Por Jorge Joury
El de este martes será el cuarto paro nacional que deberá enfrentar Cristina Fernández de Kirchner. Más allá del reclamo sindical, la medida de fuerza muestra un costado político, ya que apunta a marcarle la cancha al futuro gobierno y promete tener continuidad en la geografía de un año electoral complejo. Con la adhesión confirmada de colectivos, trenes, aviones y bancos, entre otros servicios, la CGT de Hugo Moyano, la de Barrionuevo y la CTA de Pablo Micheli, apuestan a lograr frenar las actividades de todo el país como parte de su reclamo contra el Impuesto a las Ganancias. La medida de fuerza aparece en una primera lectura, destinada a tener contundencia en todo el territorio.También otra vez, una de las metodologías más cuestionadas volverá a estar en el centro de la escena. Aunque la central conducida por Pablo Micheli aclaró que no organizará cortes de calles, distintos partidos de izquierda ya adelantaron que su intención es reeditar esa forma de protesta en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos clave para el tránsito en el área metropolitana. Son gestos atemorizantes propios de un apriete hacia el común de la gente, que pertenecen al pasado.
Los principales piquetes fueron anunciados para Maipú y Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires, los puentes Pueyrredón y La Noria ( en la zona Sur), el cruce de Panamericana y Henry Ford (Norte), y Gaona y Vergara (Oeste). Los ejecutará la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero con agrupaciones gremiales del Frente de Izquierda y otros sectores sindicales, como las seccionales del Ferrocarril Sarmiento, que lidera Rubén “Pollo” Sobrero, y la línea B del subte.
A diferencia de las otras huelgas, en este caso la convocatoria principal no proviene del tándem Moyano-Barrionuevo, sino de los sindicatos del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (C.A.T.T.), entidad que se vio revitalizada desde finales del año pasado con el regreso de gremios que se habían retirado tras la fractura de la CGT. Es el caso de La Fraternidad (conductores de trenes). Además, en este caso será clave la adhesión de los colectivos de la UTA, que no se habían sumado al último paro del 27 de agosto del año pasado, restándole fuerza a la protesta. Otro de los matices de la pulseada, lo aportó en las últimas horas la Unión Industrial Argentina (UIA), que vía su vicepresidente, José Urtubey, calificó al paro de “inoportuno” y “poco constructivo”. Pero más allá del fuego cruzado entre funcionarios y sindicalistas, todas las miradas están puestas en el día después. Por un lado, un sector del Gobierno se encuentra abocado secretamente para materializar una reunión cumbre de Cristina Kirchner y la CGT Balcarce. En la vereda de enfrente, el sindicalismo opositor avanza hacia una nueva medida de fuerza, la de hacer un paro de 36 horas, con movilización a la Plaza de Mayo. Almanaque en mano, algunos propondrán el 30 de abril, porque sueñan con salir a la calle el 1° de mayo, el Día del Trabajo.
En los pasillos de la Casa Rosada se comenta que las primeras espadas de CFK trabajan para impedirlo como sea. Si bien es Cierto que Cristina no dará el brazo a torcer y no anunciará nada bajo presión, en el gabinete se analiza un proyecto para cambiar las escalas del impuesto a las ganancias, además de algunas excepciones tributarias que se aplicarían a través de la AFIP.
Este martes, la fotografía de una Argentina paralizada estará casi garantizada por una inédita confluencia de adhesiones, con eje en el transporte y los servicios. Además, los que quieran ir a trabajar en sus autos dudarán por el efecto disuasivo que provocan los piquetes que dispondrá la izquierda dura en los principales accesos a la Capital. La semana pasada el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había anticipado que harían lo posible por evitar el paro. Pero este domingo el ministro de Economía, Axel Kicillof no hizo más que reavivar la molestia de los sindicatos que adhieren a la medida de fuerza.
“El mínimo no imponible está muy bien en el nivel que está, porque se ajustó muy fuerte hace dos años”. No obstante, admitió que “lo de las alícuotas se puede discutir”. Pero los efectos colaterales ya eran imparables . Kicillof no había hecho otra cosa que acrecentar la molestia de los sindicatos, que pasaron a amenazar con una huelga de 36 horas para un futuro no muy lejano. Ahora la Presidenta tiene la palabra.
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