una reunión convocada por el gobierno nacional que tuvo por escenario un hotel de Pilar, de la que participaron los ministros de Seguridad de las 23 provincias argentinas e incluso Daniel Scioli.
“Cualquiera que busque desestabilizar algún proceso en nuestro territorio federal se va a encontrar con una respuesta unificada de las fuerzas provinciales, federales y el poder judicial”, aseguró durante el encuentro el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Gonzalo Ruanova. Berni además insisitió con que cuenta con informes confidenciales sobre posibles intentos de saqueos focalizados en las zonas más pobres del Conurbano.
UN PLAN PREVENTIVO
En La Plata, una de las primeras espadas de Scioli admitió que el gobierno nacional tiene bajo análisis un plan antisaqueos. Como primer paso, según lo adelantamos desde esta columna, se decidió suspender las vacaciones durante todo el mes de diciembre para el personal operativo de todas las fuerzas de seguridad. La medida apunta a prevenir desbordes sociales, saqueos o rebeliones de fuerzas policiales, que podrían ocurrir según la información que maneja el Ministerio de Seguridad. Además, el secretario de Planificación, Julio De vido habló con las empresas encargadas del suministro de energía, para que eviten los cortes de luz que sean luego el caldo de cultivo, en medio del malhumor social.
Por las dudas, el kirchnerismo está trabajando con los servicios de inteligencia, con las fuerzas de seguridad y con la ayuda social. “Va a haber suficientes raciones de comida para todo el Conurbano y para ello se está hablando con las principales cadenas de supermercados”, confió un vocero. A criterio de los observadores, eso descomprimirá la posibilidad de generar un clima social que aliente a los grupos más radicalizados a consumar desmanes.
Además pudo saberse que en el ministerio de Seguridad bonaerense cuentan con informes que dan cuenta que en los municipios del Gran Buenos Aires hay reportes de organizaciones como el Polo Obrero que se están preparando para armar saqueos, con la anuencia de intendentes opositores, sobre todo ligados al massismo. Pero dicen que son tan pocos que si no cuentan con un clima social que los acompañe, nada va a pasar.
Cerca de Cristina Kirchner relativizaron la crisis social y culparon a punteros y sindicalistas. “Hay información de que puede haber violencia social. Pero no porque la gente está descontenta o por la pobreza, sino porque hay más de 100 punteros barriales agitadores y los tenemos bien identificados”, dijo un funcionario de Balcarce 50. Según confiaron allegados a Berni, los punteros y agitadores serían denunciados por los delitos de robo en poblado y en banda y asociación ilícita, previstos en los artículos 167 y 210 del Código Penal, respectivamente. Esos delitos prevén penas de entre 3 y 10 años de prisión y no son excarcelables.
“Los tenemos a todos apuntados. Al primero que delinca lo detenemos y denunciamos. Todavía quedan detenidos y presos de 2013″, aseguró otra fuente oficial. La cartera de Seguridad monitorea a punteros y agitadores en la zona norte, centro y sur del conurbano y algunas de Capital Federal. “Son más de 100 punteros violentos que siempre actúan en diciembre”, sostienen en Balcarce 50. Agregan que Berni los conoce personalmente, desde que era mano derecha de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner y los tiene perfectamente detectados.
La preocupación oficial radica en que los planes sociales no alcanzan, los comedores comunitarios son cada vez menos, y los propios líderes barriales oficialistas se involucran con el narcotráfico porque no basta con el dinero de la política. Un allegado a Berni reconoció que se “aplicará el Código Penal apenas saquen un pie del plato”. Eso es lo que se acordo con los jueces y fiscales esta semana.
Intendentes, gobernadores y funcionarios del gobierno nacional y provincial, están con la guardia en alto, ya que cuando el río suena, agua trae.
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