La “pobrefobia”, desvela a un intendente massista

Por Jorge Joury

En mis recorridas por el conurbano, tuve la suerte de conocer a Melchor Posse, un legendario dirigente radical. El fallecido ex intendente de San Isidro, al que apodaban “El Cholo”, era un hombre austero y de alta sensibilidad. Su espíritu campechano y el afán por ayudar a los más necesitados, le habían dado chapa en aquella época, de dirigente querido y respetado. Pese a las distancias ideológicas, en el peronismo, se lo distinguía como un interlocutor de fuste. También era notorio, su acercamiento a los sectores sindicales y al mundo del trabajo. Pero parece que no siempre el refrán: “de tal palo, tal astilla”, le da la derecha a los dichos populares. Su hijo, Gustavo Posse, hoy alineado con el massismo y alcalde también del bello paraje de la zona Norte, tomó por otro camino. No quiere pobres en su distrito y les ofrece dinero, para que se muden a partidos vecinos, con el afán de que el aire aristocrático de San Isidro no se contamine. No es la primera vez, que Posse muestra sus uñas discriminatorias. Varios años atrás, con otra de sus decisiones, ya se había ganado la primera plana de los diarios. En esa ocasión, en 2009, Gustavo Posse, que también está en la grilla de anotados del FR para la Gobernación de Buenos Aires, construyó un muro, como forma de combatir la inseguridad: “Es una de las maneras de cierre, que hay fuera y dentro del partido, en lugares de mucha exposición. El 80 por ciento de los delincuentes que actúan en nuestro lugar no son de San Isidro”, explicó en medio de los repudios generalizados que llovían de todos los frentes.
Hoy sostiene que “el crecimiento desmedido de las villas genera situaciones de vandalismo. El Estado nacional tiene que hacer cumplir la Ley para que no proliferen los asentamientos, e implementar una política sostenible de urbanización. En nuestro Partido la cantidad de personas en situación de villa bajó un 35 por ciento. ¿Esto qué quiere decir? Que hay zonas en las que se aplica la ley y se administra con las dos manos que tiene el Estado”.
SU VERDUGO
Pero Posse en San Isidro, tiene un estigma y de su propio palo. La concejal del Frente Renovador, Marcela Durrieu, suegra de Sergio Massa, suele saltarle a la yugular con bastante asiduidad. “Acá todos estamos a favor de la urbanización de las villas, pero lo que le pasa al intendente es que tiene una especie de pobrefobia, no es que no quiere villeros, directamente no quiere pobres en San Isidro. El barrio Uspallata no es una villa, es un asentamiento de gente que en su mayoría no son usurpadores, sino trabajadores con muchos años de historia. Son vecinos desde hace 2 o 3 generaciones”, explicó.
Durrieu fue por más y señaló que: “Posse acusa a quienes nos oponemos a esto de ser villeristas, no se entiende. ¿Defender los derechos de las personas y plantear la urbanización de los barrios es ser villeristas?, se preguntó. Elena Alegre, vecina del barrio Uspallata, en declaraciones a Radio Provincia denunció que “en realidad todo esto tiene que ver con que necesitan los terrenos para hacer un country más. El barrio es muy tranquilo, todas las casas están en terreno y en mi caso, hace 30 años que vivimos acá, son casas de materiales, no es una villa con pasillos como nos acusa el Intendente. Es un barrio común, con gente que trabaja y con chicos que van a la escuela”, señaló la vecina.
AMENAZAS
En cuanto a la forma en la cual les acercaron esta propuesta, Elena explicó: “Nos comenzaron a llamar, a oprimir, diciéndonos que si no aceptábamos nos iban a sacar a la fuerza, que nos iban a dejar sin nada, pero no es fácil sacar a la gente de su casa”. “Lo que ocurre es que al Intendente le conviene echarnos porque quiere hacer un Country en estos terrenos, y con idea que él tiene por lo visto, todas las personas trabajadoras se tendrían que ir de San Isidro “, finalizó.
