Por Jorge Joury
En los despachos de la Casa Rosada se teje una nueva ingeniería sobre precios y salarios. Tiene que ver con detener la inflación y evitar que se licuen las futuras mejoras que se acuerden con los gremios a través de las paritarias. Por lo pronto, la discusión salarial el gobierno la transfirió para marzo. Además en fuentes confiables se insiste en que a partir de las primeras horas del próximo año el Gobierno, aplique un esquema similar al del modelo económico venezolano, donde se han establecido penas de presión para los empresarios que especulen o suban precios.
La estrategia sería que el futuro "acuerdo de precios, que se lanzará el 3 de enero sea controlado o vigilado por la AFIP y militantes de organizaciones políticas", señaló un vocero a AGENHOY. Quienes trabajan en este armado, sostienen que el Gobierno podría llegar a determinar qué productos puede producir una empresa, qué cantidad puede ofertar o cuál es su capacidad de producción, a qué precio lo puede vender en el mercado y controlar, además, las importaciones de productos y bienes de capital.Con estas herramientas, se sostiene que sería difícil burlar los mecanismos de control.
PREMIOS A GARANTES
Para garantizar el cumplimiento, habría créditos a tasas subsidiadas para aquellas empresas que cumplan las condiciones del acuerdo. Pero en particular se impondría una a respetar a rajatabla: que no suban los precios de sus productos por lo menos hasta el 31 de marzo del 2014 ya que el mismo se actualizaría cada trimestre. Hay quienes señalan que el diseño de esta iniciativa para controlar la cadena de producción de las empresas, corre por cuenta del súper secretario Augusto Costa, una de las recientes incorporaciones al gabinete y uno de los hombres más elogiados en el nuevo esquema económico. A todo esto, el ministro de Economía,Axel Kicillof está convencido que el aumento de los precios ha sido la forma con que históricamente se resolvieron en el país los conflictos por la distribución de la riqueza y que la fuente principal de la tensión en los precios se encuentra en la denominada puja distributiva.En el fondo significa una
disputa entre el salario del trabajador y la tasa de ganancia empresaria. Este es el factor central que impulsa la suba de precios de acuerdo a lo que sostienen las autoridades económicas actuales. Es factible entonces que esa será la gran pelea que dará el Gobierno.
SALARIOS EN LA MIRA
Otra de las batallas sobre la cual también se teje fino, tiene que ver con que el Gobierno postergó para marzo la negociación salarial y propuso que el porcentaje de subas se determine por rama de actividad,
para evitar fijar una cifra común que descontrole los pedidos sindicales. Esta decisión está íntimamente ligada a como responde la futura política de precios, ya que desde el oficialismo se olfatea que el sector gremial esperará el resultado del anunciado acuerdo y la evolución de la canasta básica para sentarse a debatir.
Con la discusión salarial de fondo después de la crisis en las policías provinciales, que subió de un tirón el piso a partir del cual se comenzarán a negociar las subas, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunió con los referentes gremiales y empresariales y avanzó un casillero en la concreción de la mesa del diálogo social que había iniciado Cristina Kirchner.
El funcionario prometió una discusión acotada por cada gremio sin un porcentaje maestro como eje para descartar un patrón común que desmadre los reclamos. "Todo se definirá sector por sector", confió una fuente. La discusión será libre y por lo que se comenta puertas adentro los gremialistas están decididos a darle un último voto de confianza al Gobierno. Quieren conocer cómo funcionará el acuerdo de precios para entonces sí discutir la nueva pauta salarial. La decisión de postergar el debate surgió de ambos lados. Para el
Gobierno, no anticipar la negociación aleja a los gremios del último conflicto policial y baja las expectativas antes de que pueda controlar la inflación. Del lado cegetista, es una prenda de cambio para testear cómo se plantan ante la Casa Rosada frente a la posibilidad de que el acuerdo de precios anunciado que será presentado en sociedad el próximo 3 de enero fracase otra vez.
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