Inminente anuncio en torno al impuesto a las ganancias

Por Jorge Joury

Resultaba más que obvio que la Presidenta no iba a negociar bajo presión en medio de un paro, la modificación del Impuesto a las ganancias. Pero la contundencia de la huelga, la amenaza de otra de 36 horas y la inminencia de las paritarias, hacen que al gobierno le haya caído la ficha en buscar una salida rápida. Sobre todo en un año electoral, donde los focos de conflicto pueden ser un pelotazo en contra. Por ello,  ya es un secreto a voces que se trabaja en una medida que contenga a los sectores sindicales para modificar ese tributo, que tal como está regulado, reporta la friolera de casi cien mil millones de pesos anuales a las arcas del Estado.

Las primeras espadas K consideran innecesario que Cristina siga pagando un alto costo pòlítico por un tema que es solucionable y evitar así una pulseada de mayores consecuencias. Más aún,  para un modelo que se golpea el pecho señalando que ha reparado en gran parte los daños históricos que sufrieron los sectores del trabajo en las últimas décadas. En los  pasillos de la Casa  Rosada se considera que ya no hay tiempo ni ambiente para que el Congreso vote una nueva ley tributaria, sin que no haya una manipulación política departe de la oposición. Por ello, la salida que se baraja por estas horas es elevar el actual mínimo ni imponible de 15 mil pesos, a una cifra que oscilaría entre los 18 y 20 mil pesos de sueldo, con lo cual la recaudación del Estado no se vería tan afectada. La idea es hacer el anuncio antes del 14 o 15 de este mes, que son las fechas que manejan los gremios del transporte y las centrales obreras de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo para  volver a reunirse y endurecer la protesta contra el Gobierno.

Las estadísticas marcan que la inflación ha erosionado los ingresos de los trabajadores más beneficiados en los mejores años económicos de la administración K. Aquellos que eran el modelo de empleos en blanco bien remunerados como los  metalúrgicos, mecánicos, camioneros, operarios de la alimentación, petroleros, mineros, colectiveros, ferroviarios, aeronáuticos y bancarios, entre otros. Hoy esta franja, casi en un 70 o 80% de personas, se encuentran mayoritariamente alcanzadas por el impuesto a las Ganancias. Son unos 2 millones de trabajadores,alrededor del 17% del total registrado, porque sólo ese grupo cobra hoy más de 12.300 pesos de bolsillo. También hay quienes sostienen que el tributo alcanza al 21% de los jubilados, que pese a los reajustes anuales que otorga el Gobierno, ven cada vez más licuados sus ingresos.

Los especialistas sostienen que la combinación de alta inflación con la falta de actualización automática del ‘mínimo imponible’ y las escalas salariales sobre las que se aplican las alícuotas (9 al 35%) desvirtúan el sentido del impuesto: es decir, que paguen más los que realmente más ganan.

Suponiendo que un sindicato lograra en paritarias un incremento de salario bruto del 29%, semejante a la inflación, el  resultado sería una pérdida del poder adquisitivo de entre 3 y 4 puntos porcentuales por la falta de ajuste del mínimo y las deducciones. El problema es que el año pasado, ningún gremio consiguió empatarle a la inflación del 38%, sino que cerraron en promedio el 30%, potenciando en más de 10 puntos la caída del salario real de bolsillo.

Para colmo, la falta de ajuste automático de las escalas (los peldaños salariales a partir de los cuales se aplican las distintas tasas) implica que pequeños aumentos nominales de suelto signifiquen saltos bruscos en las alícuotas. Por los datos que se conoce, hoy el 66% de los trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias están alcanzados por las alícuotas más altas del 27 al 35%.

El fuerte rumor de que el Gobierno trabaja a contra reloj para resolver la cuestión, ha llevado algo de alivio a los cuarteles sindicales, prestos a volver a pintarse la cara para encarar una futura huelga de 36 horas con una ruidosa manifestación hacia Plaza de Mayo. Si  Cristina anunciara en el corto plazo una adecuación del mínimo no imponible, la protesta quedaría  vaciada de sentido, como ocurrió a fines de 2014, cuando la Presidenta liberó a los medios aguinaldos de pagar Ganancias por única vez. Además, el circulo virtuoso de la economía se vería potenciado, ya que siempre la mejora en ingresos se vuelva al consumo.

De todas maneras, la hipótesis de una supuesta  huelga de 36 horas encuentra reparos en algunos sectores sindicales. No quieren que se llevan los méritos el tándem Moyano – Barionuevo. El colectivero Roberto Fernández y el ferroviario Omar Maturano, dos de los notorios de la central sindical del transporte (el otro es el moyanista Juan Carlos Schmid) ya  pusieron como condición, que de concretarse un nuevo paro nacional, debe contar con el consenso y aprobación de todas las expresiones del sindicalismo peronista, incluida la CGT de Caló, de la que ambos se fueron hace tiempo.

Después de la contundencia de la cuarta protesta contra CFK, la UTA y el de la Fraternidad se golpean el pecho. Interpretan que se han ganado el derecho a manejarse con autonomía. Se sienten con peso específico para transformarse en arietes de la unidad y al mismo tiempo ser determinantes en la edificación de una única CGT, al punto de empujar a uno de los suyos para que la presida. Quienes recorren los pasillos de los sectores sindicales, aseguran que hay consenso generalizado para trabajar hacia la unidad. Hoy la ven más necesaria que nunca, sobre todo para marcarle la cancha al futuro gobierno. Además, hay  quienes aseguran que ya hubo contactos con uno de los  candidatos más posicionados del FPV, que hasta prometió ministerios afines al sector gremial.