Lo ciero es que algo huele mal en San Isidro y no son precisamente los pobres, sino los negocios personales del intendente. A principios de 2005, el Gobierno nacional lanzó el subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios con el objetivo de erradicar los barrios de emergencia en el conurbano bonaerense. San Isidro, con Gustavo Posse como jefe comunal, recibió $ 410.852.650 para construir 3.246 propiedades, de las cuales 1.882 se ubicaban en la popular villa La Cava. Allí, se edificaron sólo 309, representando un 16,41% del total estipulado.
Las obras tenían un plazo de finalización de cuatro años, por lo que la totalidad de las viviendas deberían haber culminado en 2009. Este megaproyecto que otorgó el Estado nacional al municipio de San Isidro constaba de edificaciones de residencias, mejoramientos de otras y desarrollo de infraestructura como asfalto, cloacas y agua corriente.
Lo curioso en esta historia es la figura del arquitecto Fernando Romero, ex sub secretario de Obras Públicas del Municipio, quien se desempeñaba en el área que adjudicaba las licitaciones y al mismo tiempo, se relacionaba con las empresas constructoras del Plan Federal.
Nueve años después, sólo se construyó un tercio del total. Los fondos desaparecieron y las casas, también. En el medio de la aventura y de las promesas de Posse para urbanizar las villas miserias del distrito, se llevaron a cabo prácticas anómalas y suspicaces que derivaron en una investigación preliminar.
ALGO HUELE MAL
Además, se materializaron otras prácticas inusuales, en donde el Municipio debía derribar las casas de las villas debido a la falta de espacio y allí mismo construir las propiedades del Plan Federal. Mientras tanto, los vecinos recibían “viviendas provisorias” hasta que se culmine con las obras.
La concejal Marcela Durrieu, sintetizó que “aún hay muchos vecinos que siguen viviendo en las casas provisorias; los techos son de chapa, tienen letrinas que no son baños, hay cloacas al aire libre. Es vergonzoso”. Estas no fueron las únicas irregularidades. La cancha se embarró más con el proceso adjudicatario de empresas en las cuales están involucrados el entonces subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Fernando Romero, y su hermana, María Luciana Romero.
Romero fue subsecretario de Obras Públicas en la gestión de Posse hasta el 16 de enero de 2009. En el decreto N° 93/2009 de su renuncia manifestó que dejaba el cargo “a los fines de poder desempeñarse como presidente de la Fundación Weitz Center Internacional en Argentina, organización no gubernamental, de carácter empresarial”.
Sin embargo, los rumores que corrían eran que se alejó porque su labor en la Secretaría estaba hackeada por las suspicacias en las adjudicaciones de las empresas en el Plan Federal de Viviendas. El presidente del Centro de Orientación, Defensa y Educación al Consumidor de San Isidro (CODEC), Pablo Chamatrópulos, confirmó este trascendido y aseguró que “Romero tuvo una salida muy traumática de la Municipalidad a raíz de todo este tema. Esta situación fue muy conflictiva por la falta de respuesta de Posse”.
Lo cierto es que en el marco de sospechas, se cruzan una serie de empresas y sociedades, algunas de ellas hoy desaparecidas. El tufillo a negociados, brota desde todos los rincones. La Justicia Federal está realizando una investigación preliminar para determinar si existieron culpabilidades y complicidades entre Posse y funcionarios de su Ejecutivo. Una situación similar atraviesan organismos provinciales y nacionales. Por todas estas irregularidades, están examinando posibles delitos en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
En este marco, la urbanización de las villas en San Isidro dejó de ser una tarea social y un plan para los vecinos. Ventila la sospecha de negocios oscuros que sólo benefician a particulares y a empresas privadas. Ahora será la Justicia la que determinará las responsabilidades del Intendente y sus funcionarios. Por lo pronto, lo que tendría que hacer Posse, es pedir asistencia dialéctica para ver si se cura de la “pobrefobia” que padece.